En el actual escenario político pre electoral, uno de los temas que se han abordado con mayor frecuencia ha sido el del papel del Estado vs el del mercado en la configuración socioeconómica y cultural del país más justo, menos desigual y más solidario que múltiples sectores ciudadanos aspiran ver materializado en los próximos años.
Sin embargo, se analizan poco las dimensiones y posibilidades efectivas de cada cual y, habitualmente se escuchan opiniones más bien cualitativas y eventuales consecuencias filosófico-culturales y políticas que derivan de la preminencia de uno sobre otro, más que las propiamente cuantitativas, que permitan visualizar la viabilidad económico-social de las diferentes propuestas que surgen en estos períodos, sin que aquellas terminen siendo simplemente ofertas populistas irrealizables, económica y políticamente.
En efecto, más allá de las preferencias ideológicas de cada quien y por sobre las calificaciones o descripciones que se pueden hacer del actual modelo político-económico vigente en Chile -para unos, neoliberal; para otros, socialdemócrata de derecha y para otros socialista- la presencia de Estado y mercado presenta proporciones objetivables que pueden ayudar a una mejor reflexión sobre los temas políticos y económicos y colaborar así en una mayor comprensión de lo que hoy es posible.
Por de pronto, una medida gruesa inicial informa que Chile, según el FMI, presenta en 2017 un Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 455.680 millones, medidos como la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un año, respecto de una canasta estandarizada y cotizada dentro del mercado interno de EE.UU. y que se conoce como Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). En términos nominales, la cifra disminuye a US$ 242.641 millones, que surge de convertir el PIB desde pesos a dólares estadounidenses, según el tipo de cambio promedio anual o de mediados de un año cualquiera.
Medido el PIB por su poder de compra, en la actualidad el Estado chileno representa alrededor del 22% de toda la economía, es decir, unos US$ 100 mil millones, mientras que el resto, US$ 355 mil millones, es generado por “el mercado”, es decir, por las aproximadamente 900 mil empresas micro, pequeñas, medianas y grandes del país en las más variadas áreas de producción de bienes y servicios existentes en el país y los cerca de 8,3 millones de personas que conforman la fuerza laboral profesional, técnica u obrera contratada o independiente que trabaja en el sector privado.
En el Estado, en tanto, trabajan unos 218.500 funcionarios de la administración burocrática central, más otros 150 mil integrantes de las FFAA y de orden. A estos se suman los empleados de empresas públicas, municipios e instituciones descentralizadas y otras orgánicas dependientes de los poderes judicial y legislativo, con lo que el total de funcionarios estatales se eleva a unas 800 mil personas.
En la última década la dotación efectiva de la administración central del Gobierno ha crecido en casi 40% y más de 60 mil nuevos cargos se incorporaron en el sector público. Adicionalmente, según un catastro hecho por L&D, se discuten actualmente en el Congreso unos 25 proyectos de ley que incrementarán la dotación de personal en la administración del Estado, de modo de suplir las deficiencias de atención y acción que el propio Estado presenta. De acuerdo a los informes financieros de esas iniciativas, se incorporarían 6.870 nuevos cargos al sector público si se aprueba la totalidad de aquellos, mientras que el costo fiscal -asociado a institucionalidad- de los nuevos servicios alcanza aproximadamente los $502.038 millones (unos US$ 750 millones), de los cuales $390.207 millones (unos US$ 582 millones) corresponden a personal.
En todo caso, este gasto corriente, que destina el Fisco a sus operaciones habituales como contratación de personal y compra de bienes y servicios, se ha mantenido estable en el último quinquenio, situándose en casi 30% del desembolso total (unos US$ 30 mil millones), aunque diversos análisis indican que su funcionamiento podría mejorar reasignando personal hacia áreas que lo requieren, desde otras más provistas, así como desde programas que rinden muy poco, hacia otros más rentables socialmente, pues, según estudios académicos, mientras en 1990 -medido en pesos de 2016- el Fisco gastaba anualmente en subsidios $ 116.400 per cápita, la cifra subió en 2016 a nada menos que a $ 724.000 por persona.
