La Fiscalía Nacional informó este jueves que el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, no asumirá la investigación de la querella presentada contra el Presidente Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad.
Antes de que se dictase la resolución de nombramiento, el fiscal Pérez Calaf hizo presente como inhabilidad el hecho de que un abogado de su Fiscalía Regional trabajó antes con Juan Domingo Acosta, quien ha sido abogado del Presidente, indicaron desde el ente persecutor.
Asimismo, aseguraron que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designará mañana al Fiscal Regional que estará a cargo de esta investigación.
Cabe recordar que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió ayer la acción judicial interpuesta contra Piñera, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para su investigación y análisis de peticiones,como la designación de un fiscal exclusivo. La querella fue interpuesta por un grupo de abogados «por la responsabilidad que le cabe, en su calidad de autor, como Jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de Crimen de Lesa Humanidad», registrados, a juicio de los litigantes, durante la crisis social que hoy atraviesa Chile.
El texto señala que el día 18 de octubre se iniciaron en la región Metropolitana una serie de protestas y movilizaciones «de carácter político en reclamo al alza de las tarifas de Metro de Santiago» y que en dicho contexto que el Presidente decretó estado de emergencia y designó a militares a cargo de la defensa de ciertas regiones.
«En esta situación fáctica fue que las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades, como así también la perpetración organizada, generalizada y sistemática de delitos que se concentraron en un período de tiempo de 17 días que va desde el día 19 de octubre del presente año a la fecha de la presentación de este libelo», se indica.
En esa línea, destacaron que los hechos imputados al gobernante fueron registrados «por diferentes organizaciones, medios de prensa, abogados de Derechos Humanos, Organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros, Colegio de Médicos, y muchas otras entidades».
«Es por ello que se pide dar por interpuesta la querella criminal, solicitándose además al Ministerio Público realizar diligencias como oficiar a múltiples instituciones, tomar declaraciones a autoridades, entre ellos el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, además de designar un persecutor exclusivo», reza el documento. (Emol)
