La mañana de este viernes, el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, entregó antecedentes del crimen del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado el 21 de febrero pasado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada, por cinco sujetos disfrazados de efectivos de la PDI. Tras nueve días de búsqueda, la PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda, un campamento en la comuna de Maipú.
El fiscal llegó hasta la iglesia Evangélica de Carabineros, en el centro de Santiago, para participar del velorio del teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez, quien falleció el miércoles tras enfrentar a delincuentes en la comuna de Quinta Normal. En ese contexto, conversó con la prensa y refirmó la tesis que planteó anoche en un reportaje de Chilevisión, acerca de que el crimen del exteniente tuvo una motivación política y que éste habría sido gestado desde Venezuela.
Al respecto, el fiscal aseguró que “se han ido descartando líneas investigativas”. En ese sentido, apuntó a que, “hasta el momento hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera y en el contexto de crimen organizado”.
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Barros indicó que el perfil concreto que tiene la víctima los lleva “a concluir que ninguna de las primeras hipótesis en que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para efectos de cobrar algún rescate, están absolutamente descartadas”.
Ante la pregunta de si se trataría de un crimen con motivación política de parte de Venezuela, el fiscal afirmó que “la única línea que nos queda es esa”.
En ese contexto, anunció que se hizo un “requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están en Venezuela”.
ASISTENCIA PENAL
«Hemos hecho un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, a efectos que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en ese país».
Con esas palabras se refirió esta mañana el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), a la indagatoria por el secuestro y posterior homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda.
Esto, luego de que el persecutor informara que ya fueron desechadas las hipótesis vinculadas al crimen organizado, apuntando a un crimen político. En ese sentido, según explica la Biblioteca del Congreso Nacional, un requerimiento de asistencia penal internacional se trata de una acción «externa y coordinada» que busca dar eficacia «a la justicia penal interna de cada país».
En detalle, es parte de los tratados suscritos por Chile en materia de asistencia mutua en procedimientos penales. Así, este tipo de requerimiento considera diversos procedimientos de colaboración en materia procesal penal, «que pueden ir desde trámites vinculados a la comunicación e intercambio de información, como la notificación y la obtención de pruebas o de testimonios, hasta medidas más gravosas sobre los bienes de las personas, como el embargo o la incautación, y que pueden involucrar el desplazamiento de las autoridades competentes para realizar procedimientos de investigación para el enjuiciamiento«.
En detalle, estos procedimientos podrían considerar por ejemplo la recepción de testimonios y declaraciones de personas, la práctica de embargos y secuestro de bienes, la inmovilización de activos y asistencia en procedimientos relativos a la incautación, inspecciones, traslado de personas detenidas, entre otros.
Cabe señalar que antes de 2018 este requerimiento debía pasar obligatoriamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, pues de lo contrario, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, las respuestas obtenidas o entregadas no podían ser incorporadas de forma válida a las investigaciones.
Sin embargo, en diciembre de 2017 el entonces fiscal nacional Jorge Abbott y el canciller (s) Edgardo Riveros firmaron el traspaso de funciones como Autoridad Central desde el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio Público en la materia, permitiendo a la Fiscalía tramitar de forma directa los requerimientos hacia o desde el extranjero.
CHILE PIDE EXTRADICIÒN DE AUTORES INTELECTUALES
El Gobierno exigirá el cumplimiento del tratado de extradición con Venezuela para juzgar en Chile a los sospechosos del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
Esto, tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en donde el fiscal Héctor Barros aseguró que el asesinato fue orquestado en su país de origen.
Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo este viernes desde La Moneda que “en esta nueva etapa de la investigación”, el Gobierno “va a prestar activamente toda la colaboración” al Ministerio Público.
“Lo conocido ayer ha sido fruto del trabajo que la Fiscalía ha hecho desde que este terrible crimen se cometió, en que paso a paso se han ido buscando antecedentes, priorizando ciertas tesis sobre otras, en virtud de lo que la investigación ha ido mostrando. Y a lo que nos lleva eso es que, en la próxima fase, los aspectos internacionales de esta investigación van a tomar un rol determinante”, subrayó.
“En virtud de eso vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio del esfuerzo de hacer justicia en este caso, apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional, a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades (venezolanas), y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales, demandando la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo de esta investigación”, agregó.
En la misma línea, Tohá recalcó la intención del Ejecutivo de “buscar que detrás de este caso se genere la mayor cohesión posible, porque lo que importa es el interés superior del país. Un caso como este, con las implicancias que tiene, debe tener en el centro el que se haga justicia, el que se encuentre la verdad, se aprehenda a los responsables y que enfrenten las condenas que les corresponden”.
Recalcando que “lo que importa es el interés superior del país”, Tohá sostuvo que la administración de Gabriel Boric va “a buscar que detrás de este caso se genere la mayor cohesión posible”.
