La trama de la crisis de los Frei Ruiz-Tagle no acaba. Al quiebre familiar provocado por la autoinculpación de Francisco -quien admitió haber cometido una serie de ilícitos durante la administración de la sociedad de su hermano, el expresidente Eduardo Frei-, se suma ahora como un nuevo capítulo la quiebra de Almadena (Almacenes de Depósitos Nacionales S.A).
La compañía –fundada hace 40 años– era la base principal del engranaje empresarial del matrimonio compuesto por Francisco Frei y Marta Ana María Parada Quesada, quienes desde la gerencia general y la presidencia, respectivamente, lideraron la firma. Su principal negocio era la gestión crediticia mediante el mecanismo de warrants que beneficiaban a agricultores de las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.
Y fue principalmente para paliar las deudas que arrastraba esta empresa que el hermano menor del clan Frei firmó una serie de instrumentos crediticios, como letras y pagarés, a nombre de Inversiones Saturno S.A., propiedad del expresidente, pero sin su consentimiento ni su conocimiento.
El pasado viernes, los abogados Isidora y Cristóbal Viñes, en representación de Almadena, solicitaron al 24° Juzgado Civil de Santiago declarar la liquidación voluntaria de la firma por millonarias deudas. Entre los documentos presentados se encuentra un cúmulo de acreedores laborales por no pago de sus cotizaciones previsionales. Justamente en este listado figuran Francisco Frei Ruiz-Tagle y su hijo Nicolás Frei Parada. Al primero se le adeudan $1.122.826. Al segundo, la compañía le debe $836.959 en el pago de sus cotizaciones de AFP.
Ambos forman parte de una lista compuesta por 48 ex trabajadores de Almadena y serían beneficiados en caso de una eventual primera repartición de los bienes liquidados debido a lo dispuesto por la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento. A todos ellos se les adeudan en total $27.060.182 sólo por concepto de cotizaciones previsionales.
Cercanos a la familia Frei Parada sostienen que en procesos de insolvencia es común que los trabajadores exijan el pago de sus cotizaciones impagas y que, por tanto, se apega a la legalidad el que padre e hijo pidan que les paguen la AFP a pesar de que fueran los propietarios de la firma.
La firma desde sus inicios mantuvo una estrecha relación familiar. Sus hijos Nicolás y Matías formaron parte de la administración. El primero de ellos fue, durante 12 años, el brazo derecho de su padre al interior de Almadena, pero desde julio pasado se encuentra en “transición laboral”. En en otras palabras, sin trabajo. Mientras el segundo, desde que dejó la compañía en 2005, se desempeña como social media manager de Codelco.
La compañía, que alguna vez ocupó un sitial de privilegio al ser el mayor operador de warrants, hoy se encuentra en un declive inexorable debido una abultada mochila de deudas. “Producto de malas decisiones comerciales y financieras, tomadas con la intención de dar viabilidad financiera y económica a la empresa, se realizaron una serie de operaciones que significaron mantenerla operativa, pero a costa de endeudarla de manera creciente y progresiva hasta un punto en que se volvió insostenible”, consignó la solicitud de liquidación voluntaria.
A la fecha las demandas en contra de Almadena e Inversiones Saturno -cuya propietaria es la familia Frei Larraechea– suman en total más de $ 4.000 millones. En particular, a esta última las acciones ejecutivas alcanzan un total de $ 1.362.295.887. Los principales acreedores de Saturno son Tanner Servicios Financieros S.A ($ 825.355.182); Nuevo Capital S.A ($ 248.000.000) y Finameris Servicios Financieros ($ 159.000.000).
BCI Y SECURITY LOS MAYORES ACREEDORES
Los principales acreedores de Almadena son bancos ($3.009 millones), factoring ($ 2.979 millones), proveedores ($559.159.210) y cuentas con empresas relacionadas ($186.557.413).
Entre los bancos a los cuales más dinero adeuda la compañía están el BCI ($957.335.109), Security ($850.416.502) y BBVA ($284.770.155).
Entre los acreedores también aparecen personas naturales a quienes se les adeuda el pago de honorarios por servicios prestados a la compañía. Entre ellos está el abogado Mauricio Daza ($6.000.000), quien actuara como defensor de la compañía en una serie de litigios. También aparece la abogada María Soledad Lazcar, titular de la 38° Notaría de Santiago a quien Almadena adeuda $2.189.999, y José Manuel Cruz Weston, quien durante 33 años fuera agente y representante en Talca de la firma.
Sin embargo, uno de los honorarios que resulta llamativo es el que la empresa adeuda a Mario Enrique Undurraga, concejal de la comuna de Curicó y quien recientemente junto a un grupo de sus pares fue formalizado por el presunto delito de fraude al Fisco en el Juzgado de Garantía de esa ciudad. Al edil, Almadena le debe en total $396.780.
