La reapertura del debate en el Congreso se debería, según explica el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, al eventual «desequilibrio» con el que terminaría la reforma laboral, luego de su paso por el TC, particularmente por la eliminación de uno de sus pilares estructurales: la titularidad sindical.
«Cuando hablábamos de pactos de adaptabilidad, lo hacíamos en el entendido que se fortalecían a los sindicatos», sostiene Díaz, quien añade: «Si uno propone adaptabilidad con fortalecimiento, y se cae el fortalecimiento, uno tiene que legítimamente revisar la adaptabilidad». El otro aspecto que sería nuevamente examinado en el Parlamento sería la norma que eleva los quórum para la creación de sindicatos y para la negociación colectiva, otro «pequeño triunfo» de los empresarios en el debate laboral.
De esta forma, el veto presidencial se traduciría en cambios mayores a lo aprobado por el Congreso, que nuevamente deberán ser analizados y votados por legisladores que demostraron muy poca capacidad para lograr acuerdos durante el año y 4 meses que estuvo la reforma en la Cámara de Diputados y el Senado.
Otro de los efectos indeseados de la resolución del TC es, según advierten en La Moneda, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nuevamente «llamará la atención» al Estado chileno por no nivelar su legislación laboral con los estándares internacionales, donde la titularidad sindical es ampliamente reconocida «en el mundo civilizado».
De hecho, Francisco Díaz se reunirá hoy en Colombia, con el director general de la OIT, Guy Ryder. «Probablemente uno de los temas será el fallo y una explicación tendré que darle», anticipa el subsecretario del Trabajo, quien responsabilizará a la Constitución y a la existencia del actual TC por la imposibilidad de incorporar la titularidad sindical a la legislación local.
Eso sí, el abogado no se confunde y puntualiza que es partidario de la existencia de tribunales constitucionales. Díaz, al igual que el equipo jurídico que defendió la reforma en el TC, está convencido que el concepto de libertad sindical promovido por el Ejecutivo es el que se respeta en todo el mundo.
Si bien el personero de gobierno respeta el fallo del tribunal, lamenta que sus integrantes «dieran una lectura ideologizada a la Constitución». Sobre la Carta Fundamental, Díaz asegura que «no garantiza un pluralismo de ideas». Por eso confía en que, en el proceso constituyente, las libertades colectivas tengan un lugar privilegiado en la lista de prioridades ciudadanas
– ¿Cuál es su lectura general del fallo del TC?
– Es un fallo que se acata y se respeta, pero se lamenta. Creemos que es una derrota para los trabajadores y también para el gobierno, hay que admitirlo, que un principio tan básico se desconozca y no se pueda dar pleno cumplimiento en la legislación. Es una complicación que afecta sensiblemente el proyecto, porque ataca uno de los principios de la reforma.
– ¿El gobierno aún cree en la titularidad sindical propuesta en la reforma?
– La titularidad sindical tiene una consagración a nivel internacional indiscutible. Los convenios y recomendaciones de la OIT, en particular para el caso de Chile, son unívocos: donde hay un sindicato, el grupo negociador sólo termina debilitando al sindicato. Por lo tanto, eliminar esa figura era lo justo y necesario de hacer. Para acoger el recurso de la derecha, había que dar una lectura ideologizada a la Constitución y eso es lo que ocurrió. Primó esa visión.
– El gobierno ya decidió utilizar el veto presidencial, no sólo para restaurar la titularidad, sino que para asegurar el «equilibrio de la reforma». ¿Cuál será la fórmula?
– Que acatamos el fallo no es una frase vacía. Acatar es que somos conscientes de que no se puede reponer titularidad y extensión de la misma forma que se perdió. Ahora, hay que corregir el proyecto de ley, incluso formalmente, porque quedan vacíos en su articulado. Ese es el estudio que estamos realizando estos días y tomaremos una definición cuando conozcamos en detalle el fallo.
– ¿Un camino podría ser titularidad sindical vinculada con la representatividad? ¿Cuál será la fórmula para salvar esa herramienta?
– Surgen dos caminos para enfrentar este fallo. El primero son las correcciones al propio proyecto, porque quedan artículos y disposiciones truncas que hay que corregir. El segundo camino, es que el proyecto queda desequilibrado, que es un elemento distinto. Cuando hablábamos de pactos de adaptabilidad, lo hacíamos en el entendido que se fortalecían a los sindicatos. Uno no puede tener pactos con sindicatos debilitados, porque eso puede ser un abuso rampante.
Por lo tanto tenemos dos tareas: uno, corregir formalmente; dos, «equilibrar» nuevamente un proyecto que, con este fallo, queda desequilibrado. Si uno propone adaptabilidad con fortalecimiento, y se cae el fortalecimiento, uno tiene que legítimamente revisar la adaptabilidad.
– Sin titularidad y con extensión a medias, a lo que se suman los pactos. ¿Es el resultado de la reforma una legislación peor a la actual?
