El borrador de la nueva Constitución chilena está prácticamente completado. Este proyecto -lejos de unir a los chilenos como muchos esperábamos sucediera- contribuirá a dividirnos aún más. Es prácticamente cierto que la Convención Constitucional (CC) propondrá una Carta maximalista que se parece mucho más a un programa de gobierno de un conjunto de partidos y agrupaciones sociales de un determinado sector del espectro político chileno, que a una Constitución que genere la base de una casa común para todos. Se trata además y entre otras cosas, de un ordenamiento que ignora absolutamente los recursos requeridos para su implementación y también las consecuencias económicas -probablemente muy negativas- de sus disposiciones.
En efecto, de acuerdo al borrador de la nueva Constitución, una parte importante de las actividades económico-sociales del país estarían pasando a propiedad estatal. Pero, ¿de dónde salen los recursos necesarios para indemnizar a sus actuales propietarios y para luego financiar el desarrollo de esas empresas y servicios? Ciertamente no será de la reducción del gasto público. ¿Provendrán entones de mayores impuestos? No, porque los tributos adicionales que razonablemente se puedan recaudar -ese 4 por ciento del PIB hacia 2026- ya han sido comprometidos para financiar un mayor gasto social. Usando las depreciaciones para indemnizar y sin aportes de nuevos capitales, las actividades nacionalizadas se irán jibarizando irremediablemente, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela.
Implícito en el programa de la CC está la noción de que las empresas y servicios operados estatalmente son tan o más eficientes que los privados, lo que no es así. Si no lo ha hecho, revise las conclusiones de la Teoría del Principal Agente al respecto. Las empresas privadas enfrentan una restricción presupuestaria dura -van a la quiebra si no tienen excedentes- en cambio las empresas públicas no. Por ejemplo, TVN recientemente fue rescatada financieramente con fondos fiscales, es decir, por Ud. estimado lector. En Europa este problema se resolvió -ya he escrito antes sobre el tema- sometiendo a las empresas estatales también a una restricción presupuestaria dura, lo que no se ha propuesto acá.
Es decir, desde una perspectiva técnica, la moción de la CC de estatizar una parte relevante de las actividades productoras de bienes y servicios resulta, por su efecto negativo sobre el crecimiento económico, absolutamente incomprensible. De hecho, en general tal grado de estatización no existe en los países democráticos que normalmente se citan como ejemplo a seguir. Y en lo valórico, es evidente que el significativo aumento del poder estatal implícito en las estatizaciones comentadas reducirá significativamente los grados de libertad individual de los ciudadanos. (La Tercera)
Rolf Lüders
