El gobierno del Presidente Boric adolece de un grave problema estructural: la brecha entre su discurso político y la realidad efectiva que le toca enfrentar. Su narrativa, profundamente ideologizada y permeada por una infundada sensación de superioridad moral, se ha transformado en un obstáculo que atenta contra su propia acción política. Esta combinación, sumada a la inexperiencia de gran parte de sus liderazgos, ha dejado al Ejecutivo con serias dificultades para orientar sus decisiones. La reciente crisis provocada por el caso Monsalve y las inconsistencias que ha revelado respecto de su postura feminista son una prueba contundente de este problema.
En efecto, una de las banderas centrales del Gobierno ha sido la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, las premisas que sustentan esta postura han demostrado su fragilidad al enfrentarse a la complejidad del fenómeno. Si bien esta retórica ha servido como herramienta para interpelar a los adversarios políticos, al momento de aplicarlas a sí mismos, su solidez y eficacia ha quedado en entredicho.
Así, el Gobierno ha impulsado una perspectiva de género como eje transversal de su agenda, pero lo ha hecho de forma acrítica y sin matices. En el ámbito de la violencia de género, esto se traduce en la promoción de una actitud que tiende a generalizar la sospecha hacia los hombres como victimarios, presuponiendo una moralidad superior en las mujeres. Esta visión, además de simplista, compromete principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, y también el principio de igualdad, que el feminismo busca reivindicar. Al punto que cuestionar cualquier denuncia, bajo este paradigma, se percibe como una actitud cómplice de un sistema patriarcal violento.
No obstante, esta perspectiva, elevada casi a dogma, flaqueó ante su primera prueba interna. A pesar de contar con antecedentes graves y contundentes en el caso del subsecretario Monsalve, el Ejecutivo optó por guardar silencio y desproteger a la denunciante, mostrando una incongruencia preocupante entre su discurso y sus acciones. En paralelo, en el caso de la denuncia contra el Presidente Boric, con pruebas débiles y poco verosímiles según los antecedentes disponibles, ahora súbitamente se valoran de modo positivo otros principios como la presunción de inocencia y el debido proceso, que estaban en entredicho, mostrando así su doble estándar.
Esta crisis pone de manifiesto un defecto más profundo: el Gobierno parece priorizar la adhesión a su narrativa sobreideologizada antes que la capacidad de responder a los desafíos concretos de manera coherente y efectiva. La experiencia demuestra que la política, para ser transformadora, como era el objetivo del Frente Amplio, no puede anclarse únicamente en eslóganes, sino que debe tomar conciencia de la complejidad de la realidad y responder a ella. Esto aplica también en materia feminista. (El Mercurio)
Catalina Siles