Un fluido intercambio de información y sugerencias entre la Subsecretaría de Pesca del Gobierno de Sebastián Piñera, liderada por el RN Pablo Galilea, y el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, revelan una serie de correos electrónicos con la asesora jurídica del organismo estatal, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons.
Los correos, algunos con copia a Galilea, forman parte de la carpeta investigativa del caso Corpesca, liderado por la fiscal Ximena Chong.
En 2013, Francisco Mujica tuvo que dejar su cargo en la pesquera del grupo Angelini tras 14 años en la empresa, en medio de la polémica por las denuncias de donaciones a la diputada Marta Isasi, en el marco de la campaña electoral del año 2009, lo que habría sido la moneda de cambio para tener su respaldo a la Ley de Pesca aprobada a fines de 2012.
Pese a ello, un mes después de su renuncia, el ingeniero civil fue designado por el Gobierno como miembro del Consejo Nacional de Pesca a través de un decreto firmado, entre otros, por el entonces Presidente Sebastián Piñera y el subsecretario Pablo Galilea.
Este año su nombre saltó a los medios nuevamente, luego de que se filtrara su declaración ante la Fiscalía en el marco del caso Corpesca, detallando que el senador Jaime Orpis (UDI) había solicitado a la compañía, entre 2008 y 2010, aportes financieros con distintos objetivos.
Hasta ahora había salido a la luz pública que tenía un “contacto” en la Subsecretaría de Pesca, que informaba al ejecutivo de las reuniones que sostenía Galilea y le entregaba datos de cómo se preparaban en distintos temas relativos a la industria. Se trata de Maximiliano Alarma, que era jefe de la División de Administración Pesquera de ese mismo organismo.
Pero los correos que maneja la Fiscalía dan cuenta de que Mujica mantenía un acceso privilegiado a información incluso reservada manejada por la Subsecretaría.
LA SUGERENCIA
“Estimada María Alicia, te adjunto nómina solicitada por don Pablo de posibles invitados a una reunión informativa de la Ley de Pesca para esta semana. Favor de indicar el día y hora para mover a la gente”, señalaba Francisco Mujica en un correo electrónico enviado el 13 de junio de 2011 –seis meses antes de que el Gobierno ingresara el proyecto de ley que impulsaba la nueva Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira– a la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons.
El correo incluía un listado de siete dirigentes sindicales del mundo pesquero, entre los que se contaban el presidente del Sindicato Interempresa de Patrones de Pesca Iquique, Michel Campillay, señalado en la investigación como cercano a Corpesca y encargado, entre otras cosas, de entregar información a Mujica sobre los movimientos de la Comisión de Pesca del Senado.
El 28 de octubre pasado, María Alicia Baltierra declaró como testigo ante la Fiscalía y, consultada sobre este mail, explicó que este tipo de reuniones informativas eran habituales. “Se hacían tanto en el Congreso, a veces en la SSP (Subsecretaría de Pesca)”, puntualizó. Detallando que en todas las organizaciones de pescadores industriales participan dirigentes laborales, pero “no sé por qué es Francisco Mujica quien indica a qué dirigentes sindicales invitar”.
Un mes antes, el 12 de mayo de 2011, Mujica enviaba a Baltierra una propuesta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (Asipnor), del articulado de la Ley de Pesca.
Un día después, a las 11:36 horas del viernes 13 de mayo, el ejecutivo adjuntaba a Baltierra una resolución peruana “para que la compartan con el subsecretario de Pesca y su equipo asesor, con el fin vean por dónde vendrán los próximos ‘dardos’ hacia la paupérrima cuota para el norte y cómo la aprovechan los peruanos desconociendo todo el acuerdo de Cali”.
La respuesta de la abogada –que se desempeñó anteriormente en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), compuesta por Corpesca, Itata, El Golfo, Adimar, entre otros– fue rápida. A las 13:05 respondía agradeciendo y asegurando que remitiría la información “al embajador Balmaceda”.
En su declaración a la Fiscalía, Baltierra explica que “en una reunión en Cali se fija el límite de captura, respecto del cual Chile incorpora tanto la pesca de alta mar como la ZEF. En cambio Perú solo incorpora la pesca de alta mar, lo que además les permitiría aumentar sus capturas para acumular mayor captura histórica. Esto afectaba a los industriales del jurel y por eso Francisco Mujica me lo envía”.
INFORMACIÓN RESERVADA
El jueves 13 de septiembre de 2012, Baltierra proporcionaba información reservada a Mujica a través de un mail con copia a Galilea, titulado “propuesta de la propiedad de peces”. “De acuerdo a la conversación con Ramón Pino (jefe de Gestión y Desarrollo de Corpesca) envío a usted una propuesta para el artículo que establece cuál sería el estatuto jurídico de los peces. Este es un tema analizado y concordado con Cancillería y que aún es en total reserva”, señala.
Consultada por la Fiscalía, Baltierra señaló que la alusión a la reserva “es solo porque el artículo aún no entra al Congreso”.
Un mes antes, el miércoles 3 de octubre de 2012, Mujica mandaba un nuevo mail a Baltierra, con copia a Pablo Galilea, señalando que el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, “me envió el documento de indicaciones referente a las caducaciones, que me permito enviarte y a su vez poder discutirlo con don Pablo. También te envié mis observaciones al párrafo 2º. Te pediría que estos me lleguen en forma directa porque no sé lo que le distribuyen solo a Sonapesca”.
Baltierra respondía ese mismo día que revisarían el tema. “Hay dos opciones o excluir a los pelágicos y dejarlos con una norma de lo desembarcado en un determinado periodo de tiempo y a los demás con cumplimientos de las cuotas, o bien dejarlos a todos con lo desembarcado. Esto porque estamos claros en las distorsiones que genera especialmente en los pelágicos pequeños. En relación a sus comentarios del párrafo segundo, efectivamente la Convención es para alta mar, pero también contempla ese mecanismo que puede aplicarse a la ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) en cuyo caso se requiere la aprobación del Estado de Chile y la idea es regular cómo se otorga esa autorización”, explicaba la abogada, que finalizaba el mail señalando que “lo llamo mañana si tenemos más novedades”.
