El gobierno francés se reunirá el martes en forma extraordinaria para autorizar al Ejecutivo a adoptar una polémica reforma laboral sin voto parlamentario, informaron varios ministros a la AFP.
Los ministros se reunirán a las 14H30 (12H30 GMT) para aprobar la utilización del artículo 49.3, por el cual la ley laboral se dará por aprobada salvo que el parlamento decida censurar al gobierno.
Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato del presidente François Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en 2012.
Desde el 9 de marzo, sindicatos de asalariados y de estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la policía.
Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían en favor del texto.
Dado que sin ellos no tendría mayoría, el gobierno decidió recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea.
Los diputados de la oposición de derecha y de centro (LR y UDI) han preparado ya una moción de censura al gobierno en caso de recurso al artículo 49.3 para hacer adoptar la ley laboral, afirmaron el martes los jefes de las dos bancadas, Christian Jacob y Philippe Vigier.
Por su parte, el jefe de la bancada del Frente de Izquierda, André Chassaigne, indicó que su grupo abogará por una «moción de censura de izquierda».
El movimiento ciudadano Noche en Pie, que ocupa la plaza de la República de París desde hace más de un mes, estimó que la adopción de la ley laboral sin voto del Parlamento es «un insulto al pueblo».
«Esta denegación de democracia después de un movimiento social que ha agrupado a cientos de miles de personas en las calles, en las empresas, en las universidades, en los institutos secundarios y en las plazas de Francia, es un insulto al pueblo», dijo el movimiento en un comunicado.
El proyecto de ley da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos. Para sus detractores, aumentará la precariedad laboral.
Los adversarios del proyecto consideran además que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados. (La Tercera AFP)
