Desde hace un tiempo, anterior a la presentación de la propuesta tributaria por parte del Gobierno, se había ido generando a nivel técnico un acuerdo suficientemente amplio sobre la necesidad de corregir la reforma del gobierno anterior, que nos heredó un sistema muy complejo, y con inequidades horizontales bastante evidentes no solo entre los ingresos del trabajo y del capital, sino que también entre el capital nacional y extranjero, incomprensiblemente favorable a este último.
Adicionalmente, había poca discusión acerca del negativo efecto que había tenido dicha reforma sobre el ahorro y la inversión. Volver al sistema integrado no solo elimina las inequidades antes mencionadas, sino que también simplifica el sistema y genera efectos positivos en el crecimiento de la economía.
Era de esperar que luego de la presentación del proyecto de ley hubiera críticas desde la oposición política, se entiende como parte de su rol, sin embargo, ha sido bastante sorprendente la acidez del rechazo por parte de expertos, tanto desde el ámbito legal como económico, muchas veces con argumentos cuestionables. Al menos los técnicos deberíamos discutir con mayor altura de miras, especialmente frente al amplio reconocimiento de la necesidad de perfeccionar nuestro sistema tributario.
Lo primero que llama la atención son los dichos sobre un supuesto engaño y mala intención del gobierno en la estimación de los efectos en recaudación, acusándolo de «vender la mula» y hacer «economía budú». Es evidente que se pueden cuestionar y revisar los supuestos de estimación, pero acusar mala intención no contribuye, considerando además que si hubo una reforma cuyas estimaciones de recaudación fueron excesivamente optimistas esa fue la de 2014.
Tampoco parece razonable la crítica de que la propuesta del gobierno sería claramente regresiva, sin antes ponernos de acuerdo en aspectos más fundamentales respecto de la necesidad de políticas que favorezcan a los más vulnerables. Si vemos lo que se hizo en estos años en esa materia, no parece evidente la búsqueda de progresividad fiscal por parte de la actual oposición. Primero, la reforma tributaria de 2014 incorporó dos medidas claramente regresivas: el impuesto reducido a la repatriación de capitales y el impuesto sustitutivo del FUT. Segundo, en materia de gasto público se avanzó en la concepción de subsidios universales, obviamente regresivos en un contexto de recursos escasos.
Adicionalmente, parece necesario ponernos de acuerdo sobre la base del impuesto global complementario. Se ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de que los dueños del capital deben tributar sobre utilidades devengadas, aun cuando nunca las perciban, a pesar de que ya quedó demostrada en la práctica la imposibilidad de un sistema atribuido para todas las empresas. Se ha mencionado también que la integración genera inequidad, porque el capital tributaría solo sobre los retiros, y el trabajo, sobre los ingresos totales. Sin embargo, eso no es correcto, el capital paga impuestos sobre las utilidades devengadas, no solo por los retiros. Es cierto que ese impuesto a nivel de empresas es crédito, pero dado que parte importante de las utilidades se reinvierten, el uso de ese crédito se posterga en el tiempo, generando un beneficio fiscal en términos de recaudación.
Por último, se ha criticado que las rentas del capital tienen mayores beneficios al ahorro que las rentas del trabajo, aunque convengamos que se trata de una inequidad que afecta a una Élite muy minoritaria de altos ingresos. Sabemos que la gran mayoría de los trabajadores en Chile no paga impuesto a la renta, y dentro de los tramos de ingresos medios, la capacidad de ahorro es bastante reducida, por lo que los beneficios tributarios al ahorro previsional, al pago de dividendos, a varios tipos de inversión financiera y a los gastos en educación permiten acercarse bastante a un impuesto a la renta en base al gasto más que al ingreso. Para los tramos más altos de ingresos, la inequidad se genera fundamentalmente porque los independientes pueden repartir los retiros de utilidades entre los integrantes de su familia, logrando con eso tasas de tributación más bajas, figura que un empleado no puede efectuar. La solución, no obstante, es simple; primero, permitir que se paguen impuestos a nivel de pareja legalmente constituida, lo que además es una política profamilia. Segundo, impedir que los retiros sean efectuados por otros familiares directos que no hayan aportado directamente al capital de la sociedad. Esta figura se parece tanto a la elusión, que no se entiende cómo ha resistido varias modificaciones al impuesto a la renta en estos años. La única explicación que encuentro es que es utilizada por muchos grupos de interés, que, por supuesto, pertenecen a la élite de ingresos de nuestro país. (El Mercurio)
Cecilia Cifuentes
