Cerca de 18 establecimientos educacionales siguen en toma o paralizados por los casos de acoso sexual y abuso vividos dentro y fuera de la sala de clases que involucran a autoridades o académicos de las instituciones.
Ante este escenario, el ministro de Educación, Gerardo Varela, señaló que el Mineduc ha trabajado en torno a esta situación. «Es un tema que nosotros como ministerio de educación, hemos trabajado, tenemos instructivos, manuales». «Por supuesto que estamos por una educación no sexista y, por eso, hemos distribuido por los colegios manuales de convivencia, cuestión que es muy importante», agregó Varela.
Acerca las tareas que han realizado previo a los paros y marchas por una educación sexual no sexista, aseguró que «tenemos otro manual que hemos distribuido, ya desde el 2016, que es un manual de convivencia y de no sexismo a la educación superior también. Así que es un tema que nos hemos tomado muy en serio, y que, por supuesto, hemos trabajado».
Cuando el ministro fue cuestionado acerca de exigencia de renuncia desde la Cones, que se le han hecho sobre Tomás Henríquez como Jefe de División Jurídica del Mineduc, por su participación en organizaciones en contra de la diversidad sexual y el aborto, el ministro contestó que «nosotros somos un ministerio abierto, tolerante, en que conviven todo tipo de personas dentro (…), y mientras hagan bien su trabajo profesional, nosotros los vamos a mantener en sus cargos«.
Varela recalcó que el ministerio está compuesto por diferentes personas, «nos parece que es la forma adecuada de administrar un ministerio que no tiene por qué tener una sola línea de pensamiento. Lo más importante es que el ministerio esté alineado, que todos sus funcionarios estén trabajando por el bienestar de los niños y por la buena educación, porque los niños están primero».
REPAROS DE CONTRALORÍA
El Ministerio de Educación está reformulando el contrato de Tomás Henríquez Carrera, actual jefe de la División Jurídica del Mineduc y uno de los abogados más cercanos del ex candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast.
Henríquez Carrera es abogado de la Universidad Católica, Máster en Derecho de la Universidad de Georgetown y docente en la educación superior, y además fue director de la la ONG conservadora Comunidad y Justicia. Su nombramiento, junto al de otros seis profesionales que llegaron al servicio público con el ministro Gerardo Varela, fue representado por la Contraloría General de la República. Desde el Mineduc aclaran a La Tercera PM que se trata de problemas de forma y no de fondo.
“Frente a algunos de los nuevos nombramientos, cuyos decretos fueron confeccionados por la unidad de recursos humanos, la Contraloría se abstuvo de tomar razón por razones de forma, en cuanto faltaban considerandos de fundamentación, dados sus nuevos criterios en materia de contratación y término anticipado. En ningún caso se ha tratado de una falta de cumplimiento de requisitos para ingresar a la administración pública y a estos cargos en particular. Todos los decretos están siendo modificados para cumplir con estas observaciones menores, y serán reingresados a la Contraloría”, precisaron.
La designación de Henríquez Carrera generó reparos por parte del mundo progresista. Desde Comunidad y Justicia, organización “centrada en la defensa del derecho a la vida, de la familia, a la libertad de enseñanza, de religión y de las conciencias, al derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos”, emprendió una serie de acciones que buscaban frenar el avance en derechos de las minorías sexuales. Desde allí, presentó un recurso en contra de la distribución del libro “Nicolás Tiene 2 Papás” y una querella por prevaricación contra el juez Luis Fernández, quien el 22 de agosto de 2016 aprobó el cambio legal de sexo y nombre, tras una petición de su familia, de una niña transgénero de 5 años.
Además en 2016, recurrió con el entonces diputado José Antonio Kast (IND) a la Contraloría para pedir que se declarara ilegal el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que buscaba destrabar una demanda de la organización en contra de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También defendió públicamente al dueño de una imprenta se negó a imprimir las invitaciones para una Unión Civil de una pareja homosexual. Adujo al respecto “la objeción de la imprenta no es a atender a homosexuales sino a que la obliguen a participar de un acto que ellos consideran inmoral”. (Emol-La Tercera)
