El debate se dará en un marco que reconoce la educación superior como un derecho social y un bien público con beneficios individuales, autonomía institucional, y un sistema mixto de provisión y financiamiento. Estos pilares han impulsado el desarrollo del sistema y deben mantenerse.
Durante los últimos 30 años, estos principios han estimulado la inversión en educación superior, tanto pública como privada, alcanzando una de las proporciones del PIB más altas de la OCDE. Aseguran acceso universal a la educación superior, con una tasa de participación que supera en 20 puntos el promedio de la OCDE. Chile ostenta el menor índice de desigualdad educativa en Latinoamérica en este nivel. La gratuidad focalizada en el 60% de la población de menores ingresos reconoce la función pública de todas las instituciones acreditadas, sin importar si son estatales o no. Esto representa un avance significativo hacia la igualdad de trato de estudiantes e instituciones.
Los adelantos reseñados, junto con mejoras en eficiencia interna, calidad de programas y pertinencia social de las instituciones, han elevado las tasas de graduación, resultando en la incorporación anual de más de un cuarto de millón de nuevos profesionales y técnicos al mundo laboral. Este flujo de capacidades es crucial para la próxima etapa de desarrollo del país. En ciencia y tecnología, pese a una inversión reducida, Chile ha consolidado un sistema de alta productividad e impacto, clave para el crecimiento económico, desarrollo social y proyección cultural.
Los pilares que han permitido estos logros deben preservarse y fortalecerse, corrigiendo desajustes e insuficiencias. Es momento de reformar, no de refundar.
En cuanto al apoyo a los estudiantes, es esencial que coexistan el subsidio de gratuidad y un crédito contingente al ingreso. El primero tiene fallas conocidas que deben corregirse. El futuro esquema de crédito debería ser administrado profesional e independientemente por un órgano público, sin intervención bancaria, ser contingente al ingreso, con un plazo de pago de 20 años y una tasa de interés anual similar a la actual.
Este esquema debería extenderse más allá del pregrado, financiando estudios y perfeccionamiento a lo largo de la vida, incluyendo doctorados académicos y profesionales. También es crucial implementar becas de sostenimiento para el 20% de estudiantes de menores ingresos, junto con becas que promuevan carreras clave, como las pedagogías. Se debe ampliar la cobertura de gratuidad y créditos para programas a distancia y semipresenciales acreditados. Los aranceles regulados deben reflejar los costos reales de las instituciones, considerando el gasto necesario para cumplir con los estándares de calidad e incluir un monto para sustentabilidad e inversión, como hacen otros países de la OCDE. Asimismo, su fijación debe sujetarse a reglas más exigentes de transparencia.
En cuanto al financiamiento institucional, es fundamental fortalecer la asignación de recursos mediante fondos basales condicionados, mecanismos de fórmula y contratos de desempeño, alineados con las mejores prácticas internacionales que enfatizan resultados. En investigación, se debe duplicar el gasto actual en un plazo razonable y ampliar los fondos concursables considerados más pertinentes para el país tras una evaluación internacional. También es necesario financiar proyectos interinstitucionales de mayor envergadura en áreas prioritarias, tanto en STEM como en Ciencias Sociales y Humanidades. Por último, es imprescindible revisar la actual política de acreditación en aquellos aspectos en que obliga a incrementar los costos de operación de las instituciones sin que exista una contrapartida de ingresos.
En suma, cabe esperar que el Gobierno se haga cargo de los problemas actuales del modelo de financiamiento de nuestra educación superior y proponga su revisión y perfeccionamiento para asegurar a futuro la solidez y calidad del sistema.
José Joaquín Brunner
Mario Alarcón
Académicos UDP
