La Asociación Nacional de Fiscales rechazó enérgicamente la situación que vivieron los persecutores Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, en una audiencia por el caso Luchsinger-Mackay, en donde imputados los increparon, lo fue calificado como una «forma de amedrentamiento» por el presidente de la Asociación, Claudio Uribe.
Los imputados les exigieron que entregasen pruebas que forman parte de la investigación que se está llevando en ese caso, al igual que los familiares que se encontraban en la sala de audiencia. Terminando la situación con el desalojo total de la sala. «No quisiera imaginar qué habría pasado si Gendarmería no hubiese logrado controlar el incidente, pues a todas luces, la seguridad e integridad de los fiscales se vio seriamente en riesgo», afirma el dirigente.
Según Uribe, la presión a la que se vieron sometidos los persecutores fue alarmante y que «situaciones como esta, no deben ser aceptadas bajo ninguna circunstancia, en un país donde prima el Estado de Derecho». Y consideró que así es imposible realizar la persecución penal, acotando que «los fiscales no podemos trabajar bajo esas condiciones, en donde vemos en peligro no sólo nuestra labor, sino que también, nuestra vida». La Asociación de Fiscales ha denunciado permanentemente las graves falencias de seguridad que hay en los lugares en donde los persecutores realizan sus funciones y, aseguran, se han tomado algunas medidas de parte del Gobierno y también de la Institución.
El Mostrador/Agencias
