Durante la jornada de este miércoles se conoció que el Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar una indemnización de $12 millones por concepto de daño moral a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, como víctima de tortura cometidas por agentes del Estado en 1988.
De acuerdo a lo señalado por el tribunal, Llaitul fue detenido en abril de ese año por Carabineros -cuando aún era estudiante universitario-, quienes lo llevaron a la Comisaría Central de Valparaíso y luego, por disposición de la Fiscal a Naval de la ciudad, fue recluido en la Cárcel de Quillota, penal donde estuvo incomunicado y fue sometido a crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, el fallo señala que «en la sentencia, la magistrada Carolina Ramírez Reyes estableció que se encuentra acreditado que el demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil».
«Los hechos establecidos conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Héctor Javier Llaitul Carrillanca», agrega el documento.
Asimismo, añade que Llaitul «se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Presión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II».
Con lo anterior, si bien el tribunal no accedió a la demanda «en los términos y montos solicitados (…) considerando la prueba testimonial y declaraciones que dan cuenta de las secuelas que produjo en el demandante los vejámenes a los que fue sometido, permiten a este tribunal fijar prudencialmente el monto de la indemnización en la suma de 12.000.000 (doce millones de pesos)».
UDI EXIGE AL GOBIERNO APELAR EL FALLO
Tras conocer el fallo, los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, le exigieron al Gobierno que, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presente una apelación a lo establecido.
«Al Gobierno ya le tembló la mano al no querellarse en contra de Llaitul por Ley de Seguridad Interior del Estado, existiendo todos los antecedentes para hacerlo. Por lo tanto, esperamos que esta vez no se intimiden y sí recurran a todas las instancias que tengan a su alcance para impedir la indemnización a un líder terrorista. No podemos permitir que el mismo Estado al que él le declara la guerra ahora le esté financiando su propia subversión», cuestionaron los diputados UDI.
En esa línea, ambos insistieron en que «sería el colmo que con los impuestos de todos los chilenos estemos subvencionando a los grupos narcoterroristas que operan en nuestro país», reiterando que «si el Gobierno tiene la real intención de enfrentar a estas organizaciones criminales, lo primero que debiese hacer es anunciar su apelación a este fallo».
«Las actuales autoridades no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo un líder terrorista se sale con las suyas. Son decenas las víctimas que han sido asesinadas por esta organización criminal, diariamente están realizando atentados terroristas en la Macrozona Sur y ahora, encima, el Estado podría estar financiando a uno de sus principales líderes», concluyeron. (Emol)
