En agosto de 2015 elaboramos un documento denominado “Acreditación y gratuidad: análisis del actual sistema de acreditación y sus posibles cambios” que, entre otras cosas, señalaba la necesidad de vincular la gratuidad con la acreditación de carreras. Dijimos en ese tiempo, hace ya casi dos años, que de no hacerse esta vinculación, a poco andar el país se vería sorprendido por un nuevo gran escándalo: miles de jóvenes estudiando gratis (con plata de todos los chilenos para ser más preciso), en carreras ¡NO ACREDITADAS!
Pues el tiempo nos dio la razón: hoy se sabe que más de 56.000 alumnos, esto es un 40% de los estudiantes beneficiados con la gratuidad, se matricularon el año 2016 en carreras no acreditadas. Llevado a pesos, estamos hablando de aproximadamente 158.000.000.000 de pesos (¿muchos ceros?, son 158 mil millones de pesos, o si lo prefiere, 240 millones de dólares) destinados a financiar estudios de dudosa calidad. Un despilfarro de miles de millones que simplemente podrían terminar en la basura.
Las autoridades no pueden desconocer esta situación. Lo advertimos a la Comisión Nacional de Acreditación y al Mineduc. Compartimos el análisis con rectores de universidades y ‘think tanks’. Incluso enviamos el estudio a diversos parlamentarios para su conocimiento.
¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto hoy entonces? La respuesta es muy simple: al gobierno no le interesa la calidad. Si lo anterior no es prueba suficiente, acá otra: en el proyecto de ley de reforma de la educación superior, presentado recientemente por el Mineduc, desaparece la acreditación de carreras.
Resulta difícil saber con exactitud por qué el gobierno quiere eliminar la acreditación de carreras, en especial si se considera el errático camino de esta reforma. Fuimos testigos durante casi tres años de minutas que se sucedían una tras otra y que la mayoría de las veces eran contradictorias entre ellas. Sin ir más lejos, la última, de principios de este año, consideraba la acreditación de carreras, e incluso mantenía en las agencias especializadas (privadas) este proceso. Sin embargo, a los pocos días, se presentó un proyecto de ley muy distinto que elimina la acreditación de carreras y excluye a las agencias privadas del sistema de aseguramiento de la calidad. No existe una explicación oficial para esto, pero se sabe que algunos asesores del Mineduc, además de un grupo de parlamentarios oficialistas, estarían detrás de esta medida.
Desaparece entonces la única forma de saber, a ciencia cierta y con un grado razonable de objetividad, la calidad de la formación que se imparte en las carreras de pregrado chilenas.
De vuelta en el escándalo que nos convoca (esos 56.000 estudiantes que cursan carreras no acreditadas, financiados por todos nosotros a través de nuestros impuestos), lo más increíble de todo es que, conocida la noticia, no ha existido ninguna reacción del Gobierno: ni la presidenta, ni ninguno de sus ministros, ha dado una explicación de este despilfarro de recursos públicos. Ningún político se ha escandalizado. Peor aún, no he escuchado a ningún rector poner el grito en el cielo tampoco, ni siquiera de aquellos que semana tras semana vociferan a favor de la calidad (argumento utilizado como excusa para defender sus propios intereses corporativos).
Así las cosas, al parecer a nadie le importa que la gratuidad sea de mala calidad. (La Tercera)
José Miguel Rodríguez
