En agosto entrará en vigencia la Ley Karin, cuyo objetivo es prevenir, investigar y sancionar la violencia en el trabajo. El propio Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la nueva normativa en enero de este año desde el Palacio de Gobierno apuntando a que con estos avances se podrá hacer de Chile «un país más seguro, amable y respetuoso».
Pese a que queda un poco más de un mes para su implementación, la Subsecretaría del Trabajo retiró el reglamento de la Contralaría General de la República donde se establecen las directrices de los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo.
Cabe recordar que este documento ingresó al ente fiscalizador a comienzos de junio para su toma de razón. Si bien desde la Contraloría aseguran se trata de un procedimiento normal durante el análisis de cualquier tipo de documento, lo cierto es que las empresas se deben preparar para esta nueva legislación y evitar caer en infracciones, por lo que contar pronto con el reglamento resulta clave.
La ley establece un marco obligatorio para que las empresas con más de diez empleados incorporen en sus reglamentos internos un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en los entornos de trabajo. Es decir, esta nueva normativa requiere acciones específicas que los empleadores deben cumplir, las cuales aún no están del todo definidas y comunicadas.
Según señaló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, al Diario Financiero (DF) «el reglamento que enviamos a Contraloría se encuentra en su proceso habitual de revisión para la toma de razón, el cual se volverá a ingresar a la brevedad para que las empresas hagan la adecuación necesaria«.
Y, según complementó la jefa de la División Jurídica de la cartera, Andrea Soto, el retiro del documento es para realizarle las modificaciones sugeridas por la propia Contraloría.
LEY UBER
Por otro lado, el Ministerio de Transportes retiró de la Contraloría el reglamento que regula las aplicaciones de trasportes, más conocida como «Ley Uber». El documento fue ingresado el pasado 2 de enero y despertó una ola de críticas desde las aplicaciones de transportes, quienes reprocharon que los nuevos requisitos dejarán a muchos conductores imposibilitados de seguir trabajando.
«El retiro señalado se solicita atendido que se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido», sostiene el oficio presentado a ese ente para hacer efectiva la acción, trámite que fue realizado por jefa de la división legal de la Subsecretaria de Transportes, Dennise Ramírez.
Según constató Cooperativa, desde Alianza In, gremio que reúne a plataformas como Uber, Didi y Cabify, esperan que «el retiro del reglamento nos de una oportunidad para reanudar el diálogo entre todas las partes, y buscar mejoras en los puntos que podrían afectar la movilidad de nuestros usuarios«.
En esa línea, el grupo de aplicaciones, que han sido críticas del documento desde su presentación a principios de año, ahora se declara «a total disposición para trabajar en conjunto y contribuir en este proceso».
Al mismo tiempo, diputados de la bancada de la UDI, Cristóbal Martínez, Natalia Romero y Flor Weisse, valoraron la decisión del Gobierno de retirar de la Contraloría General de el reglamento de la «Ley Uber» que estaba generando una enorme inquietud en las distintas aplicaciones de transporte de pasajeros, producto del impacto que las medidas podían tener en los conductores».
«Más allá de cuál haya sido el motivo para tomar esta decisión, el Gobierno tiene que aprovechar esta pausa para recoger todas las inquietudes que no sólo han manifestado las aplicaciones de transporte de pasajeros, sino que también los propios expertos. Estamos hablando de que sólo un 15% de los conductores que actualmente están registrados podrían seguir trabajando, porque el resto no cumpliría con las exigencias en materia de cilindrada, antigüedad del vehículo o la licencia profesional que se exige. Y esto, de acuerdo con los mismos estudios que se han dado a conocer, provocaría que disminuyera la oferta de viajes en cerca de un 90%», advirtieron los parlamentario. (Emol)
