Tuvimos una semana bastante noticiosa en cuanto al panorama de seguridad: Un carabinero fue atropellado en Concepción; nos enteramos del interesante prontuario de Brandon Rojas, uno de los 13 indultados en diciembre y desde la Secretaría General de la Presidencia se nos informó de 16 urgencias para proyectos de seguridad. Este último asunto debería darnos optimismo, las autoridades comienzan a acelerar las acciones para responder a una de las prioridades de los chilenos, pero… las contradicciones se siguen acumulando y la credibilidad se pierde de a poco.
Luego de la muerte del policía en Concepción el Presidente tuiteó un mensaje donde afirmaba que “aplicaremos todo el rigor del derecho”. Hasta ahí todo bien, sin embargo, el problema viene dado por la pesada mochila de indultos que decidió cargar el Mandatario en diciembre: uno de los indultados estaba preso por atropellar a un PDI.
Entre los 16 proyectos que recibieron urgencia se encuentran el de inteligencia y el que moderniza el delito de asociación ilícita. Boric en su calidad de diputado había votado en contra del primero y con respecto al segundo, hay que mencionar que en su calidad de Presidente indultó a Rojas, quien entre otras cosas estaba acusado de participar en operaciones de asociación ilícita por uso y recaudación de fondos para actividades violentas en el marco del estallido social.
Si bien se realizan acciones que pueden interpretarse como avances, éstas rápidamente son contrastadas por otras que parecieran retrocesos. El peor enemigo del Presidente es él mismo y el mayor riesgo es la pérdida de credibilidad que tiene como consecuencia de la falta de un relato coherente que ha llevado a los ciudadanos a tomar la justicia en sus manos.
Hoy, los dueños de locales comerciales no dudan en hacer uso de su arma debidamente inscrita y desde el año pasado que vemos las detenciones ciudadanas. Del miedo, el chileno pasó a la acción teniendo respuestas cada vez más riesgosas frente al delito.
La principal consecuencia de lo anterior es el deterioro de la democracia debido al empeoramiento en las condiciones de seguridad y la falta de acción del Estado. En este sentido, la encuesta CEP de diciembre de 2022 mostró un aumento estadísticamente significativo con respecto a la medición anterior entre quienes afirmaban que “en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”. Esto nos lleva a pensar que, frente a ciertos eventos, los ciudadanos están dispuestos a ceder libertades, algo que también confirmó la encuesta: un 68% valora más “que haya orden público y seguridad ciudadana” que “libertades públicas y privadas”.
La seguridad es la piedra angular para alcanzar el desarrollo y el bienestar, es también un cimiento fundamental para la democracia. Sin ella el retroceso para el país puede ser muy grande, la falta de decisiones claras por parte del gobierno muy costoso para los chilenos.
Es hora de poner se acuerdo y asumir la responsabilidad de la conducción política de la seguridad. (El Líbero)
Pilar Lizana
