A raíz de las sentencias de la Corte Suprema que ordenaron a las isapres ajustar todos sus planes de salud a la tabla única de factores de riesgo establecida por la Superintendencia de Salud –mediante la circular IF/ 343 de 11 de diciembre de 2019, vigente a partir del 1 de abril de 2020– y a devolver lo que han cobrado en exceso a sus cotizantes, ellas mismas están poniendo en duda su propia continuidad. Parecen haber adoptado “la estrategia del alacrán”. Veamos:
1. En una reacción beligerante y cínica, las isapres pretenden, por una parte, culpar a la Justicia y a la Superintendencia de Salud como responsables de su eventual quiebra y, por otra, tratan de infundir temor a sus afiliados y afiliadas amenazándoles con que “no podrán seguir financiando sus planes de salud”, aunque se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones. Solo recogerán lo obvio: más desconfianza.
2. Por supuesto que resulta, también, inaudito que –con la mayor de las prepotencias y sin un mínimo de pudor– intenten responsabilizar a las autoridades judiciales y gubernamentales de sus propios actos arbitrarios, abusivos, ilegales e inconstitucionales, constatados por el Tribunal Constitucional –ya en 2010– como por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en MILLONES de recursos de protección que han sido acogidos en favor de sus afiliados(as).
3. La capacidad de abuso que las isapres continúan ejerciendo al ponerse en rebeldía frente a los fallos de la Corte Suprema, obliga a cuestionarse, con indignación, cuál es el rol que están jugando dentro del subsistema de salud privada. Y la primera conclusión es evidente: las isapres son “el problema” más que “la solución”. Las personas pierden cada día más la confianza en ellas y con su inacción se han ido convirtiendo, literalmente, en “una vaca en brazos”.
4. En efecto, por un lado, han acumulado una deuda con más de 750 mil afiliados(as) –en su mayoría mujeres– por el cobro excesivo de cotizaciones, a partir del 1 de abril de 2020, la cual seguirá creciendo mes a mes hasta que no sometan sus respectivos planes de salud a aquella tabla única de factores de riesgo. Y, por otro lado, arrastran otra elevada deuda con prestadores privados de salud, situación ante la cual muchas clínicas y establecimientos de atención médica han reaccionado, suspendiendo los convenios de copago, cuestión que obliga a los pacientes a pagar directamente las prestaciones recibidas para después recurrir a su reembolso en las oficinas de las isapres.
5. Esta situación sigue escalando, tras un agresivo artilugio de la Asociación de Isapres –no se entiende de otra manera– de plantarse como “las insustituibles” y sentarse a esperar que algún otro –en este caso, el Gobierno o el Congreso a través de una ley– les resuelva su deuda como Pinochet –de la mano de su ministro de Hacienda– lo hizo en 1982, haciendo que el Estado asumiera el endeudamiento abusivo de los más importantes bancos privados del país.
6. Sin embargo, la porfiada fuerza de la realidad nos lleva a concordar que el sistema de salud está constituido por dos factores esenciales: las personas (los pacientes) y los prestadores de salud (hospitales, clínicas y otros prestadores públicos y privados) donde aquellas son atendidas. Y las isapres –caemos en la cuenta– no son lo trascendente en el sistema de salud. No son indispensables. Simplemente, son entes auxiliares que recaudan las cotizaciones y operan como “financiadores” de las prestaciones en el subsistema privado de salud.
7. Así las cosas, la desaparición de las isapres es una posibilidad cierta y es mayor, si continúan en su “estrategia del alacrán”. Y si, en definitiva, llegaren a su fin, después de un período legal de continuidad con administradores provisionales, habrá otro u otros intermediarios que se encargue(n) de recaudar las cotizaciones y de financiar aquellas prestaciones. Ahora bien, al decir de lo que han resuelto los Tribunales Superiores de Justicia, habrá que exigirles a los nuevos que actúen como un seguro social –igual que el Fonasa– que respeta la igualdad ante la ley, es decir, prescinde de discriminaciones por preexistencias, por sexo y por edad. Es lo que la Corte Suprema en sus últimos fallos terminó reiterando, al disponer que los precios base de los planes de salud debían ajustarse aplicando la mencionada tabla única de factores de riesgos.
8. No podemos dejar de advertir que la progresiva intrascendencia de las isapres y el camino al despeñadero que se están trazando, se reafirma en el hecho indiscutido de que sus afiliados las están abandonando con una gradualidad creciente. Y muchos(as) son jóvenes que migran al Fonasa por el alto costo de los planes. En efecto, el total de sus beneficiarios cayó de 3.328.278 en enero de 2022 a 3.023.606 en marzo de 2023, o sea, en 304.672, lo que equivale a un 10% en 15 meses. Ahora, es del caso observar que el promedio de disminución mensual durante 2022 fue de 16.000 beneficiarios por mes, pero en los últimos 3 meses de ese año fue de algo más de 33.000 y en los primeros 3 meses de 2023 el promedio está por sobre 46.000, lo que indica que, cuando se publiquen las cifras de abril de 2023, los beneficiarios serán menos de 3 millones.
9. Por último, frente a esta realidad y mirando hacia el futuro, todo indica que existe la obligación del Estado en orden a seguir fortaleciendo el Fonasa, aunque por el momento haya podido asumir con naturalidad y sin estridencias el aumento de beneficiarios provenientes de las isapres. Un importante desafío para la salud pública será continuar absorbiendo ese flujo de cotizantes que abandonan las isapres, las que –de seguir el actual ritmo mensual– a fines del presente año terminarán con menos de 2 millones y medio de cotizantes. (El Mostrador)
Luis Eduardo Thayer Morel
