En los partidos políticos es sabido que al momento de tener elecciones internas, siempre aparecen sorpresas, jugarretas y cuando se enfrentan las listas para quedarse con el control del partido los militantes pueden ser capaces de todo. Eso, que suele ser casi que una historia cliché, en RN se transformó en un caso judicial y que llegó directamente hasta el Juzgado de Garantía de Linares.
Esta es la historia de cómo un aviso de bomba en el cierre de campaña del entonces candidato a presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, terminó con el exconcejal y exdiputado RN, Camilo Morán, imputado y formalizado por el delito de dar falso aviso de bomba.
La historia se remonta a agosto de 2023. Eran cerca de las 19.00 del 17 de agosto cuando el senador Galilea se encontraba en pleno acto de cierre de campaña en el centro de eventos del Club de La Unión de Linares.
Lo que se supone iba a ser el hito más importante del candidato que buscaba ser el sucesor del expresidente Francisco Chahuán terminó en un caos. La tarde de ese jueves se recibió un llamado anónimo por teléfono que dio la peor alerta posible: la presencia de un artefacto explosivo en el club.
Con la supuesta bomba, el club se desalojó de inmediato y se generaron una serie de “graves desórdenes públicos, dada la conmoción causada por la aglomeración de público presente”.
El desastre del cierre de campaña culminó en una denuncia en Carabineros y luego Chahuán presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Linares. El caso lo tomó en primer lugar la policía uniformada, pero luego cuando la Fiscalía abrió la causa y envió la orden de investigar a la Brigada de Robos de la PDI.
El caso terminó en manos de la fiscal jefa de Linares, Carola D’Agostini. Para sorpresa de RN la persecutora en vez de dejar morir el caso en uno de los cajones de su oficina, se propuso seguir la pista del número telefónico que dio el aviso de bomba y reconstruir paso a paso dicha llamada hasta llegar al responsable del aviso.
NÚMEROS TELEFÓNICOS
La alerta, según consta en los informes policiales de la PDI, lo hizo un hombre que se identificó como Antonio Quiroz, quien dijo que a él le avisaron de la existencia de una bomba por otro número telefónico. Ambos número telefónicos, el del supuesto Antonio Quiroz y el de la otra persona fue la hebra que la fiscal D’Agostini tiró hasta llegar al final.
El número asociado al supuesto Antonio Quiroz, según la PDI, en realidad correspondía a otras personas de apellidos Esparza Esparza. A su vez, el otro número telefónico, del que supuestamente avisó por primera vez de la bomba, la policía civil revisó que correspondía a un número asignado a Pakistán.
La fiscal revisó los números IMEI asociados a cada celular y con eso pudo ir trazando el historial de quienes habían tenido ambos números. Con todo eso sobre la mesa, el Ministerio Público ofició, a través del Juzgado de Garantía de Linares, a la empresa WOM para que entregara “los tráficos de llamadas, de antenas, datos de subida y bajada, Azimut, conexiones Wap-Web, MMS, tasa residual de datos de geolocalización” de uno de los números “a partir del mes de enero del año 2023 y hasta la fecha en la que sea proporcionada la información”.
Cuando Wom entregó la información de vuelta, la Fiscalía pudo constatar que ese celular estaba asociado con llamadas recibidas de otros tres números: uno de Entel, otro de Nextel y un tercero que era CENCO, la Central de Comunicaciones de Carabineros que fue la que activó el procedimiento policial cuando se recibió el aviso de la bomba. (La Tercera)
