Esta semana hemos visto que el paro de camioneros que se inició como protesta por la falta de seguridad en las carreteras se tornó en algo político. El Gobierno del Presidente Boric, que históricamente se declaraba contrario a invocar la Ley de Seguridad del Estado por considerarla una herramienta que criminaliza la protesta social, decidió recurrir a ella presentando 31 querellas. El presidente, desde México, dijo que este paro “afecta la vida de los chilenos y chilenas y no es contra el gobierno, es contra la ciudadanía”. Agregó: “He instruido a los ministros que utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger el funcionamiento del país y proteger a los sectores más vulnerables. Es por ello que he decidido que recurramos a querellas por Ley de Seguridad del Estado”.
Dicha ley indica que cometen delito contra el orden público “los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos”. Ciertamente es una herramienta válida y muchas veces necesaria para cumplir con el rol básico del Estado, que es garantizar el orden público. El gran punto es que para quienes hoy gobiernan parece ser que hay protestas válidas y legítimas, las que apoyan, y otras ilegítimas, las que están dispuestos a combatir. Es cierto que el derecho a manifestación y protesta se pierde cuando alguien decide delinquir y que no es un supra derecho que esté sobre el derecho de libre circulación y otros derechos de las personas. Por lo mismo, muchos consideramos que, aunque legítima la causa del paro, nunca es aceptable cortar los caminos. Pero la lógica del gobierno nunca fue esta con muchos grupos que literalmente hacían lo mismo; solo lo hacen con los camioneros. La pregunta es por qué, lo que nos lleva a concluir que ideológicamente no comparten con ellos y que les trae “malos recuerdos”. Pero más allá de esto, invocar la Ley de Seguridad del Estado ahora tras haber intentado hasta derogarla para no criminalizar la protesta, muestra la incoherencia de quienes hoy son gobierno.
¿Por qué el gobierno no estableció querellas usando esta ley contra los grupos armados que bajo supuestas reivindicaciones han cometido en forma sistemática actos terroristas y atentado contra los derechos humanos de quienes habitan en la Araucanía? No lo hicieron porque esas acciones les servían para intentar imponer su ideario político y afirmaron que los derechos humanos solo son violados por agentes del Estado, con lo que intentaron quitarle esa dimensión al conflicto. Esto es gracioso, porque entonces ni los terroristas, ni los narcotraficantes violarían los derechos humanos y es evidente que teniendo fuego fuerte y asimetría total en la fuerza, lo hacen.
Por otra parte nunca invocaron esta ley contra paro de profesores, ni contra las tomas de los colegios en las que grupos de interés para imponer sus demandas dejaron a miles de niños y familias sin poder acceder a su derecho a la educación. Cuando un grupo de jóvenes usa la violencia detrás de overoles blancos e impide que sus compañeros puedan estudiar, es como si bloquearan una carretera y cortaran el paso. Por lo demás, respecto al bloqueo de calles, las barricadas eran vistas por los que son gobiernos como “eventos familiares” y la toma de calles por violentistas que imponían “el que no baila, no pasa”, rompiéndole los autos a las personas, la consideraban una pequeña “broma”. Eran sus amigos.
Lo cierto es que nada era broma y todo es muy grave. La ley está para que se cumpla y el deber del gobierno es siempre imponer el orden público, es el “piso” de sus funciones y esto se hace siempre, no cuando los que protestan no son sus amigos. (El Líbero)
Magdalena Merbilháa
