El ministro de Justicia, Hernán Larraín, asistió ayer a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, por la tramitación de un proyecto de ley relacionado con su repartición. La propuesta busca otorgar un aporte único reparatorio a víctimas de prisión política y tortura.
Aun cuando la iniciativa tiene que ver con el Ministerio de Justicia, no fue Larraín quien firmó su despacho al Congreso, sino que fue la ex Presidenta Michelle Bachelet la autora del mensaje, el que ingresó al Parlamento cinco días antes de dejar La Moneda.
Al no ser una iniciativa de la actual administración, el proyecto no estaba considerado en su presupuesto. Fue eso lo que sinceró el ministro Larraín a los diputados: «No hay glosa. Mal puede tener presupuesto consignado», fue la frase que encendió la discusión en la comisión, por parte de los representantes de oposición.
Para implementar el pago reparatorio se requieren $91.000 millones en tres años de vigencia del beneficio. Se contempla la entrega de $3.000.000, en tres cuotas de $1.000.000 cada una. Sobre 30.000 personas integran el universo de receptores de los recursos.
Son esos dineros los que dijo Larraín que no están disponibles. «Estamos apremiados por las arcas fiscales», explicó Larraín. Además, precisó que al respecto, «no hay una obligación contraída. Es una papa caliente» recibida por el actual Gobierno.
Según el informe financiero del proyecto, la partida del Ministerio del Trabajo debe proveer los recursos para el beneficio, los que se suplen con remesas del Tesoro Público.
Esa distribución suele funcionar cuando el Ejecutivo patrocina la propuesta y vela por la disponibilidad de dinero para su aplicación. Ello no sucede cuando el gobierno no patrocina la propuesta y, además, establece que existen restricciones presupuestarias, tal como lo advirtió Larraín.
Ante la información entregada por el encargado de Justicia, los diputados Mario Venegas (DC) y Carmen Hertz (PC) reaccionaron en contra de la inexistencia de recursos para el aporte reparatorio. La abogada de DD.HH. alegó que, al igual que la «ex Concertación y Nueva Mayoría», el actual Gobierno «no tiene presupuesto. Nos dicen lo mismo». Si bien respaldó los reclamos, el PC Hugo Gutiérrez consideró un error el envío del proyecto por parte de Bachelet al final de su mandato.
Entre las posibilidades que tiene el Gobierno, está la de retirar la iniciativa, lo que puede hacer hasta antes de ser votada en una de las salas del Senado o la Cámara. No obstante, Larraín especificó que esa definición no está decidida por ahora. De seguir su trámite, el Presidente Sebastián Piñera podría vetarlo.
DEBATE
Para poder destrabar el debate, la comisión acordó con Larraín continuar la discusión en particular del proyecto la próxima semana, aunque inicialmente se había concordado despachar ayer el proyecto.
Larraín transparentó la imposibilidad de dar una fecha para responder si definitivamente el Ejecutivo mantendrá la propuesta sin respaldo presupuestario. Afirmó que debe conversar el tema con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Otro aspecto que complica el trámite del proyecto es su redacción, al establecer que el beneficio es para los titulares reconocidos como víctimas y las cónyuges sobrevivientes. No alude a los cónyuges hombres, por lo que instala una discriminación de género que podría ser reclamada; para subsanarla se requeriría obligatoriamente el patrocinio del Gobierno.
Todo ello sucedió luego de la presentación de una moción de censura contra Hertz, como presidenta de la comisión de DD.HH., por parte del UDI Gustavo Sanhueza, la que se votará en la próxima sesión.
PETICIÓN DE CENSURA