– El análisis hay que hacerlo cuando tengamos el fallo. Todo esto son juicios hipotéticos sobre la información limitada que tenemos hasta ahora. El proyecto tiene avances en muchas otras materias. Con el texto, decenas de miles de trabajadores afiliados a un sindicato interempresa van a poder negociar; la huelga se ve fortalecida; el derecho de información fue ratificado, lo que permite que los trabajadores negocien sin vendas en sus ojos. O sea, hay avances. El problema, es que varios de estos avances se pueden ver debilitados al caerse la titularidad. Ese es el ejercicio de «reequilibrios» que tenemos que hacer. Donde, por ejemplo, los quórum para la constitución de sindicatos y los pactos de adaptabilidad se ven fuertemente cuestionados en su mérito, con este fallo del tribunal.
– Luego de conocer el fallo, ¿cuánto tiempo se va a tomar el gobierno para presentar el veto?
– No queremos especular con fechas, pero la idea es que esto salga más rápido que lento.
– Dirigentes y académicos del oficialismo tiene un diagnóstico común: más que los argumentos jurídicos, lo que importa en el TC es la militancia política de sus integrantes. ¿Comparte esa idea?
-El tribunal es parte de la institucionalidad y los ministros fallaron como fallaron. Lo de fondo es que la Constitución no garantiza un pluralismo de ideas.
– El abogado de la oposición, Gastón Gómez, reconoció que hubo una lectura errónea de la norma de negociación interempresa. Pese a eso, esa objeción contó con 5 votos. ¿Evidencia esto que las decisiones del TC son más políticas que técnicas?
– No es sano cuestionar el racionamiento del tribunal. Pero evidentemente que esa contradicción es patente. El propio abogado reconoce que se equivocó en el requerimiento y aun así hay votos que le dan la razón al quien admite haberse equivocado.
– El abogado del gobierno, Francisco Tapia, señaló que uno de los efectos políticos del fallo es que el Estado chileno será nuevamente requerido por la OIT por no modernizar su legislación laboral. ¿Cómo observa el gobierno la relación con la OIT?
– Es un hecho que vamos a tener ese inconveniente. Los convenios sobre libertad sindical, como el 87 y 98, y las recomendaciones que ha hecho la OIT, analizando casos puntuales chilenos, donde el grupo negociador se utilizó como herramienta deliberada contra el sindicato establecido en una empresa, son claros. Vamos a tener que explicar eso, evidentemente.
– ¿Le cree a la derecha cuando dice que recurrió al TC para defender a los trabajadores?
– No es la interpretación que un observador imparcial podría realizar a la lectura de estos días. Hay gente contenta y gente que no está contenta. Hay que ver quiénes son. Aquí hay un atentado contra la libertad sindical y eso perjudica a los trabajadores. Dejamos a la organización sindical en una posición desmejorada, al no reconocer su titularidad.
«NO HAY RELACIÓN ENTRE LA REFORMA Y EL DESEMPLEO»
Responsabilizar a las reformas del gobierno por el menor crecimiento económico es ya una conocida estrategia de la oposición. Algunos creen en la relación entre ambos elementos; otros no. Culpar a la reforma laboral por el aumento del desempleo, que la semana pasada constataron las encuestas de Microdatos de la Universidad de Chile y del INE, es parte de esa estrategia.
Para Francisco Díaz, estas afirmaciones, reiteradas luego del fallo desfavorable del TC con la reforma laboral, no tienen fundamento.
– La derecha aprovechó las cifras de empleo para responsabilizar a la reforma laboral. Afirmó que ese debate estaba afectando el mercado del trabajo. ¿Tienen algún asidero esas declaraciones?
– Es una crítica política sin mayor asidero técnico. Esa crítica la han intentado durante los últimos tres años. Desde que la Presidenta vuelve a Chile siendo candidata, señalaban que sus políticas iban a debilitar el empleo, cosa que no ocurrió en tres años. Acá estamos hablando de ciclos económicos, de problemas puntuales, que hay que enfrentar con seriedad y no con consignas.
– Las últimas cifras de Microdatos (9,4% para el Gran Santiago en marzo) y del INE (6,3% nacional, entre enero y marzo) no son positivas. ¿Eso no preocupa al gobierno?
– Lo hemos conversado durante estos dos años de gobierno. Los datos de empleo han sido resilientes a la desaceleración. El último dato de la Universidad de Chile hay que leerlo junto al del INE, que sigue siendo una cifra razonable para esta época, con apenas un aumento de dos décimas porcentuales respecto de igual trimestre del año anterior.
Dicho eso, nunca nos hemos «auto felicitado» por las cifras de empleo, porque hemos tomado desde el inicio la óptica de promover políticas activas de empleo, de manera que la cifra no sea función exclusiva ni inercia del crecimiento económico, sino que ayudada por eso. Acá hay gente que con cifras altas o bajas igual no está accediendo al mercado laboral, como mujeres y jóvenes, para los que hay que tener políticas activas de inserción, capacitación e intermediación, que vamos a seguir llevando adelante. (DF)
