El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, criticó el proyecto de reforma laboral que se discute en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, afirmando que contiene propuestas que “atentan contra la capacidad de gestión de las compañías y restringen la capacidad de elección de las personas”.
El escenario escogido fue el seminario “Los alcances de la reforma laboral”, organizado por dicha entidad gremial y la Universidad del Desarrollo (UDD), donde expusieron la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; el director de investigación de Economía de la UDD, Cristián Larroulet; el ex ministro del ramo, Ricardo Solari; la subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa; el ex subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda; y el asesor jurídico del ministerio del Trabajo, Roberto Godoy.
El titular de la industria indicó que el fin de reemplazo en huelga y la titularidad sindical son dos de los puntos que más reparos genera en su sector. Indicó que esta última idea se constituye en una sindicalización “forzosa”, que terminará dañando la libertad de asociación y entregando un poder monopólico a los sindicatos.
Von Mühlenbrock acusó que la iniciativa no hace referencia a temas que les preocupan y afectan a la sociedad como la informalidad laboral, la escasa participación de grupos vulnerables como jóvenes y mujeres y la baja productividad del país, clave para un mayor crecimiento.
Más allá fue el vicepresidente de Sofofa y titular de la comisión laboral de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, al detallar en su exposición, uno a uno, y con fundamentos, los reparos del empresariado a esta iniciativa.
En ese sentido, aseguró que esta reforma “no cuenta” con un consenso muy amplio de la ciudadanía. Es más, dijo que el proyecto tiene puntos de discrepancias y bastantes controversias que deben mirarse desde “el punto de vista más amplio de la sociedad”.
Puntualizó que como CPC llevan varios meses conversando con el ministerio del Trabajo enfocados en los puntos más conflictivos de la reforma “y para ser bien francos no nos sorprende nada (que no fueran escuchados); hemos planteado esto durante toda la discusión y nos hicieron poco caso no más, y la vida es así, no nos hemos podido convencer mutuamente”, sostuvo.
Las palabras de Guilisasti fueron respaldadas más tarde por Von Mühlenbrock al término del seminario, cuando aseguró que en el Gobierno “no nos han escuchado mucho. Eso es así. Ahora, si en el Parlamento nuestra ideas las podemos hacer valer y si los parlamentarios consideran que hay que incorporarlas al proyecto, fantástico”, acotó.
En su presentación, Guilisasti hizo un minucioso detalle de los principales ruidos que genera el proyecto de ley y que es imprescindible mejorar. Se refirió a cuatro áreas:
Inclusión de mujeres y jóvenes. Para el dirigente, hoy el instrumento principal para sumar y ser inclusivos es la incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo. “Tarea no fácil”, reconoce.Esto, porque en el caso de los jóvenes “no hay experiencias de políticas públicas (duraderas); algunas tienen que ver con subsidios pero el problema es cómo se hace eso de manera permanente”, dice. Destaca, que en el caso de las mujeres hay evidencia de que el principal obstáculo para su incorporación al mundo laboral es la inflexibilidad horaria, no sólo la normativa, “sino que la realidad misma de la empresa; flexibilidades que permitan hacer compatibles el trabajo con el cuidado de los niños. Ese es un tema que creo que hay que tenerlo presente”, en el proyecto, comentó Guilisasti.
Penalización a huelgas ilegales. Uno de los puntos que la CPC planteó a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, fue incorporar sanciones administrativas o penales por bloqueo y daños durante una huelga ilegal. Según Guilisasti, si la reforma va a incentivar a través del fortalecimiento sindical y los procesos de negociación colectiva una “nueva armonía” al interior de la empresa, “tenemos que ser muy categóricos en excluir y penalizar lo que se ha llamado las huelgas ilegales”. Precisó que estas acciones no son sólo fruto de la frustración al interior de las empresas- aunque “puede haber un componente de eso”, reconoció- “pero también lo hemos visto en la práctica; son fruto de un cierto amparo y legitimidad que estamos dando a las huelgas ilegales”, ya que en Chile un tercio de los paros son ilegales, comentó. El dirigente aseguró, además, que ellos como CPC “coincidimos en las buenas intenciones pero ojalá que este tema sea considerado”, sentenció.
Indemnización. A juicio del empresario, también es importante plantear cambios “definitivos” al sistema de indemnización por años de servicio hoy imperante, el cual paga hasta 11 años de servicios a un trabajador cuando es despedido. “Hay que incorporar un sistema nuevo que incluya algún tipo de indemnización a todo evento porque no solamente es un tema de costo de contratación, al contrario, pienso que la modernidad y las posibilidades de desarrollo y de crecimiento en la vida laboral tienen mucho más que ver hoy día con los cambios en el trabajo que con la permanencia en las empresas”, indicó Guillisasti.
