Al momento no se sabe a dónde apunta la política de educación superior (ES) del gobierno. En vez de controlar la agenda y generar iniciativas, aparece reactivo ante las cambiantes circunstancias del entorno. Así volvió a manifestarse frente a la decisión del Tribunal Constitucional sobre controladores con fines de lucro. Rápidamente el gobierno fue puesto a la defensiva, en el mismo terreno, además, donde ya había sido derrotado una vez.
Pero, ¿es el lucro, verdaderamente, un problema central y prioritario de la ES chilena, más allá de su intensa atracción ideológica en la esfera comunicacional? Por cierto que no. Y está a la vista.
Efectivamente, el sistema se halla frente a una triple crisis que, de no ser atendida, continuará deteriorando las bases de su funcionamiento.
Primero, no existe un horizonte estable, socialmente compartido, para el desarrollo del sistema. ¿Volverá el gobierno a fortalecer el carácter mixto de la provisión y del financiamiento de la ES? ¿Favorece la diversidad institucional y su regulación pública bajo un marco no discriminatorio, que ofrezca un trato igualitario a todas las instituciones en cuanto a su legitimidad, proyección y protección? ¿Se espera generar un acuerdo nacional en torno a estas materias? ¿O cómo piensa avanzar el gobierno?
Segundo, hay fallas profundas de conducción y coordinación del sistema. En efecto, la gobernanza se encuentra debilitada. El Mineduc carece de capacidad efectiva para generar, liderar e implementar políticas en este sector. El control de calidad debe aún reorganizarse de acuerdo con la ley recientemente aprobada. Lo mismo que la fiscalización del uso de recursos (incluida la prohibición del lucro). Ambos asuntos -así como otros propios de la gobernanza- deben abordarse con pleno reconocimiento de la autonomía de las instituciones y la necesidad de su fortalecimiento.
Tercero, el financiamiento, y en general los arreglos que dan sustentabilidad de mediano y largo plazo a la ES, están puestos en tensión. Los modelos de “negocio”, si se quiere, de numerosas instituciones han entrado en crisis. El sistema mismo se encuentra afectado por una política de gratuidad que carece de adecuado sustento; por una completa falta de claridad respecto de cómo se determinarán los aranceles; por la inexistencia de reglas que permitan a las instituciones programar su propio crecimiento; y por el desconocimiento de cómo se sustentará la investigación en universidades con diferentes grados de desarrollo.
Es urgente pues que el gobierno dé a conocer su visión respecto de estos asuntos, comunique el marco en que se desenvolverán sus políticas y una carta de navegación para su implementación. De lo contrario se verá superado por las circunstancias, a merced de sucesivos conflictos y enredado en querellas poco decisivas. Con ello solo provocará desorden y antagonismo de expectativas entre los diferentes actores de la ES y en la sociedad. (La Tercera)
José Joaquín Brunner
