A eso de las 8.45, 15 minutos antes de la hora señalada, el excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez llegó a declarar al despacho de la ministra en visita Romy Rutherford, ubicado en la comuna de Santiago, en calidad de inculpado en el marco de la investigación por fraude en la institución castrense.
La jueza Rutherford indaga a Martínez, quien a comienzos de marzo renunció al cargo de comandante en Jefe del Ejército, por el supuesto mal uso de dinero destinado para viajes institucionales. Ante la expectación de la prensa, el exuniformado llegó hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia, a un mes ya de la primera citación que hizo la ministra.
Tal como determinó la Corte Suprema, la declaración de Martínez se deberá realizar en el despacho de la magistrada y sin la compañía de su abogado. Esto último, porque así lo estima la justicia militar, marco donde se encuentra la indagatoria. Este era uno de los puntos que el exmilitar buscaba evitar y para ello su defensa presentó un recurso de amparo ante el máximo tribunal, donde fue rechazado, para luego acudir al Tribunal Constitucional, donde no se alcanzó a revisar.
“Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, señaló Martínez, argumentando que cualquier chileno tiene la opción de comparecer a declarar asistido por un abogado.
“Se ha hablado sobre mí, mi patrimonio es legítimo y les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”, afirmó antes de ingresar.
Otro de los puntos que Martínez buscaba con sus presentaciones ante la Suprema y el TC era declarar en su domicilio registrado en Casa Comando, que forma parte del Complejo Militar Lo Curro, en Vitacura. Sin embargo, el contingente militar del lugar, sería una de las aprensiones de Rutherford para no aceptar tomar la declaración de Martínez en ese lugar.
Tras casi dos horas y media de audiencia, la jueza decretó la detención provisoria de Martínez por cinco días, con libre plática. Esto, hasta que se resuelva su procesamiento. Deberá cumplir la medida en el Batallón Militar, ubicado en Peñalolén. Además, por estos días, quedará con arraigo nacional.
“Está en calidad de detenido preventivo, no procesado, para resolver su situación procesal de aquí al próximo martes. Se puede resolver el martes o antes”, dijo el abogado de Martínez, Juan Carlos Manríquez, quien confirmó que el exmilitar guardó silencio en la instancia.
De acuerdo al estudio de abogados que defiende a Martínez, el martes se conocerán los fundamentos del tribunal, en uno u otro sentido, y según eso la defensa podrá ejercer los recursos pertinentes.
DECLARACIÓN POSTERGADA
El miércoles 2 de marzo, en su última cuenta pública y en una ceremonia despoblada de autoridades civiles, el retirado general informó que había presentado su renuncia al entonces Presidente Sebastián Piñera. Al día siguiente debía concretar su declaración ante la jueza Rutherford, sin embargo, presentó una serie de recursos que postergaron la diligencia.
Martínez no se presentó a esa citación y pidió declarar en su hogar y con su abogado, su defensa argumentaba que estaba “amenazada su libertad y seguridad”.
Al llegar a tribunales, Juan Carlos Manríquez, abogado del exgeneral informó que Martínez haría uso de su derecho a guardar silencio y que pediría que se dejara constancia de cada pregunta.
Manríquez dijo que buscan “tener conocimiento previo, cabal, preciso de cuáles son las conjeturas en las que se basan los cargos que se le harían”.
“Si el tribunal en uso de sus facultades dicta una resolución de detención u otra en la cual señales cuáles son esos antecedentes en ese minuto esos se analizarán, se ejercerán los recursos que correspondan y en ellos se refutarán uno por uno”, sostuvo.
Asimismo, recordó que presentaron un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que fue admitido y “está pendiente”.
En ese escrito argumentan, explicó el abogado, que “las dos reglas normativas del Código de Justicia Militar, ya de casi 150 años, son contrarias a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos”.
“El tribunal lo admitió, por ahora no dio lugar a la suspensión, sin embargo eso está por verse el próximo miércoles”, explicó.
El abogado esgrimió que “ningún justiciable puede comparecer ante un tribunal y arriesgar su libertad, que lo que diga sea usado en su contra si no conoce previamente los cargos en detalle y además sin asistencia de letrado, como eso está pendiente ha hecho uso de la Constitución y los tratados para pedir que se deje constancia de esa situación y por tanto guardar silencio mientras no se tenga certeza compleja de cuáles son las conjeturas en las que se basan los cargos que se le harían”. (La Tercera)