Flexibilidad. Otro tema también a abordar y tener presente en el proyecto de reforma laboral es la capacitación, evento donde no estamos haciendo la “reflexión” necesaria, sobre un fenómeno mundial, dijo el empresario. Acá explica que debemos considerar que estamos en una economía globalizada, donde los capitales fluyen, hay una movilidad y desplazamiento de todo tipo de empresas industriales y de servicios, y al mismo tiempo se va produciendo una división nueva al interior del trabajo distinta a la que conocimos el siglo pasado. Bajo este nuevo escenario, acuñó, “los trabajadores calificados y altamente especializados van capturando las mejores rentas en los distintos segmentos y se va produciendo, por otro lado, un crecimiento económico sin generación de empleo. Este es el tema que hoy día está motivando fuertes reflexiones en la economía mundial”. Agregó que una de las mayores fuentes de desigualdad son las rentas diferenciadas, “y esto tiene que ver mucho con el fenómeno de la adaptabilidad laboral, por lo menos en la empresa”, aseguró.
Respecto a los puntos necesarios a modificar, Guilisasti apuntó tres. El primero sería la adaptabilidad pactada “puede ser un instrumento de mucha modernización en la empresa, horario, capacitación y otros beneficios, pero ¿por qué tan restringido”, dijo al referirse al filtro de un porcentaje de sindicalización. “Si no hay sindicato puede haber un grupo negociador, pero qué pasa con la adaptabilidad laboral. Necesito un quórum de 30% en régimen y parto con un quórum de 65% (en adaptabilidad); mientras que los contenidos de la adaptabilidad pactada están aún restringidos”, añadió.
Lo segundo, indicó sería revisar las mayores facultades de la Dirección del Trabajo como ente mediador que se plantean en el proyecto. Dijo que espera que el anuncio del Gobierno (de modernizar la DT) “no sea sólo aumentar la planta, los funcionarios y nos quedemos con un régimen de gobernanza en la cual no haya una dirección colectiva y una autoridad nombrada por los distintos poderes de la República”.
El tercer elemento, agregó Guilisasti, tiene que ver con los servicios mínimos o básicos que trae la iniciativa. El dirigente se preguntó qué pasará cuando no haya acuerdo. “Nos va a introducir en un tremendo problema previo a la negociación colectiva, (porque) ¿cuáles son los servicios mínimos?”. Acá, destacó, que falta una mirada más a fondo de cómo resolver el tema. “Nosotros propusimos que haya un período corto, de 5 a 6 días en que no se pudiera rescatar. Démosle otra vuelta porque esto tiene muchas implicancias”, acotó.
MINISTRA BLANCO
La ministra Javiera Blanco, por su parte, dijo que “La frase de que esta es una reforma pro-sindical y no laboral es inexacta». La frase ha sido utilizada tanto por sectores políticos de oposición, como por el empresariado. Por ello, aprovechó la instancia para responder todas las críticas que, hasta ahora, ha tenido la iniciativa que moderniza las relaciones laborales, pero no de manera “política”, sino más bien de una manera “técnica” utilizando evidencia nacional e internacional.
El primer documento citado fue el informe que emanó de la comisión Trabajo y Equidad de 2008, más conocida como comisión Meller. “En materias de relaciones laborales el consejo planteó la necesidad de promover la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores. Entre las medidas propuestas se encuentra el establecimiento de un sistema de adaptabilidad pactada, cuyo contenido debe ser acordado entre las partes; la implementación de mecanismos para evitar el fraude de la división artificial de las empresas con el fin de evitar la negociación colectiva (multirut); y la necesidad de desincentivar el comportamiento polizonte por parte de los trabajadores que se ven beneficiados por la negociación colectiva, sin asumir los costos y riesgos de este proceso”, recordó Blanco.
En este escenario, la ministra destacó la Ley que regula el multirut y que está vigente desde abril de 2014. Pero además recalcó que tanto la adaptabilidad como la extensión de beneficios sugeridas, están incluidos en el proyecto. La primera se incorpora como temática de negociación, y en el segundo punto, se establece un nuevo mecanismo donde el sindicato acordará con el empleador la extensión de beneficios.
