El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, descartó esta jornada que la ex autoridad de la rama ministerial, Manuel Monsalve, haya recibido privilegios tras ser trasladado desde la cárcel de Rancagua al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Monsalve se encuentra en prisión preventiva desde el pasado martes.
El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, acogió la solicitud de la Fiscalía Centro Norte, que formalizó a la otrora autoridad de Gobierno por los delitos de violación y abuso sexual, los que habría cometido contra una funcionaria de la repartición entre el 22 y 23 de septiembre en una habitación del Hotel Panamericano.
El traslado se produjo después de que la defensa presentara un recurso de amparo, argumentando que la seguridad e integridad del exsubsecretario estaban en serio riesgo. Según los abogados, el imputado había recibido amenazas de muerte y había sido víctima de improperios en la cárcel de Rancagua, donde comenzó a cumplir la prisión preventiva.
Este hito ha marcado el desarrollo de la jornada en que se desarrolla la segunda vuelta de gobernadores para 11 regiones del país. Consultado sobre el traslado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que la modificación del lugar dónde Monsalve debe cumplir la medida cautelar se hizo por «orden de un tribunal de la República».
«Los tribunales de la República lo que determinaron es que Manuel Monsalve tenía que encontrarse en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. Entonces, él fue trasladado desde un establecimiento penitenciario a otro que le daba las posibilidades de mejorar la situación de seguridad, de evitar riesgos», añadió.
El secretario de Estado afirmó que los recintos carcelarios de Chile «cumplen con las medidas de seguridad» y que Gendarmería «tiene el control precisamente para asegurar que se puedan cumplir adecuadamente tanto las condenas como las prisiones preventivas que decretan los tribunales, nuestro sistema penitenciario realiza el traslado».
Además, lo hizo aludiendo a que en los establecimientos penitenciarios se realiza la «segregación» de la población penal, considerando diversos elementos, como compromiso delictual, edad, entre otros, con el objetivo de resguardar la seguridad de los internos y evitar también la «contaminación criminógena».
«Tenemos un hecho inédito, que nunca habíamos tenido: una persona que estaba a cargo de todas las policías, que se encontraba hasta hace poco ejerciendo ese cargo, que se encontraba vinculado a investigaciones respecto a un conjunto de personas que hoy están detenidas. Entonces para eso se tomó esta medida», añadió. Con todo, cuestionó: «¿Cómo va a ser un privilegio?».
«Primero que todo, una persona se encuentra en prisión preventiva. Segundo, que se encuentra en prisión preventiva en un establecimiento por orden de un tribunal. Tercero, está cumpliendo su prisión preventiva. No hay contradicción de Gendarmería, porque lo que hace es los distintos establecimientos penales, los pone a disposición de los tribunales y son los tribunales de justicia los que señalan donde tienen que cumplir», planteó.
CORDERO
Por otro lado, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que «a ninguna autoridad el Ejecutivo le corresponde intervenir en los traslados por razones de seguridad que esgrime Gendarmería. Además, para ese tipo de traslados Gendarmería pide autorización judicial como sucedió en este caso».
Consultado sobre si considera que el traslado fue privilegio, el subsecretario respondió que «al Ejecutivo no le corresponde hacer una evaluación de solo una decisión jurisdiccional». (Emol)
