Primero fue Contraloría y luego la Fiscalía. Ambas instituciones se encuentran desde febrero investigando la truncada compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago y que ha complicado públicamente la gestión de la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC).
Hasta mediados de noviembre del año pasado, la Municipalidad de Santiago tenía todo preparado para cerrar el trato -con la Inmobiliaria San Valentino- que les permitiría contar con su primera clínica municipal. Sin embargo, todo se fue complicando, hasta que Contraloría suspendió la adquisición que involucraba el desembolso de $ 8.200 millones.
Ahora, ya con la investigación de la Fiscalía sobre ruedas, las diligencias se han ido intensificando, donde “congelar” los eventuales movimientos de dinero aparecen como claves.
Es por eso que el fiscal Patricio Cooper, primero, accedió al requerimiento del abogado querellante Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johanes Kaiser. En esta solicitud se pedía incautar el vale vista por $ 2.465.862.002 que Santiago había emitido a nombre de los vendedores del recinto clínico. Este pago correspondía al 30% del precio pactado.
Cooper, sin embargo, quiso requisar el documento por entrega voluntaria, a través de la notaría donde estaba alojado el documento. Sin embargo, se encontró con la negativa del notario Félix Jara Cadot, quien no accedió a lo solicitado por el fiscal.
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Ante esta respuesta, el Ministerio Público debió elevar la solicitud al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para obtener la autorización judicial de la diligencia. Y obtuvo el visto bueno.
La jueza Michelle Ibacache resolvió -el miércoles 22 de marzo- que “teniendo en consideración que se encuentra suficientemente fundada la petición, además lo solicitado es proporcional al delito investigado, el medio es idóneo y necesario con el objeto de evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino del vale vista”.
El tribunal ordenó que la diligencia fuera practicada por la PDI, bajo la supervisión del Ministerio Público, y así asegurar el éxito de la incautación del documento.
Desde la Municipalidad de Santiago también reaccionaron a la resolución del juzgado. “Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y probidad. Hemos entregado todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y nos encontramos disponibles a aportar toda información que requiera en su momento la Fiscalía Centro Norte, ya que somos los primeros interesados en que esta situación quede despejada en sus distintas aristas”, señalaron.
Agregaron que “la acción autorizada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago confirma y asegura que no existe ningún gasto de los recursos municipales, mientras las acciones de las distintas instituciones lo estime pertinente. Algo que, hemos indicado en diversas ocasiones”.
Consultado el abogado Sergio Rodríguez Oro, este explicó que “evitar que la vendedora cobre el vale vista es un gran avance, ya que toda la gestión judicial iniciada tiene dos objetos. Por un lado dar protección a la víctima, la Municipalidad de Santiago, evitando un perjuicio para su patrimonio; y por el otro, sancionar el fraude al Fisco, por funcionarios municipales que infringieron sus deberes de probidad y lealtad”.
El querellante, además, agregó que “se demuestra, adicionalmente, que existen antecedentes graves sobre la existencia del delito, al adquirir un inmueble abandonado y que antes funcionaba como clínica, en base a tasaciones ideológicamente falsas. Lo que viene ahora es la declaración de los imputados, cosa que creemos ocurrirá a la brevedad”.
El Ministerio Público, además, ya ha oficiado al Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos para levantar los antecedentes que dan cuenta de cómo se gestó el intento de compra de la exclínica. Con todo eso ya en carpeta, la Fiscalía dará inicio a la ronda de declaraciones, donde la citación de la alcaldesa Hassler aparece como uno de los testimonios más valiosos del caso. (La Tercera)