A reglón seguido, la secretaria de Estado, y aprovechando que se encontraba exponiendo en la casa de uno de los gremios que integran la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), puso sobre la mesa el acuerdo de voluntades firmado entre la multigremial y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 2012. “Ambas organizaciones concordaron en la necesidad de mejorar el entorno regulatorio en el que se desarrollan las relaciones laborales en el país, principalmente en materia de negociación colectiva y actividad sindical. Expresaron coincidencias en la necesidad de establecer espacios institucionales que promuevan la sindicalización, para lograr lo anterior estimaron necesario fortalecer el sindicato como principal sujeto de la negociación. Esto lo dijo el acuerdo CUT – CPC”, subrayó.
Al mismo tiempo, hizo mención a que este acuerdo sostenía avanzar hacia la simplificación de los procesos de negociación colectiva; que la respuesta de la empresa al proyecto colectivo presentado por el sindicato, atendidas las circunstancias de la empresa, debían mantener las condiciones de la anterior negociación colectiva; y ampliar las temáticas a negociar.
Todos estos puntos, incluidos en el proyecto, han sido criticados desde el empresariado, por lo que la estrategia de Blanco estuvo en recalcar que estas materias fueron producto de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Pero las evidencias que respaldan la reforma no terminaron ahí. Blanco hizo mención a un informe de la OCDE de 2009 sobre la realidad y funcionamiento del mercado laboral chileno. “En este documento la OCDE revela que las relaciones laborales en el país están fuertemente marcadas por la confrontación y la falta de confianza entre los actores, lo que termina comprometiendo la trayectoria de desarrollo. Para superar esta visión, el estudio plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo social, asegurar un entorno normativo que reduzca la débil e impredecible aplicación de las regulaciones laborales, favoreciendo la simplificación de estas regulaciones y fortaleciendo su aplicación, aumentar la cobertura de los sindicatos y las asociaciones empresariales”, manifestó.
En términos específicos, sostuvo Blanco, la OCDE recomendó fortalecer la negociación colectiva y considerar los mecanismos de consulta y diálogo entre sindicatos y empleadores. Puntos que también están asociados en la reforma laboral.
Frente a todo esto, la ministra Blanco llamó “a discutir las cosas en su mérito”. «El proyecto de ley –dijo- afirma absolutamente y no restringe la libertad sindical; más aún, de lo que se hace cargo es de las vulneraciones a los principios de libertad sindical que nos han sido representados en diversas oportunidades por los órganos de control de la OIT y por el comité de derecho económico y social de las Naciones Unidas», explicó Blanco.
Las palabras de Blanco hacían alusión a la presentación que realizó la CPC ante la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, oportunidad en la que el gremio advirtió que la titularidad sindical vulnera la libertad sindical y de asociación, derechos que están regulados en el artículo N° 19 de la Constitución. «Nosotros podemos aclarar todo lo que tengamos que aclarar para señalarles a quienes piensen eso, que este proyecto no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad, ninguno. Y en eso seré muy clara», dijo Blanco al ser consultada por el tema.
En esa línea, dijo que lo que está impulsando el gobierno en términos de titularidad sindical cumple con lo que señala la carta fundamental en su artículo primero, que señala que los grupos intermedios de carácter permanente como las corporaciones, fundaciones y sindicatos, tienen un reconocimiento especial. Esta férrea defensa responde a que la titularidad sindical es uno de los ejes principales de la agenda laboral ya que, como lo explicó la misma ministra, es base para generar relaciones simétricas entre trabajadores y empleadores.
Asimismo, insistió en que el proyecto no es pro sindical como ha manifestado el empresariado, sino que promueve el diálogo. «Hoy tenemos que entender que los gremios y sindicatos son un medio de representación. El objetivo final es el logro de diálogo y simetría, por eso decimos que en lo conceptual está errado, no podría ser en ese sentido una reforma pro sindical», comentó.
Al ser consultada si hay apertura a realizar modificaciones al proyecto en respuesta a las inquietudes de los empresarios y de la misma Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -que se restó de la discusión en el Parlamento hasta cuando haya retomado las conversaciones con el gobierno-, Blanco señaló que lo que se ha enviado al Congreso es un proyecto «integral y robusto», que ha nacido del diálogo con todos los actores del mundo laboral, de la evidencia comparada y de estudios que lo avalan. «Lo que hemos enviado al Congreso es un proyecto que nosotros creemos le hace bien al país. Ahora, el diálogo que se abra en la etapa legislativa es un diálogo que nosotros respetamos y así está en las facultades por cierto a los parlamentarios en orden a tener ese debate», afirmó. (DF-Pulso)
