En setenta días, el Gobierno suma ya una interminable serie de errores, retractaciones y declaraciones bochornosas. Algunos pueden atribuirse a la inexperiencia. Otros cruzan la frontera de lo tolerable, porque afectan la vida de millones de chilenos y podrían señalar un rumbo riesgoso para nuestra democracia.
Si bien ningún error es irrelevante cuando el Gobierno está sometido a un escrutinio ciudadano cada vez más impaciente, que un subsecretario se refiera en un punto de prensa a “las y los” medicamentos, todavía cabe en la anécdota o en el ridículo al que se expone al Estado cuando el fanatismo domina incluso el lenguaje. Y que el Ministerio de Salud se relaje con la campaña de vacunación frente a la pandemia, puede ser el resultado de la inexperiencia o la incompetencia. Incluso el vuelo con inmigrantes imaginario de la ministra Izkia Siches pasa como un descuido, bochornoso por cierto para el Gobierno, cuando no se han asumido del todo las implicancias de un cargo.
Pasamos a una dimensión de mayor profundidad cuando el ministro Mario Marcel admitió que “no tuvimos conocimiento previo” de la consulta ciudadana de tratados comerciales, que anunciaba el día antes el subsecretario Ahumada. No es una descoordinación cualquiera que la máxima autoridad de Hacienda desconozca que desde la Cancillería alguien tiene en mente meterle mano a los acuerdos comerciales, y demuestra que al interior del Gobierno conviven agendas contradictorias. En esa misma dimensión, de mayor alerta, se ubica la declaración del ministro Grau esta semana, asegurando que a los chilenos no nos afecta el alza del dólar, porque no es nuestra moneda.
Hay errores con implicancias más delicadas. Que varias ministras, en menos de dos meses, califiquen de presos políticos a imputados y condenados por los tribunales, aun después de sus respectivas rectificaciones, tiene efectos para Chile.
Los errores más severos son los que han rodeado las decisiones para enfrentar la violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía. El Gobierno partió negándose a extender el estado de excepción, insistiendo en que el camino sería el diálogo. Cuando los atentados en esa zona superaban ya con creces al escenario previo (que ya era grave), La Moneda sorprendió decretando un estado “intermedio”, tan extremadamente cuidadoso para no incomodar, que se limita a las carreteras y deja expuesta a la mayor parte de la población. Le agrega a la decisión señales de profunda desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y un relato desconcertante, viniendo de quienes tienen las más altas responsabilidades del país, que empieza y termina con un “no es la solución”.
Sin duda el error que merece más atención es la renuncia del Presidente Gabriel Boric a interponer una querella contra Héctor Llaitul, el líder de la CAM –la organización que se atribuye los atentados más feroces en el sur y ha hecho profuso alarde de su poder de fuego– y que, en reacción al estado intermedio, llamó “a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.
Para el mandatario, en esa declaración no hay delitos sino ideas, protegidas a su juicio por la libertad de expresión y de pensamiento. Estima que un llamado a la resistencia armada no es una amenaza para la democracia. No reconoce, por tanto, el inminente riesgo para la seguridad del país y para la de miles de chilenos que viven en el mismo territorio donde se organiza y ejerce la insurgencia.
Hay errores por inexperiencia. Otros por el divorcio de agendas entre las dos coaliciones de Gobierno. Y hay errores, fundados en una visión ideológica, que podrían costarle muy caro al país (salvo que sean admitidos como tales y, por consiguiente, se corrijan). (El Mercurio)
Isabel Plá
