«Solo en la arista de Marco Enríquez-Ominami con autorización judicial hay, aproximadamente, 20 cuentas corrientes alzadas (…). Debido a la gran cantidad (de información bancaria), tener información completa no ha sido algo simple».
Así, la fiscal Paola Castiglione, miembro del equipo investigador del caso SQM, enumeró ante el 8° Juzgado de Garantía una serie de diligencias pendientes en la arista que involucra al ex candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami. Lo anterior, para argumentar en la audiencia del 20 de abril pasado el aumento de plazo de investigación que finalmente se extendió solo hasta el 25 de mayo.
Conocedores de la indagatoria advierten que la fiscalía, de cara al cierre de la investigación, está a la espera de una diligencia clave para definir el futuro judicial para ME-O. Se trata de un informe final que está siendo trabajado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI y que contendría el detalle de la trazabilidad de más de 20 cuentas bancarias personales, de sociedades y colaboradores del ex candidato presidencial.
A Enríquez-Ominami la fiscalía le imputa delitos tributarios y recientemente, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra, atribuyéndole la facilitación de 36 facturas a SQM Salar (por $391 millones) y dos a SQM (por $29 millones), entre los años 2009 y 2014.
Según allegados a la causa, el análisis de los flujos de dinero sería determinante para acreditar, por ejemplo, la motivación y existencia de dolo en la comisión de los delitos.
Para eso, entre las últimas diligencias en esta arista, el Ministerio Público sigue solicitando información a las entidades bancarias y, según consta entre los antecedentes de la indagatoria, la fiscalía recientemente ofició al SII solicitando, además, determinar el perjuicio fiscal por las operaciones realizadas por dos sociedades de su ex colaborador Cristian Warner (Cepe y Conosur Reseach) a la minera, entre 2012 y 2016.
PENA QUE ARRIESGARÍA
A la espera del informe de la PDI, los persecutores ya trabajan en la acusación contra el ex diputado, quien podría arriesgar una pena de entre 541 días a tres años.
Hasta ahora, la única atenuante que le reconocería el Ministerio Público es la de irreprochable conducta anterior.
Para acreditar las imputaciones contra ME-O, la fiscalía cuenta, además, con la declaración del ex gerente general de SQM Patricio Contesse, en la que acusó al líder del PRO de solicitar financiamiento para sus campañas políticas, aportes que se habrían concretado mediante boletas y facturas ideológicamente falsas. Versión que Enríquez-Ominami ha desmentido.
En el caso de Warner -también formalizado en la causa-, se evalúa un término judicial mediante procedimiento abreviado. Sin embargo, aún no estaría zanjado. (El Mercurio)
