La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), ha apuntado en reiteradas ocasiones a las AFP a la hora de buscar responsabilidades por el retraso que ha tenido la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, cuya idea de legislar se planea votar recién la próxima semana.
«Sí aquí no hay una reforma, las AFP van a ser principalmente las responsables», señaló hace algunas semanas la ministra. A la vez, indicó que en la industria «han invertido una gran cantidad de recursos en una campaña que, más que informar, desinforma deliberadamente a la ciudadanía».
En los últimos días la titular de la cartera volvió a cargar su retórica en contra de las administradoras de los fondos de pensiones. En concreto, aseveró en conversación con CNN Chile Radio que «no puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico«.
Si bien sus declaraciones no encontraron eco en la ministra del Interior, Carolina Tohá, sí lo hicieron en la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se mostró conforme por el tono utilizado por Jara. «Lo que dice la ministra es parte de la realidad. Las AFP han sido las principales opositoras a cambios en el sistema de pensiones, incluso han financiado campañas contra una reforma de pensiones en Chile y eso lo hemos visto en prácticamente todos los medios de comunicación», dijo la también ex diputada.
La embestida de la ministra del Trabajo en contra de las AFP ha abierto una serie de interrogantes. Y es que si bien siempre ha sido crítica de las administradoras, ha endurecido el tono respacto al que usaba en un comienzo.
El Ejecutivo, piensan algunos, no está en condiciones de asumir la responsabilidad del fracaso en una reforma como la de pensiones, lo que lo ha presionado a buscar a quién endosarla.
«ESAS PALABRAS NO AYUDAN»
El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones fue crítico en EmolTV con las palabras de la ministra del Trabajo. «Esas palabras no ayudan. Hay que abogar acá por ojalá tener un acuerdo en pensiones. De nuevo estamos generando una cuenta que en algún momento vamos a tener que pagar y nos va a costar más caro. Ojalá se logre un buen acuerdo», explicó.
Asimismo, indicó que «los slogan no ayudan al debate serio. Sus palabras sacan palabras y de ahí no nos movemos. El nudo de la discusión está en una parte que no tiene nada que ver con las AFP, está en el destino del 6% de las cotizaciones que son de los trabajadores. Ahí está el nudo (…) no está ahí el tema, no está en las AFP, está en el destino de la cotización». ¿Qué hay detrás de la insistencia de la ministra?
Marco Moreno, analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, señala que hay un aspecto simbólico y otro político. Según explica, el primero tiene que ver con el guiño del Ejecutivo al rol que podrían seguir jugando las AFP. Mientras que en el político habría un costo por no aprobar la reforma de pensiones.
«Evidentemente el Gobierno va a buscar endosárselo a alguien. Tú tienes que identificar un adversario, un oponente, cuando llevas adelante un proceso de cambio político. Ese costo no puede quedar solo asumiéndolo el Gobierno, como si hubiera fracasado en su intento, sino que también la oposición que pueden haber llevado adelante las AFP para evitar un cambio profundo», explica.
En esa línea, agrega además que «es la estrategia posible. No tiene mucho espacio para algo distinto, porque la oposición está muy resuelta a no avanzar en esa discusión. No tiene muchos incentivos, aparentemente».
Por último, asevera que «el Gobierno no tiene margen sino más bien plantear desde una lógica adversarial la responsabilidad que tiene la oposición».
José Miguel Izquierdo, director de Imán Comunicación y asesor de Gobierno durante la primera administración del ex Presidente Sebastián Piñera, en tanto, sostiene que la ministra «busca arrinconar a quienes se oponen a avanzar rápido en su reforma, porque ha fracasado en la construcción de una mayoría favorable a las ideas del gobierno».
«Ella sabía que la presidencia de la comisión estaría en manos de la centro derecha y se ha visto sin suficiente capacidad de negociación para hacer avanzar este, que es un proyecto central para el Gobierno. Lo más seguro es que siga presionando y si llega a perder la votación de la idea de legislar, esta acusación solo traerá costos al Gobierno, no a quienes acusa», asevera también.
«Esto -concluye- porque las AFP dejaron de ser instituciones desacreditadas desde la entrega de los retiros. Por lo tanto, lo que hace Jara y también Vallejo es un error. El Gobierno requiere más Tohá y menos esta dupla de ministras PC«.
¿ACUERDO?
A pesar de los dardos a la ministra, algunos ven que las negociaciones avanzan en la Comisión.
El ex Superintendente de AFP y académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, señala en Radio ADN que «todo indica que estarían cerca de llegar a un acuerdo».
En esa línea, precisa que «se están cumpliendo ahora las 3 semanas de plazo que había puesto el senador Moreira, entiendo que se cumplen esta semana». «Pero la verdad es que si uno está cerca del acuerdo y hay que postergar una o dos semanas, me parece que es una buena cosa», asevera también.
El economista Eugenio Rivera, del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, aseguró que «estamos frente a una situación muy delicada«, dado que «las reformas electorales apuntaron a restringir el financiamiento corporativo de la actividad política, y aquí tenemos una asociación de empresas que se involucra directamente en la actividad política«, ya que apuntan en contra la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo.
«Está bien que las empresas puedan ejercer lobby regulado, pero cuando se realizan 2.300 campañas para impulsar su posición, es un elemento complicado por la alta concentración económica que existe en general, y eso afecta la competencia y el crecimiento económico«, analizó el experto, que afirmó también que este caso es «se proyecta como escandaloso, porque (muestra que) el poder económico está por sobre el poder político, afectando la igualdad de los ciudadanos«.
El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco afirmó que aunque «todo el mundo tiene derecho a tratar de influenciar», preocupa saber «si estos (dineros) lo sacan de las utilidades de las AFPs, si los dueños deciden ponerlo en la asociación con una comisión a la asociación».
«No me parece bien, aunque entiendo que es legal. Habría que verlo, no sé. Pero me parece que no debiesen estar inmiscuida en esto. Creo que no le hacen bien a la discusión, genera suspicacias y sería mejor que se dedicaran solamente a ver en el mercado, haciéndose promoción de su AFP como la mejor o de los beneficios de su AFP. Pero meterse en la discusión tan política no creo que sea lo adecuado», puntualizó el economista.
«MÁS RECURSOS A LA FNE»
Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, también dudo se trate de un actuar ilegal de la Asociación de AFP, aunque explicó que «sin duda el objetivo de una asociación gremial es defender los intereses a quien se debe, y en ese sentido ellos han divulgado las bondades (de su servicio) a través de distintas».
De todas maneras, acusó en el Primer Café que «es un tema que no facilita mayormente el diálogo y los acuerdos, pero también es cierto de que en el ejercicio de la democracia uno puede ir ejerciendo las facultades que la misma te va otorgando».
Mientras que Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director de Espacio Público, indicó que «más allá de lo que propuso el diputado Winter, yo creo que aquí en general necesitamos pasarle plata en el presupuesto del próximo año a la Fiscalía Nacional Económica para que pueda hacer más y mejores de estos estudios». (Emol-Cooperativa)
