Con sorpresa reaccionó la opinión pública frente a la decisión judicial de un tribunal de disponer la libertad incondicional de personas que portaban armas en un auto con vidrios polarizados. El argumento fue que los organismos policiales no se “ajustaron estrictamente a ciertas formalidades”. Para cualquier ciudadano la decisión resulta aberrante y contraria al sentido común y al motivo de la ley y del Estado de Derecho. Esto ha generado un amplio debate, por cuanto constituye una pésima señal en el combate de la delincuencia, una preocupación de la opinión pública reflejada en los resultados de la última encuesta CEP. La ciudadanía se encuentra desconcertada, frustrada y desencantada y, además, con un mayor grado de inseguridad.
Esta y otras actuaciones, no solo de los tribunales, han hecho recordar la frase que en su momento pronunciara un expresidente, cuando hace solo algunos años dijo: “dejemos que las instituciones funcionen”.
La expresión del exmandatario cobra particular relevancia hoy porque constatamos con preocupación que hay instituciones que no están funcionando con apego al marco jurídico y al espíritu de la ley, y que, entre otras nefastas consecuencias, están impactando negativamente el desarrollo de iniciativas productivas que benefician al país y la confianza en la institucionalidad ambiental.
Un caso que preocupa es la compleja situación que vive Mina Invierno; la incomprensible resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia, apartado del marco jurídico, está poniendo en peligro más de 1.000 empleos que corresponden fundamentalmente a mano de obra local de la Región de Magallanes.
Preocupa la situación de Mina Invierno, ya que, no obstante haber cumplido con la legislación vigente y contar con la aprobación de todos los organismos técnicos, los detractores del proyecto han logrado paralizar la operación. Ello, al impedir realizar tronaduras bajo 100 metros por sobre el nivel del mar, lo cual en la práctica significa terminar con la explotación del yacimiento.
Lo anterior ha sido posible por la arbitraria decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia, que en su última resolución ha decidido mantener la medida cautelar que le impide a la minera el uso de tronadura, técnica habitual en operaciones mineras. Más grave aún es que, al no permitir tronaduras en una explotación a rajo abierto en Magallanes, como lo autoriza la legislación en el país, en definitiva se fragiliza la seguridad jurídica tan necesaria para atraer la inversión y se cierra la posibilidad de desarrollar minería desde Ñuble hasta Magallanes.
En su última resolución, que fue aprobada por dos miembros del mencionado tribunal, se consuma un abuso difícil de comprender, por cuanto se desecharon antecedentes técnicos que no solo descartaban impactos significativos de las tronaduras en el rescate y preservación de material paleobotánico, sino que, además, reafirmaban el aporte de este método a la investigación científica, al permitir identificar y recolectar material fósil que de otra forma no sería posible. Los mejores argumentos para descalificar el desproporcionado fallo están en la argumentación del voto disidente, disponible en el sitio web del tribunal ambiental.
Con ocasión del envío de nuevas indicaciones al proyecto de ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, junto con valorar el esfuerzo por avanzar en esta iniciativa que permita una tramitación más expedita de los proyectos y otorgue mayor certeza jurídica a los inversionistas, hemos planteado con franqueza que esta reforma puede terminar siendo estéril si persiste la lógica del Tribunal Ambiental de Valdivia. Ello, porque es claro que estamos frente a actuaciones que no se ajustan al marco jurídico y más bien parecieran responder a convicciones personales. El deber del tribunal es aplicar la ley.
Creemos que la decisión respecto de Mina Invierno, que la pone en una posición de inviabilidad operacional y financiera, constituye un error y una señal de precariedad jurídica, que es necesario corregir para evitar la paralización de esta operación minera y el impacto que una decisión de esta naturaleza tendrá en el ánimo de los inversionistas y en la comunidad de la Región de Magallanes.
Con este fallo la comunidad minera en Chile se siente igual de desamparada que la ciudadanía por la libertad incondicional de los delincuentes que portaban armas bajo el argumento de que los organismos policiales no se “ajustaron estrictamente a ciertas formalidades”. Estamos desconcertados, frustrados y desencantados y, además, con un mayor grado de inseguridad jurídica.
El Mercurio