El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó en Cooperativa que actualmente hay más de 50 personas privadas de libertad en la región por su presunta participación en delitos de violencia rural.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor sostuvo que «se escucha permanentemente el discurso del control territorial. La función del Estado en determinadas zonas de la Región del Biobío y de La Araucanía no tiene otro propósito que dedicarse directamente a (perseguir) la ejecución de actividades ilícitas, verdaderos emprendimientos criminales».
«Cuando hablamos de robo de madera nosotros no estamos hablando de robo de leña, estamos hablando de la explotación ilegal de bosques, de eso se trata, y estamos realizando un trabajo coordinado con diferentes agencias del Estado y también con privados para poder desbaratar estas redes delictuales», dijo.
Garrido destacó que «tenemos por hechos asociados a violencia rural más de 50 personas privadas de libertad, por diferentes tipos de delito, como robos, homicidios, secuestros (…) normalmente las imputaciones no están asociadas a un fenómeno, sino que a varios, por lo tanto no es posible precisar si es robo de madera».
«Más de 30 casos donde ya se ha presentado acusación, en lo que va de este año se han realizado cuatro juicios orales con condenas por hechos de violencia rural y hay otras 16 acusaciones que están presentadas», añadió.
El fiscal regional lamentó que «efectivamente hay una sensación de que da la impresión de que no hay resultados, pero si uno ve nuestros resultados y la cantidad de personas que están privadas de libertad, que es el número más alto en la existencia del Ministerio Público en la región por hechos asociados a violencia rural, la verdad es que eso no es tan real».
«Lo que pasa es que la cantidad de casos va en aumento y eso va creando una sensación que complejiza todavía más la investigación de estos casos», puntualizó. (Cooperativa)
