Fue en 2007 la primera vez que el penalista Juan Domingo Acosta representó a Sebastián Piñera, quien entonces era director de LAN Airlines S.A. La entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) había multado al empresario por $363 millones por no abstenerse de la compra acciones de la aerolínea que la Ley del Mercado de Valores impone a quienes cuentan con información privilegiada.
Tras el caso LAN, el abogado ha sido su defensor en otras dos causas penales durante 2017. Y en diciembre de 2019 lo representó ante los parlamentarios que iniciaron una acusación constitucional por los casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas durante el estallido social. La Cámara de Diputados desechó en esa ocasión la cuestión previa.
Una de esas causas penales fue el caso Bancard, el familiy office del Mandatario. Otra el caso de la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar, una de cuyas aristas que reflotó con los Pandora Papers: la venta en 2010 de la familia Piñera Morel de Minera Dominga a la Imbobiliaria Duero, de Carlos Alberto Délano, y que, según la información revelada por Ciper y LaBot, se realizó en las Islas Vírgenes Británicas. El punto más controversial, aunque conocido al menos desde 2017: una tercera cláusula de pago sujeta a que no hubiesen cambios regulatorios que obstaculizaran el proyecto.
Se trata de un caso que finalmente se llamó Exalmar-Dominga, que investigó el exfiscal Manuel Guerra y en el que Piñera fue sobreseído por los tribunales en 2017. Tras la polémica global de los Pandora Papers, cuyo énfasis estuvo en la divulgación de algunos personajes públicos que han invertido en ciertos paraísos fiscales, diputados de oposición ya anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del Presidente.
De materializarse el libelo, lo más probable es que sea Acosta quien represente, nuevamente, al Presidente. El otro abogado que podría sumarse a la defensa es Samuel Donoso, quien además representa al Gobierno en las causas penales que se abrieron por los hechos de violencia tras el estallido social. En ese equipo también están Gabriel Zaliasnik, Jorge Bofill y Marcelo Sanfeliú.
El miércoles 6 de octubre, Acosta respondió en El Mercurio que, dado que el Mandatario fue sobreseído de la causa -originada por una querella del diputado PC Hugo Gutiérrez-, «aquí, ante todo, hay cosa juzgada».
Respecto de la tercera cuota que implicaba la cláusula relacionada con la regulación ambiental, respondió: «Ese contrato, con esta cláusula, está en la carpeta investigativa y en los documentos anexos a la carpeta. En eso quiero ser categórico y claro. Por lo tanto, no es un hecho nuevo».
El jueves 8 de marzo, a través de un comunicado, Acosta reiteró que la venta de Dominga, incluida la tercera cláusula, fue adjuntada en los documentos que entregaron a la Fiscalía como parte de la evidencia, el 7 de abril de 2017. En su relato, Nicolás Noguera (gerente general de Bancard) entregó ese día de 2017 a la PDI «un disco duro que contenía todos sus correos electrónicos para que se revisasen aquellos relacionados relativos a Pesquera Exalmar y al Proyecto Dominga, autorizando expresamente a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía a acceder a esos correos, según consta del acta respectiva».
Entre esos antecedentes había un documento denominado «Acuerdo». Estaba «firmado por todos los comparecientes, da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta a Inmobiliaria Duero Limitada de la totalidad de derechos sociales en Andes Iron Limitada, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga».
Asimismo, dijo que el documento «contiene todos los acuerdos alcanzados entre comprador y vendedor en relación a la compraventa, incluyendo en su cláusula 3.03., aquella relativa al pago del saldo de precio de la compraventa, su monto y plazo, así como las condiciones a las cuales quedaba sujeto dicho pago. Su contenido es exactamente el mismo del contrato de compraventa, pues dicta sus términos».
El primer fichaje ocurrió a través del Ministerio del Interior. Rodrigo Hinzpeter lo convocó para trabajar en la modificación a la Ley Antiterrorista -que se impulsó en medio de la huelga de hambre de 32 presos mapuches-, la ley antidiscriminación y la legislación que penalizaba las tomas.
Acosta también se convirtió en el abogado de Hinzpeter, quien enfrentó dos acusaciones constitucionales como ministro de Interior, las que finalmente fueron desestimadas en la Cámara de Diputados. Fue el penalista que lo representó durante el juicio por el Caso Bombas 1, cuando fue llamado a declarar.
En 2013, además, La Moneda fichó a Acosta como parte del equipo jurídico que representó el Gobierno en el caso de los llamados «falsos exonerados políticos».
Pero había otros dos vínculos comunes con Piñera. Por ejemplo, representó en una causa de paternidad a Miguel Piñera, hermano del Mandatario.
Además, fue socio del abogado Carlos Zepeda en el estudio Espina, Zepeda & Acosta, que estaba ubicado en calle Miraflores. Zepeda, quien murió de cáncer en 2013 y fue presidente del directorio de Televisión Nacional, era uno de los mejores amigos del Mandatario. El tercer socio era Alberto Espina, exsenador RN, exministro de Piñera y ahora consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Acosta estudió derecho en la Universidad Católica (UC) y fue uno de los mejores alumnos de su promoción: egresó con un 6,6 y obtuvo un 7 en la memoria.
En su paso por la Escuela de Derecho UC no estuvo entre quienes Jaime Guzmán –profesor de derecho constitucional- ejerciera influencia política. Tanto Acosta como su amigo de la escuela Juan Pablo Hermosilla, otro destacado penalista, eran opositores al régimen de Augusto Pinochet. Ambos votaron No en el Plebiscito de 1988.
Acosta nunca ha militado en un partido. Votó por la Concertación en tres elecciones seguidas: Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos. En 2009 por primera vez dio el voto a otro candidato: Sebastián Piñera.
Ha participado en varias comisiones. Entre ellas, la Comisión para el Estudio de la Reforma Judicial (1991), la Comisión para estudiar modificaciones a la Reforma Procesal Penal (2012) y el Foro Anteproyecto del Nuevo Código Penal (2015) que convocó Ministerio de Justicia.
Acosta y Hermosilla comenzaron su carrera como abogados a los 20 años. Lo hicieron en el estudio del penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo. Fue su formador.
Tras dejar Espina, Zepeda & Acosta, en enero de 2013 el penalista decidió seguir un camino propio y formó Acosta & Asociados. Es un estudio «boutique» donde trabaja con otros tres abogados: Alberto Aguilera, Juan Guillermo Barrios y Christian San Martín.
Durante los últimos años, además de ser el abogado de Piñera, ha estado tras varias causas complejas de connotación pública. Fue abogado del economista Klauss Schmidt-Hebbel en el juicio por el crimen de su hijo por el cual está presa María Pilar Pérez (conocida como «La Quintrala»). Además, defendió al exintendente de la Región del Biobío Jaime Tohá cuando estuvo imputado en la causa penal que se abrió contra las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet tras el tsunami de febrero de 2010.
Ha estado en los juicios de los casos La Polar, Registro Civil, Kodama e Inverlink.
También fue abogado del excardenal Francisco Javier Erráruriz en la causa por encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia Católica.
En septiembre de 2019, fue fichado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la causa en la que su hermano, Francisco Frei, se autodenunció y confesó una serie de operaciones financieras sin autorización ni consentimiento del exmandatario.
Uno de los últimos casos públicos que tomó Acosta fue en medio de la pandemia, cuando en enero de 2021 fue fichado por el piloto de rally Samuel Israel Concha en la causa que se abrió en su contra por realizar una fiesta en Cachagua: se le imputa poner peligro la salud pública. (Pauta)
