Fueron prácticamente tres años de tramitación que quedaron en nada cuando la comisión mixta que evaluaba el proyecto que hacía obligatorio el kínder rechazó las partes centrales del texto.
En junio pasado, la instancia decidió eliminar de la iniciativa todo lo relativo a la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia como requisito para ingresar a primero básico y, aunque se mantuvieron algunos artículos transitorios, la idea central del proyecto se cayó.
Pese a ese revés, el gobierno decidió enviar un veto aditivo, que ingresará este jueves, para reponer las ideas matrices del proyecto, según confirmó a La Tercera el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Salvada recién hace una semana la valla de la acusación constitucional en su contra, la movida implica que el jefe de cartera retoma una de sus iniciativas más emblemáticas, para la cual deberá eventualmente construir una negociación con parlamentarios que votaron en su contra.
Para explicar las razones de su decisión, el secretario de Estado aseveró que “la educación parvularia es un eje central de la agenda de educación del gobierno y, en ese sentido, concretar la obligatoriedad del kínder es una prioridad, fundamentalmente, porque abordar la educación parvularia es la mejor manera para evitar que se generen las brechas de aprendizaje que hoy día existen en nuestro país. Por lo tanto, todo el esfuerzo de la política educativa debiese centrarse en este nivel”.
Junto con reponer los artículos rechazados, el Ejecutivo incrementará al doble los recursos considerados en la iniciativa. Es decir, al fondo inicial de $2.000 millones para infraestructura se agregan otros $2.000 millones, con el fin de “incentivar aún más las acciones que releven los objetivos y particularidades del nivel de educación parvularia”. Al respecto, Figueroa precisó que, ante las críticas que había recibido el texto respecto de propiciar la escolarización temprana, los recursos adicionales apuntan a “asegurar que la educación parvularia tenga un carácter diferenciador respecto del mundo escolar”, con la implementación de las estrategias de transición adecuadas para promover el aprendizaje mediante experiencias significativas a través del juego, descubrimiento y alfabetización emocional y creatividad, entre otras.
En ese sentido, Figueroa afirmó que “concretar la reforma constitucional para que el kinder sea obligatorio lo que hace es, primero, cumplir compromisos internacionales de Chile que apuntan a tener, al menos, un nivel de educación parvularia obligatoria. Segundo, dar una señal muy clara a toda la comunidad de la importancia de este nivel y, por esa vía, asegurar que la acción del Estado va a estar siempre en generar las mejores condiciones para la educación parvularia y que los apoderados no dejen pasar la oportunidad de que sus hijos tengan una formación integral a temprana edad”.
Según recalcan desde el gobierno, la reforma constitucional que estableció el kínder obligatorio, y que presentó el Presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno, establece la necesidad de promulgar una ley que regule su implementación.
Ese punto fue refutado por el senador Carlos Montes (PS), quien integró la mixta que botó el proyecto a mediados de junio, cuando dijo que “hace once años se aprobó en la Constitución que el kínder sería obligatorio y, desde esa fecha, el Estado ha dispuesto políticas con ese fin, y hoy tenemos matriculados en kínder entre 93 y 97% de los niños, entonces es prácticamente obligatorio porque están todos adentro. Este proyecto es solo una tozudez del gobierno”.
Por otra parte, los detractores de la iniciativa destacaban que, sobre todo en regiones, había zonas en que resultaba muy complejo llevar a los niños a las escuelas –por la distancia o por complejidades climáticas o geográficas-, asunto que, en opinión del oficialismo, era abordado con el fondo de $2.000 millones contemplado para infraestructura. No obstante, en el propio gobierno destacan que la cobertura en la educación parvularia está prácticamente asegurada en su totalidad.
En ese contexto, distintas voces de Chile Vamos y La Moneda acusaron que la oposición buscó asestar un golpe al gobierno, en particular al titular de Educación, con quien habían mantenido una tensa relación, sobre todo producto de la insistencia del ministro para que los establecimientos educacionales reabrieran pese a la pandemia.
Así, algunos parlamentarios subrayan que, en paralelo al rechazo del proyecto, la oposición discutía la posibilidad de acusar constitucionalmente al secretario de Estado, lo que finalmente se concretó 15 días después de la votación en la mixta.
“Sin duda, el rechazo por parte de la oposición al kínder obligatorio solo responde a una forma de hacer política mañosa y obstructiva, querer dañar al ministro de Educación a costa o sacrificando la educación de los niños; eso es inaceptable ética y políticamente”, dijo a este medio el diputado UDI e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla.
Como un factor adicional, en el oficialismo destacan que la obligatoriedad del kínder había sido aprobada por unanimidad en su primer trámite en la Cámara de Diputados y ha contado con amplio respaldo de expertos y organizaciones, que han defendido la medida como mecanismo para evitar las brechas educativas.
El veto presidencial es una herramienta legislativa que tiene el Mandatario para, una vez que el Parlamento culmina la tramitación de un proyecto, hacerle observaciones o modificaciones, exigiendo nuevamente la discusión legislativa sobre la materia.
Para ello, el veto debe ingresar por la Cámara de origen -en este caso, la de Diputados- y ser aprobado por ambas cámaras por mayoría simple, pudiendo así convertirse en ley en la forma en que el propio Mandatario observó. (La bTercera)
