Porque admiro profundamente a los profesores Peña y Cisternas, he seguido su nutrido diálogo en estas páginas sobre las isapres y me ha sorprendido mucho ver que ambos giran en torno a las formas y procedimientos que, claro, en un Estado de Derecho son esenciales. Lo son, pero no al extremo de ser fin en sí mismos y llegar a destrozar la realidad.
Si la justicia y sus normas no se aplican a los hechos son solo malabarismos engañosos, y en este aspecto me siento más cercana al profesor Cisternas (pese a que siempre he coincidido absolutamente con Carlos Peña y su maravillosa lucidez) y a la Corte Suprema, los hechos son el eje esencial. El hecho de fondo indiscutido —y probado en miles de causas revisadas por las cortes— es que se hicieron cobros indebidos por las isapres. A las personas se les cobró de más deliberadamente aplicando un factor de riesgo improcedente: se les quitó indebidamente dinero, mensualmente, y su dinero les debe ser devuelto por las isapres respectivas. Ese es el hecho.
¿Es válido para quien hurta o se apropia de lo ajeno argüir que si lo devuelve “quebrará”? ¿Es válido pretender que sostengan su negocio lícito operando con fondos apropiados indebidamente de ciudadanos abusados?
Por cierto, no soy de la opinión de suprimir las isapres y creo profundamente en las virtudes del sistema mixto con una sana industria de salud privada, pero también creo profundamente que ante una falla del sistema debe responder el sistema y no las víctimas. Las isapres deben restituir sus fondos a Pedro, Juana y Diego y el Estado debe salvar a las isapres, como una vez lo hizo con la banca en 1982, debe apañarlas con recursos. Claro que también es una pena y es injusto para todos que nuestro pobre país deba invertir sus escuálidos fondos, necesarios para tantas obras públicas, en paliar un desaguisado, pero es aún más injusto que carguen con el muerto pobres ciudadanos de a pie, sin culpa alguna. (El Mercurio Cartas)
Clara Szczaranski