La reciente reforma tributaria incrementará en tres puntos del PIB la recaudación impositiva a partir del próximo año, con lo que el tamaño del Fisco alcanzará una cifra cercana al 25% de toda la economía (unos US$ 113 mil millones), de los cuales, un reciente informe del Centro de Estudios Financieros (CEF) de la Universidad de los Andes, señala que en 2017 los recursos destinados a subsidios o gasto social representarán casi 35% del gasto total, desde el 32,4% en 2013, el peso relativo más alto desde que hay registro, y en donde la mayoría son transferencias -directas e indirectas- de subsidios a programas de salud y educación. De allí que el Presupuesto de la Nación requiera de alrededor de US$ 62 mil millones anuales.
Luego, según cifras de la Ley de Presupuestos 2017, el peso de la inversión en el gasto fiscal alcanza al 15,6% del total, que es su nivel más bajo desde 2004, en tanto que el pago de intereses de la deuda fiscal es el apartado menor en el gasto total del Estado. no obstante que, según un informe de Itaú Chile, la deuda neta del Fisco (deuda bruta menos el valor de sus activos financieros) se cuadruplicará este año, pasando de representar 1% del PIB al 4,6% alcanzando su peak de la década (sobre US$ 50 mil millones). Esto significa que Chile dejó de ser acreedor neto por primera vez desde 2005, o, lo que es lo mismo, su respaldo financiero o patrimonial no le alcanzaría del todo para enfrentar sus actuales compromisos crediticios. Según el Itaú, para 2018, la deuda neta fiscal mantendrá su tendencia alcista y se ubicará en 6,6% del PIB, su nivel más alto desde 2002(unos US$ 65 mil millones).
Esta condición hace que Chile tenga por delante aún varios años más de déficit fiscal efectivo y, en consecuencia, de aumento de su endeudamiento, sin poder, por tanto, elevar la inversión pública, la que, como vimos, se encuentra en su menor nivel desde 2004, no obstante la voluntad de la actual administración de elevar el papel del Estado en la economía. Es decir, el hecho que el gobierno registre un déficit efectivo 3,3% del PIB este año y de 3% el próximo significa que el endeudamiento deberá crecer, pues no se observan eventuales mejoras del valor de los activos fiscales, como fondos soberanos (FEES, FRP, fondo para diagnósticos y tratamientos de alto costo y fondo de educación), ni de los activos en pesos y moneda extranjera en Tesorería.
Las anteriores cifras gruesas muestran, pues, a un Estado expandido hasta sus límites en su capacidad para responder a sus funciones burocrático-administrativas, económicas y sociales con los ingresos actuales y que, si bien presenta ámbitos en los que se pudieran realizar ajustes que mejoren su productividad y eficiencia, no parece que aquellos puedan dar resultados tan superiores que permitan un cambio sustantivo en el nivel de gasto presente, a no ser por su completa, pero al parecer políticamente inviable, reestructuración.
El sector privado, por su parte, responsable de generar el 75% del PIB restante, se ha mostrado también extenuado, tanto producto de la incertidumbre interna, el alto endeudamiento de las grandes empresas (sobre US$ 100 mil millones), como por la persistente baja actividad comercial internacional que ha reducido las exportaciones a US$ 60.764 millones en 2016, desde su peak reciente en 2012 de US$ 67.970 millones; y las importaciones (gasto, consumo e inversión) a US$ 59.600 millones, generando un pequeño superávit comercial que tampoco invita a incrementar inversiones de modo sustantivo, sino más bien a servir deudas.
Así las cosas, los números dicen que, en materia de decisiones políticas en el área de la redistribución de ingresos, no quedan más caminos que realizar mayores esfuerzos por mejorar la productividad, tanto del Estado, como del sector privado, impulsando la modernización del primero y mediante la innovación y aplicación de ciencia y tecnología en la producción del segundo; mejorar los índices de competitividad del trabajo, vía más capacitación y educación, así como entregar mayor estímulo normativo y de desburocratización en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, con miras a nuevas olas de exportaciones no tradicionales 2.0.
Al mismo tiempo, y tal vez más importante, sincerar desde el aparato público, partidos, academia y centros de estudios, las limitaciones efectivas de nuestra economía en cuanto a su capacidad para resolver hoy todas las necesidades que han emergido como consecuencia del propio desarrollo, poniendo los limitados recursos comunitarios a prestar apoyo, primero, a los sectores más vulnerables de la larga lista que aparece en periodos pre electorales y dejar para mañana las otras demandas, por justas y legítimas que sean. (Radio U. de Chile)
Roberto Meza A.
