El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución suscrito el 15 de noviembre pasado por la mayoría de los partidos buscó dar una salida política al cuadro de aguda violencia que existía y fijó el itinerario de un proceso constituyente, pero la realidad cambió de un modo abrumador debido a la pandemia del covid-19. Chile enfrenta hoy una crisis en la que están en juego la salud y la vida de todos nosotros. Está claro que el impacto económico-social será durísimo, por la quiebra de empresas, el aumento del desempleo y la extensión de la pobreza. El principio articulador de la respuesta del país debe ser la solidaridad.
Todo será difícil en los próximos meses. Por lo tanto, cuesta imaginar una campaña proselitista orientada al plebiscito de octubre en un contexto en el que las preocupaciones de la inmensa mayoría de la población van a estar en otro lado. Para miles de familias, la prioridad absoluta será el modo de cubrir los gastos de alimentación y demás necesidades básicas. El Apruebo y el Rechazo se han vuelto abstractos.
La sola postergación del plebiscito le quitó sustento al proceso constituyente. La eventual elección, en abril del próximo año, de los convencionales que redactarían una nueva Constitución en 9 meses (que podrían extenderse a 12) coincide con la elección de alcaldes y concejales en el marco de la actual Constitución. Lo mismo ocurrirá con los gobernadores regionales, aunque los partidos parecen haber perdido interés en ellos. A esas alturas, además, estará partiendo la campaña para elegir Presidente, senadores y diputados en noviembre, y allí se concentrará el interés de los partidos. Como es obvio, el Presidente y los parlamentarios serán elegidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución vigente, salvo que a fines de este año esté consensuado otro texto constitucional, dentro de cuyas disposiciones pudieran realizarse todas las elecciones.
El Congreso y el Ejecutivo podrían llegar a un acuerdo este año respecto del contenido de los cambios constitucionales. Sería el camino más corto, permitiría ahorrar recursos y evitaría que Chile tuviera dos parlamentos durante un año. Sin embargo, es evidente que ponerse a elaborar en este momento un proyecto de nueva Constitución va a contrapelo de las urgencias nacionales. Pues bien, ¡ese es exactamente el problema! Son otras las urgencias y, por lo tanto, pedirles a los ciudadanos que en medio de las calamidades vayan a votar Apruebo o Rechazo está fuera de lugar. No necesitamos un escenario de polarización artificial, que genere una especie de estado de asamblea en el que todo esté en discusión.
Debemos reducir la incertidumbre e impedir que se produzca un cuadro de fragilidad político-institucional. Ello exige sostener el Estado de Derecho, mejorar las instituciones y reforzar la gobernabilidad democrática, lo que implica impulsar leyes bien pensadas. Lo realista, entonces, es que la iniciativa respecto de la modificación de las bases de la institucionalidad quede en manos del Presidente y el Congreso que elegiremos el próximo año.
Lo que corresponde ahora es que el Estado despliegue todas sus capacidades para amortiguar los daños que causará la recesión y liderar enseguida la recuperación económica. Será crucial la alianza público-privada y la cooperación de todos los sectores. Hay que fortalecer el régimen democrático y asegurar el imperio de la ley en todo el territorio. Eso significa derrotar el terrorismo en La Araucanía y el Biobío.
Esperemos que el virus de la demagogia no encuentre terreno propicio en esta hora. Para enfrentar la dura prueba que viene, necesitamos unirnos en la diversidad. Cualquiera que sea la coalición que gobierne en el futuro, deberá tener en cuenta al resto de la sociedad, apoyarse en las instituciones que existen y alentar la cohesión social. Por todo ello, se requiere otro pacto político, orientado a que Chile remonte las dificultades y se encamine hacia una nueva etapa de progreso económico, social e institucional. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
