El denominado “royalty” minero, un impuesto a la gran minería con el que el Gobierno chileno pretende recaudar anualmente el 0,45 % del PIB (cerca de 1.350 millones de dólares), entró este lunes en vigor en Chile, el primer productor de cobre del mundo y el segundo mayor de litio.
Por amplia mayoría, el Parlamento chileno aprobó en mayo pasado una ley de regalías que llevaba más de cuatro años discutiéndose y que establece además que un tercio de lo recaudado (cerca de 450 millones de dólares) se destinará a gobiernos regionales y municipalidades.
“Fuimos capaces de generar acuerdos y soluciones innovadoras que dejaron satisfechos a todos los sectores involucrados”, destacó este lunes en un comunicado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien rechazó que el nuevo impuesto haya desincentivado la inversión, tal como denunciaron varios sectores.
Entre marzo y junio de este año, explicó el ministro, “la estimación de inversión minera para el quinquenio, aumentó en 10.000 millones de dólares y en los últimos meses de este año hemos visto el anuncio o ingreso de nuevos proyectos mineros como Quebrada Blanca y Centinela”.
Esto, agregó Marcel, “da cuenta de la mayor certidumbre que significó el despacho de este proyecto de ley”.
El impuesto contempla un componente “ad valorem” y uno sujeto al margen operativo de entre 8 % y 26 % para aquellas compañías que produzcan más de 50.0000 toneladas, lo que se considera gran minería.
El “royalty” fija además una tasa impositiva máxima efectiva (el techo que pagarán las grandes mineras en tributos) del 46,5 % de la ganancia operativa.
El Gobierno del presidente Gabriel Boric, que había planteado inicialmente un techo impositivo del 50 %, fue ajustando la cifra durante el debate parlamentario e introdujo varias modificaciones tras recibir críticas de representantes de la industria.
El impuesto a la gran minería formaba parte de una amplia reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, que fue rechazada por la Cámara de Diputados y cuya discusión se retomará este año.
Chile, que aglutina el 28 % de la producción mundial de cobre, produce una media de 6 millones de toneladas de cobre al año y la minería representa cerca del 15 % del PIB nacional.
El país también posee las mayores reservas explotables del mundo de litio, conocido como el “oro blanco” e imprescindible para la electromovilidad.
La entrada en vigor del nuevo impuesto tiene lugar días después de que la cuprífera estatal Codelco y la productora chilena de litio SQM anunciaron la creación de una asociación público-privada para explotar el litio en el codiciado Salar de Atacama hasta el 2060.
CAEN PAGOS DE MINERIA PRIVADA EN 2023
Una reducción de casi un cuarto reflejaron los pagos realizados por las principales mineras privadas a septiembre de 2023, al comparar con el mismo periodo del año previo. Así lo reflejan los reportes de un grupo de 16 compañías que envían a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el marco de la fiscalización realizada a las sociedades afectas al impuesto específico de la actividad minera (IEAM), conocido como royalty, norma que se actualiza a partir de este 1 de enero de 2024.
Por medio de un comunicado este domingo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel valoró la puesta en marcha de la nueva normativa que grava a la minería.
Una revisión de la ley anterior arroja que, entre enero y septiembre del año pasado, el conjunto de compañías totalizó pagos por US$500 millones, cifra que se comparada con los US$656 cancelados en el mismo período de 2022. Con ello, la caída alcanza al 24%, tras reducirse en US$155 millones la recaudación entre un lapso y otro.
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La menor contribución se explica, principalmente, ante la merma exhibida por el principal plantel productivo de cobre: Escondida. Pese a que el yacimiento -donde BHP controla el 57,5% de la propiedad- ganó US$ 1.864 millones en el período, un 42% de las utilidades de las mineras privadas analizadas, su pago de IEAM entre enero y septiembre pasado ascendió a US$177 millones, la mitad de lo cancelado durante el período anterior, y un 35% del total. En 2022, dicha cifra había sido de US$351 millones. Así, sólo Escondida mostró un descenso de US$175 millones, superando la merma vista en el conjunto de mineras privadas.
Pese a lo anterior, Escondida pagó, entre impuesto a la renta y el EIAM, un total de US$1.213 millones, cifra 22% mayor que en similar período del año 2022.
Dicho aumento fue explicado por la firma anglo australiana “principalmente por el reconocimiento de los efectos sobre los impuestos diferidos de largo plazo asociado a la publicación de la nueva ley sobre royalty a la minería”, dijo la compañía.
La diferencia marca el inicio de una transición en la forma en que las mineras privadas realizan sus pagos relacionados directamente con su actividad extractiva. A partir de este 1 de enero entró en vigencia el royalty minero, que supone mayores cargas a la actividad. Antes, si el EIAM significaba un gravamen de entre 5% y 14% sobre el margen operacional de las mineras, la nueva normativa tendrá dos fases de aplicación diferenciada: primero, se aplicará un componente ad valorem de 1% sobre el total de ventas, y luego una tasa de entre 8% y 26% sobre la Renta Imponible Operacional Minera Ajustada (RIOMA). Lo anterior se aplicará en forma diferenciada, establecida progresivamente en relación a la producción de cada compañía.
El menor pago de IEAM de Escondida, en todo caso, se vio compensado por los mayores pagos del brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals. El resultado de sus cuatro operaciones se vio impulsado principalmente por Los Pelambres, su mayor plantel productivo, que reportó un pago total por impuesto específico ascendiente a US$62 millones entre enero y septiembre, un 84% mayor a los nueve meses de 2022. Centinela, también del grupo minero comandado por Jean-Paul Luksic, pagó US$14 millones en el período, elevándose un 33% entre un año y otro. El buen desempeño de ambos planteles contrasta con lo visto en Antucoya y Zaldívar, que mostraron reducciones.
Finalmente, el caso de Anglo American Sur, que opera el yacimiento Los Bronces, reflejó el difícil momento productivo que atraviesa el yacimiento ubicado en la región Metropolitana, donde la minera ajustó recientemente sus proyecciones de producción. En los primeros nueve meses de 2023, la mina produjo un 27% menos que en 2024, y hacia adelante se prevén nuevas caídas. En 2024, la estimación de Anglo American en Chile apunta a alcanzar entre 430 y 460 miles de toneladas de cobre fino, menor a las 505 mil toneladas con que cerraría el 2023. En 2025 las caídas continuaría, hasta un rango entre 380 mil y 410 mil de toneladas.
El menor desempeño productivo ya tuvo su correlato en resultados. La minera perdió US$81 millones entre enero y septiembre, con lo que su pago de IEAM pasó a ser negativo: recibió US$3 millones en devoluciones. El año anterior había aportado US$13 millones. (El Mostrador EFE Pulso)
