La política social chilena actual tiene como característica la focalización. Esta pretende la optimización de los recursos públicos derivando las ayudas y apoyos a aquellas personas que “en realidad” lo necesitan. Para ello, se construye una clasificación socioeconómica (CSE) que considera ingresos del último año, el número de personas que componen el hogar y sus características, tales como personas en situación de dependencia. El sistema evalúa la coherencia de esta clasificación con “la tenencia de bienes raíces y/o vehículos de los integrantes del hogar y acceso a planes de salud y/o establecimientos educacionales de alto valor”, según informa el Ministerio de Desarrollo Social.
La idea que parece razonable tiene efectos perversos, en particular en pandemia. Primero, combina flujos (ingresos) y stocks (activos), mala mezcla porque cuando los ingresos caen, los stocks quedan. Como mucha gente perdió su empleo pero había adquirido algún activo, su CSE no cae lo suficiente, y por lo tanto no es sujeto de ayudas estatales o municipales. Esta situación —típica en comunas como La Florida, La Pintana o Puente Alto— ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de aquello que llamamos clase media. Esta penalización afecta aún más a personas que accedieron a algunos de estos bienes a través de deuda, pues esta tampoco desaparece con el desempleo. Una familia simultáneamente puede tener una buena casa comprada en época de prosperidad, pero uno o más miembros están desempleados —recibiendo un subsidio de cesantía de 6 meses— o jubilados —recibiendo una pensión que es un 30% del ingreso previo—. El flujo puede disminuir radicalmente; la casa, el auto y la deuda permanecen. Sin recibir ningún tipo de ayuda, deben trabajar de manera informal y precarizada. Esto puede llegar a niveles tan altos como el percentil 70 de la distribución del ingreso.
Un segundo problema es que la imperfección del instrumento se presta para políticas clientelistas a nivel municipal. La ciudadanía no entiende por qué algunos vecinos del mismo barrio reciben apoyo y por qué otros no. La sospecha cunde respecto de que las entregas de alimentos obedezcan a una lógica de lealtad con el alcalde y no la real necesidad de las familias. Estas políticas promueven el clientelismo y una forma de hacer política pública que es destructora del capital social y de la confianza entre las personas y de estas con sus autoridades.
La forma de avanzar es a través de políticas “más universalistas”. Sabemos que aquellas 100% universales son muy caras y en un contexto de escasez de recursos ello no es posible. Sin embargo, es necesario ver también los costos de la focalización excesiva. En tiempos de pandemia esta lógica ha reducido el impacto de las ayudas estatales y ha generado una fuerte pérdida real y/o potencial de estatus socioeconómico. Esto está en la base de los dos retiros de fondos desde las AFP que la ciudadanía los vive como una “tabla de salvación”. Según informa la Superintendencia de Pensiones, los retiros de fondos ya casi llegan a los USD 35.000 millones, como un 13% del PIB. ¡Vaya costo!
Por otro lado, si el proceso constituyente debe reconstruir la relación entre la ciudadanía y el Estado, debemos reducir drásticamente el “Estado clientelar”, los caudillismos que usan o podrían usar instrumentos imperfectos de distribución de ayudas estatales o municipales para inducir servilismo y dependencia.
Entre otras definiciones, “dignidad” significa tener control sobre uno mismo, ser autónomo. Cuando el ingreso puede no ser suficiente, esto requiere más derechos y menos uso de instrumentos imperfectos que generan sospecha y se prestan potencialmente para subyugar en lugar de dignificar.
Guillermo Larraín
Académico, Facultad de Economía y Negocios
Universidad De Chile
