Este año la economía mundial experimentará la peor recesión económica desde la gran depresión de 1930 y nuestro país no estará ajeno a este shock negativo. Su profundidad dependerá de la duración que deban tener las medidas sanitarias de contención y distanciamiento. El gobierno tiene un plan sanitario y económico para mitigar los efectos de esta pandemia, y sus medidas se encuentran en plena marcha.
En el área económica, el plan de emergencia moviliza recursos públicos por US$ 17.105 millones (6,9% del PIB). Se busca apoyar las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, proveer liquidez, financiar capital de trabajo y postergar pago de deudas vigentes para las empresas y también apoyar los ingresos familiares de los trabajadores dependientes, independientes e informales, con especial énfasis en los más vulnerables y zonas afectadas por restricciones de desplazamiento. Para financiar este plan hemos realizado esfuerzos excepcionales recurriendo a los fondos y activos del tesoro público, y a un mayor endeudamiento. Así, las medidas para este 2020 suman US$ 12.115 millones, que serán financiadas con reasignaciones por US$ 2.500 millones, mayor endeudamiento por US$ 4.000 millones y el remanente con activos del tesoro público por hasta US$ 5.615 millones.
El impacto fiscal del plan emergencia económica sobre las finanzas públicas es muy relevante. El déficit efectivo, que ya se encontraba exigido para 2020 por el financiamiento de las medidas de la agenda social y de reactivación, pasará de 4,5% a 8,0% del PIB. Los menores ingresos por el deterioro del escenario macroeconómico, sumados a las medidas tributarias para apoyar a liquidez de las empresas, significarán menores ingresos para el Fisco equivalentes a 2,3% del producto. Por su parte, el mayor gasto para financiar la emergencia sanitaria aportará un 1,2% del PIB al déficit efectivo. Si bien son números consistentes con el tamaño de la emergencia, no pueden dejarnos indiferentes.
Debemos evitar que presiones permanentes y crecientes de gasto generen una inercia que sea difícil de contener. Por eso, no dejan de sorprender las continuas demandas de impulsos fiscales de algunos sectores que van más allá de lo técnicamente responsable de proponer. Parece que no existe real conciencia de lo que significa tener un déficit de balance efectivo de 8,0% del producto, cuando los ingresos efectivos sólo alcanzan el 19,1% del PIB. Esto es equivalente a que si los gastos totales de una familia alcanzan $ 100 mil, de ellos $60 mil se financien a través de sus ingresos laborales y los restantes $40 mil con endeudamiento o ahorros. Un esfuerzo de tal envergadura puede realizarse un mes, quizás dos, pero no es sustentable por mucho tiempo más. El ajuste es inevitable. Es el desafío que enfrenta Chile.
La política fiscal está jugando un rol activo para mitigar el impacto de esta crisis en la salud e ingresos de las familias, pero también en el apoyo a las empresas y sus trabajadores. Todo indica que si seguimos en este camino la recuperación económica será rápida en 2021. No cabe duda de que las finanzas públicas se han llevado al límite para hacerse cargo de la emergencia. De hecho, Chile no había enfrentado un déficit fiscal de esta envergadura desde 1973.
Si la crisis se prolonga, las medidas actuales se reforzarán. El erario fiscal 2020 se transformó en un Presupuesto de Pandemia y por lo tanto cualquier esfuerzo fiscal adicional, tal como lo ha señalado el ministro de Hacienda, deberá considerar profundizar las medidas de austeridad del sector público y reasignar las prioridades del presupuesto vigente, todas las veces que sea necesario. (DF)
Matías Acevedo Ferrer, director de Presupuestos
