De todas las llamadas “catástrofes naturales” que azotan a los países del mundo cada vez con más frecuencia, la única que puede ser desatada por los seres humanos es la de los incendios forestales masivos.
Por eso es que, cuando se comprueba que una catástrofe de este tipo produce destrucción y muerte prolongadamente en un país, el Gobierno que ejerce soberanía sobre el territorio afectado tiene la facultad y la obligación de recurrir a todos los sistemas autorizados para no sólo reparar los efectos, si no que perseguir y castigar a los culpables que en realidad han declarado la guerra a su propia patria.
De todos los actos terroristas que se pueden producir, el de los incendios de este tipo son los más odiosos puesto que lo perpetran individuos que no titubearían en desatar un terremoto, un tsunami o una erupción volcánica si estuviera en su poder hacerlo.
Se trata de un delito en que al odio al país se suma la desconsideración y el odio hacia sus habitantes, la cobardía del asesino anónimo y el placer del mal por el mal mismo. En realidad, casi no hay castigo imaginable como el que merecen los reos de este tipo de crímenes siendo el de pérdida de la nacionalidad y el exilio permanente lo más concebible para una sociedad que se ha propuesto nunca utilizar la pena capital.
Pues bien, un enorme incendio forestal masivo no solo ha azotado a vastas zonas de nuestro país, si no que se ve renovado indefinidamente a pesar de los esfuerzos desplegados para detenerlo. Y, a la luz de lo señalado, no es posible eludir el análisis de la respuesta que ha tenido el Gobierno de Boric ante una situación que casi la totalidad de la población califica como el peor acto de terrorismo perpetrado en un país en que casi todas sus regiones sufren situaciones de abierto desafío a la seguridad y a las soberanía de la nación.
El resumen de lo obrado por el actual Gobierno se puede resumir en los siguientes puntos: ha acudido, tarde e insuficientemente, a la contención de los incendios; ha hecho todo lo posible por minimizar la participación de pirómanos terroristas, para lo cual no ha dudado en falsificar y esconder información en aras de evitar la ira nacional; ha llegado al ridículo de recordar que los conejos pueden ser los grandes culpables; no ha empleado más medidas que la ley le autoriza para sostener en las zonas afectadas un ejercicio de la autoridad superior al que ya antes tenía; con una inconsistencia y con una impertinencia verdaderamente irritables, ha escogido estos momentos para anunciar regulaciones y royalties que afectarían en el futuro a las empresas forestales, o sea a las mayores víctimas de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, en un esfuerzo por demostrar que la falta de vigilancia y seguridad de esas empresas ha tenido responsabilidad en la catástrofe.
Ciertamente que la mayoría ciudadana se pregunta qué puede estar provocando una respuesta tan insuficiente y tan irresponsable de este Gobierno ante el peor acto de terrorismo que hasta la fecha conoce el país.
Y no cuesta mucho darse cuenta de que las razones que le hacen preferible socavar su propia legitimidad a castigar lo que ocurre en la zona que ya con mucho excede la original de La Araucanía, son de carácter complicitario e ideológico.
Hoy gobierna Chile la generación que alcanzó el poder y la riqueza por la vía del desorden público y de legitimar la violencia como método habitual para la actividad política. No se puede reprimir a la cosecha que es fruto de la propia siembra, y es preferible arriesgar la legitimidad en el poder que perder el apoyo del lumpen intelectual que ha multiplicado su hueste como fruto de una prolongada y profunda crisis educacional.
No hay más que recorrer el currículum del propio Presidente y de algunos de sus ministros, como es el caso de Giorgio Jackson, para resaltar características comunes: riguroso origen burgués que se disfraza de proletario discriminado, experiencia laboral completamente vacua, asombrosa incultura que impide siquiera conocer la historia patria; ideología marxista leninista aprendida en la acción y para nada en sus textos.
Basta constatar eso para comprender que este régimen jamás actuará punitivamente contra el activismo que azota al país, de modo que se impone la pregunta de si es posible mantener esta situación todavía por largos tres años.
Es frecuente escuchar que el actual Gobierno se sustenta en dos coaliciones marcadamente distintas. Una, formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista que es, abiertamente antidemocrática y violentista; otra de izquierda democrática que frena el accionar de aquella para encauzar al Gobierno en un sentido moderado y cuidadosamente respetuoso de una nueva institucionalidad democrática que todavía no nace.
Pero el Presidente claramente está en la posición de aquella, lo que se traduce en una situación de “tontos útiles” que sostienen a un régimen del que serían las primeras víctimas si es que aumenta su poder factual.
En todo caso, quien esto escribe pertenece a una mayoría que cada día se articula para algo más urgente que seguirle la pista a un trajín político completamente alejado de sus preocupaciones fundamentales. Es una mayoría que le da absoluta prioridad a la recuperación de una autoridad que verdaderamente ejerza la soberanía sobre todo el territorio nacional y corte de raíz la impunidad que hoy protege a delincuentes nacionales y extranjeros con hermanos ideológicos en el Gobierno. (El Líbero)
Orlando Sáenz
