El viernes pasado, la reunión de mesa extraordinaria del PS fue muy tensa. El nerviosismo instalado por el clima de crítica al partido por el manejo de los recursos obtenidos (más de 7 mil millones de pesos) tras la indemnización del Fisco por los bienes confiscados después de 1973 y que luego fueron invertidos en instrumentos financieros a partir de 2003, había caldeado los ánimos. En la cita, varios dirigentes hicieron un reclamo con vehemencia: según quienes estuvieron en el encuentro, fustigaron al presidente del PS, Álvaro Elizalde, por haber entregado una versión al reportaje de Mega -que activó la polémica- sin consultar al resto de la mesa, ni advertir de lo que se venía.
La crítica apuntaba a un tema clave: las versiones contradictorias aparecidas en el reportaje, así como las respuestas posteriores, causaron confusión en la opinión pública y, lejos de aclarar, terminaron ensombreciendo el panorama.
Uno de los temas que mayor preocupación causó entre dirigentes socialistas, parlamentarios y militantes fue la controversia clara entre el ex presidente del PS, Osvaldo Andrade, y el propio Elizalde quien, además, fue secretario general del primero. En el reportaje, Andrade aseguró que en los congresos partidarios se informa “detalladamente” del trabajo de la comisión patrimonio, organismo encargado de la administración de las citadas inversiones; mientras Elizalde respondió categórico que “no tenía conocimiento del detalle” y que “lo que se informa en el Congreso son los montos legales, no se informa a todos los delegados este detalle”. Esta versión el presidente del PS la mantuvo la semana pasada, una vez emitido el reportaje y desatada la polémica. “Quiero señalar en primer lugar que la mesa directiva actualmente desconoce el detalle de estas inversiones, por tanto para el presidente del partido, quien habla, para los demás dirigentes de nuestra mesa directiva, no hay información disponible respecto del detalle de estas inversiones ”, señaló Elizalde el jueves, versión que este lunes volvió a reafirmar.
Este lunes, de hecho, el panorama no mejoró y la mesa recibió dos golpes directos, uno interno y otro externo. Primero, se hizo pública una carta que el fin de semana cuatro ex integrantes de la comisión patrimonio le enviaron a Elizalde. La misiva firmada por Óscar Guillermo Garretón, Jorge Jorratt, Verónica Montellano y Edmundo Dupré, apuntaba directamente a la directiva y su “incapacidad” para defender la “obra de su partido”. “Emitieron declaraciones balbuceantes, desinformadas y hasta oportunistas”, decía el escrito de seis carillas en el que además se buscaba aclarar precisamente el punto que tanto los ex dirigentes, como la propia mesa, no han sido capaces de esclarecer: la participación de la dirigencia en las políticas de inversiones del PS. “Todas las instancias democráticas de nuestra organización participaron del diseño, debate y aprobación de las políticas de financiamiento patrimonial que fueron ejecutadas por la comisión patrimonio, incluidos los Congresos de 2001, 2005, 2008 y 2011”. La versión de los ex integrantes de la mentada comisión desarmó los argumentos del presidente del partido. Pero fue otra información la que mantuvo ocupada a la directiva durante todo el día: radio Biobío informó sobre la existencia de un oficio del SII que en 2005 habría liberado al PS de sus obligaciones tributarias a propósito de las citadas inversiones, lo que habría significado un cambio en la doctrina aplicada por el servicio.
El PS rechazó categóricamente la denuncia -Elizalde dijo en el comité político de La Moneda que se trataba de una posverdad- y el propio SII salió a aclarar que el partido se acogió al mismo régimen tributario que corresponde a las fundaciones, corporaciones y entidades sin fines de lucro y que no había un giro del SII (Ver relacionada).
Más allá de las explicaciones, ambos flancos enrarecieron el clima partidario y volvieron a tensionar la reunión de mesa y la comisión política que, al cierre de esta edición, analizaba el tema.
Varios dirigentes pidieron explicaciones a la mesa y, en público y privado, pedían un giro en la estrategia mediática y política por los costos que la imagen del partido está pagando desde que se instaló la polémica. “El descrédito que se ha colocado sobre el mundo socialista, amerita y urge que institucionalmente el PS responda con más fuerza aún respecto de este requerimiento de verdad sobre los hechos y corrección definitiva de una situación éticamente reprochable y que nunca debió haber ocurrido”, dijo el diputado Juan Luis Castro. En esa misma línea, los mensajes a la mesa comenzaron a aflorar desde las distintos niveles del PS: parlamentarios y alcaldes transmitieron que han tenido que enfrentar fuertes cuestionamientos en sus regiones y comunas. “La imagen del PS, está por el suelo”, decía este lunes resignado un dirigente. (La Tercera)