“Un caso como este, con las implicancias que tiene, debe tener en el centro el que se haga justicia, el que se encuentre la verdad, se aprenda a los responsables y enfrente las condenas que les corresponden”, señaló.
La jefa de Interior aseguró que “lo que el gobierno va a hacer es demandar que Venezuela cumpla sus responsabilidades”.
“No lo hacemos cándidamente, lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir, esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos en su comportamiento. Y como país nos vamos a preocupar también de que así sea, de que estos temas se discutan en los foros internacionales, que otros países también tomen posición en esta materia”, sostuvo.
La secretaria de Estado adelantó que se hará uso de los instrumentos de la relación bilateral y diplomática.
“Hoy día mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso y el embajador va a recibir instrucciones aquí de parte del Presidente respecto a medidas adicionales que se han hecho y que se van a tomar en la relación bilateral”, informó, aludiendo al representante chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, citado a consulta tras las afirmaciones que hizo el canciller venezolano Yván Gil, calificando a la organización criminal internacional Tren de Aragua de “ficción”.
“Lo que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento, y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos. En primer lugar, aprehendiendo a los responsables, y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la Justicia”, cerró.
UDI PIDE ROMPER RELACIONES CON CARACAS
El senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, se refirió este viernes a los nuevos antecedentes que surgieron en el caso del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado el 21 de febrero pasado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada, por cinco sujetos disfrazados de efectivos de la PDI. Tras nueve días de búsqueda, la PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda, un campamento en la comuna de Maipú.
Durante la mañana de esta jornada, el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía refirmó la tesis que planteó anoche en un reportaje de Chilevisión, acerca de que el crimen del exteniente tuvo una motivación política y que éste habría sido gestado desde Venezuela.
Es bajo ese marco, que el timonel de la UDI señaló que “romper relaciones diplomáticas con Venezuela parece evidente”.
“Si la ministra del Interior y el gobierno piensan que lo que se puede hacer hoy día es dialogar con el mismo gobierno que mandó a matar a un ciudadano venezolano a Chile, a mí me parece de una inocencia y una candidez que ya no pueden soportar los chilenos”, agregó.
“Necesitamos hoy día, no mañana, no esperar nuevas noticias, que el gobierno tome definiciones en esto. Entendemos que ha llamado a informar al embajador, pero esto no puede quedar ahí. Si se supone que se pueden tener conversaciones, diálogos, soluciones judiciales de extraditar, por ejemplo, a los asesinos, hay que tener presente a quién se le está pidiendo, y se le está pidiendo probablemente a los mismos que directa o indirectamente están involucrados en este crimen”, sentenció Macaya.
NUEVAS INSTRUCCIONES A EMBAJADOR GAZMURI
La afirmación que hizo en entrevista en CHV el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público en la Región Metropolitana, respecto a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda “se organizó desde Venezuela”, dio otro cariz al llamado a consulta del Presidente Gabriel Boric al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri.
Tras reunirse en Cúcuta con el canciller de Colombia, Luis Murillo, el lunes, el ministro de Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, afirmó que el Tren de Aragua es “una ficción”. Ello generó una serie de declaraciones cruzadas entre autoridades chilenas y el representante diplomático venezolano.
Por otro lado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó la “débil” colaboración del gobierno de Maduro respecto a deportaciones, tras conocerse que Julio César González Vargas, el sujeto de origen venezolano abatido en el enfrentamiento que culminó con el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez en Quinta Normal el miércoles, tenía una orden de expulsión desde 2020.
Este viernes en La Moneda, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró que se demandará a Caracas colaboración en la investigación respecto a Ronald Ojeda, considerando que se presume que personas que participaron del secuestro y homicidio del exmilitar opositor venezolano están en ese territorio.
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“Como país que hemos tenido experiencias complejas en casos similares en que hemos buscado personas acusadas de delitos graves cometidos en Chile que se encuentran localizadas en Venezuela. En el último año hemos tenido cuatro casos y la experiencia no ha sido positiva”, sostuvo la titular de Interior.
En esa línea, la secretaria de Estado adelantó que se hará uso de los instrumentos de la relación bilateral y diplomática.
“Hoy día mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso y el embajador va a recibir instrucciones aquí de parte del Presidente respecto a medidas adicionales que se han hecho y que se van a tomar en la relación bilateral”, informó Tohá.
Consultada por qué tipo de instrucciones serían las que entregará el Presidente Boric a Gazmuri, la ministra Tohá dijo que el embajador viajaba este viernes a Chile para conocerlas y que irían por la línea de “activamente demandar la colaboración y las gestiones que corresponden del gobierno de Venezuela para dar con los sospechosos autores de este delito”. (La Tercera El Mostrador)
