El gobierno de Michelle Bachelet está acelerando la tramitación de algunas iniciativas legislativas antes de marzo próximo para evitar que la futura presidencia de Sebastián Piñera dé marcha atrás en algunas de sus reformas más emblemáticas.
En la agenda del Ejecutivo figuran leyes y reglamentos que se consideran prioritarios para cerrar el ciclo de este Gobierno, el último de Michelle Bachelet.
Con un nivel de aprobación cercano al 40 %, la mitad del que tenía cuando concluyó su primer mandato (20006-2010), la mandataria ha dejado claro que no piensa volver a postularse a la presidencia.
Y se muestra orgullosa de su legado de reformas para modernizar un país que figura como el último de la fila de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en lo que a igualdad se refiere.
Aunque gran parte de la opinión pública y la prensa local (y prácticamente todo el empresariado y la oposición) le hayan dado la espalda, Bachelet quiere pasar a la historia como la jefa de Estado que transformó definitivamente el país.
«Entre todos también hemos ampliado los derechos de las personas y la transparencia de nuestras instituciones. Y confío en que con los años, los muchos avances alcanzados serán motivo de orgullo para el país en su conjunto», dijo la jefa de Estado en su saludo de Año Nuevo.
Algunas de sus medidas más emblemáticas dan fe de este afán constituyente, como el cambio del sistema electoral, la regulación financiera, el nuevo modelo educativo y las medidas anticorrupción.
Pero junto con reformas consolidadas, como la laboral, la tributaria y la educativa, hay otras que se encuentran en fase de discusión parlamentaria y que La Moneda considera que corren riesgo de no ser aprobadas.
«Podemos enviar proyectos de ley de aquí a que termine el gobierno», le espetó la jefa de Estado a Bernardo Larraín, líder de la Sofofa, cuando semanas atrás los empresarios criticaron lo que denominaron «frenesí legislativo» en la recta final del Ejecutivo.
Además de un Parlamento en el que hasta el próximo 11 de marzo la coalición oficialista cuenta con mayoría absoluta, la presidenta de la República tiene una facultad constitucional para otorgar preferencia al conocimiento y despacho de ciertos proyectos de ley por parte del Congreso Nacional.
Esta herramienta, conocida como urgencia legislativa, permite que el Gobierno obligue al Parlamento a despachar una iniciativa en plazos que van desde 30 a 6 días.
En estos casi cuatro años de la administración Bachelet, se garantizó el acceso gratuito a colegios y universidades, se promulgó una reforma tributaria que aumentó los impuestos a grandes compañías, se suprimió el sistema electoral binominal que excluía a los partidos pequeños, y se aprobó la unión civil entre homosexuales.
Y además se legisló el derecho al aborto en tres circunstancias especiales, sacando así a Chile de la lista de seis países en el mundo donde esta práctica era ilegal en todos los casos.
Pero la promulgación de la ley de interrupción del embarazo no garantiza su plena ejecución, porque hace falta un reglamento que desarrolle la norma general, una tarea que el Ejecutivo está acelerando.
Porque no otorgarle financiación en la partida correspondiente de la ley de presupuestos o no aprobar su reglamento son formas subrepticias de obstaculizar la aplicación de una ley, advierten fuentes de La Moneda.
Eso es algo que ya ocurrió con el primer Gobierno de Sebastián Piñera y la ley que establecía la obligatoriedad de distribución de la «píldora del día después» en los consultorios.
En este momento hay una lista de proyectos emblemáticos del Gobierno Bachelet que se encuentran en distintas fases del trámite legislativo. Algunos de ellos será imposible que se conviertan en leyes de la República con en este Gobierno.
Éste es el caso del proyecto de ley que busca reformar el sistema de pensiones enviado por el Ejecutivo el pasado 10 de agosto y que el propio ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, reconoce que es casi «imposible» aprobar en esta presidencia.
Otro ejemplo similar es el del proyecto de ley que busca modernizar la normativa sobre migraciones, ya que la actual data de 1975 y se ha demostrado inadecuada para hacer frente a la explosión migratoria que vive Chile desde hace unos años.
Es probable que corran mejor suerte los proyectos de ley para dividir el controvertido Servicio Nacional de Menores en dos organismos diferentes, uno que se haga cargo de los niños y adolescentes en situación de riesgo social y otro para aquellos que han cometido algún tipo de delito.
Y también el proyecto de Derecho a la Identidad de Género, una iniciativa largamente esperada por la comunidad LGTBI que ingresó al Senado hace casi cuatro años, donde ha sido objeto de largas discusiones y demoras, por lo que el Ejecutivo le ha otorgado suma urgencia.
En tanto, la iniciativa que busca elaborar una Carta Magna plenamente democrática se encuentra en su revisión final por parte del Gobierno y será enviado al Parlamento en enero, un año después de recopilar la opinión de 200.000 ciudadanos sobre la futura Constitución.
Con otras medidas, como el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, que contempla la adopción homoparental, el Gobierno de Bachelet confía en que no sean retiradas por el Ejecutivo de Sebastián Piñera, considerando que se tratan de un compromiso del Estado y que el futuro Parlamento estará en manos de la oposición. (El Mostrador)
