En las democracias, el proceso de formación de la ley se constituye en uno de los ejes más importantes, ya que es un ideal ético-político acerca de cómo los hombres libres deben gobernarse. La famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Quebec señala: “la democracia no puede existir en ningún sentido real de la palabra sin el imperio de la ley. Es la ley la que crea el marco dentro del cual la voluntad soberana puede ser comprobada y llevada a la práctica. Para que se les otorgue legitimidad, las instituciones democráticas deben reposar sobre un fundamento legal; esto es permitir la participación del pueblo y la rendición de cuentas a través de instituciones públicas creadas bajo la Constitución”.
En este contexto, resulta entonces inexcusable que en el proceso de formación de la ley, que en este caso no solo incluyó votaciones de las comisiones respectivas de Hacienda y Economía, y en sala tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sino que además tuvo que formarse una comisión mixta por discordancias entre ambas cámaras, y más aún contándose con la participación del Poder Ejecutivo, se cometiera una falta de mayor gravedad para la democracia, en tiempos de alta desconfianza ciudadana con las instituciones.
La prolijidad y calidad del trabajo realizado en la formación de ley, por las instituciones que participan en el proceso, denota falencias graves y el nulo aporte, en este caso, de las múltiples “asesorías” existentes para ambos poderes del Estado.
El proceso de formación de la ley constituye un pilar esencial de la democracia que ha sido lesionado e impacta directamente en la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones; por lo tanto, no es un “mero error”, sino un daño más a la democracia. (El Mercurio Cartas)
Tomás Duval Varas
Universidad Autónoma de Chile
