Juan Pablo Luna nació en Uruguay y ha desarrollado su carrera académica en Chile. Ese dato no es baladí, pues aquella «doble nacionalidad» le ha permitido analizar las dificultades que atraviesa América Latina desde la realidad de los dos países con las mejores cifras de desarrollo de la región.
Pero son cifras que no bastan: Uruguay y Chile comparten problemas similares -con distintas intensidades y dimensiones- con otras naciones del continente: delincuencia, crisis educacional y persistentes demandas a Estados que no logran responder.
Eso es lo que el profesor de la escuela de gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador asociado del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, aborda en «¿Democracia Muerta?» (Ariel 2024), último libro.
En el ensayo, con muchos ejemplos, vivencias personales y análisis, Luna describe que los problemas de las democracias de la zona no se originan solo por la política institucional, sino también por factores estructurales profundos.
En ese contexto, advierte sobre el protagonismo que ganan las policías en el contexto de la crisis de inseguridad que asola a varios países. «Hay resortes de poder institucional en las policías que los convierten en actores que pueden ser árbitros de cuánto duran los gobiernos y por lo mismo que de alguna forma les genera la capacidad de ponerle condiciones», comenta.
En una conversación sostenida en el programa «Mirada Política» de EmolTV antes de las elecciones municipales, Luna abordó esos factores estructurales y analizó las falencias del Estado para enfrentar y gestionar la realidad actual.
-¿Desde dónde se puede empezar a repensar el escenario chileno, qué cosas están más o menos funcionando?
-«La democracia sigue funcionando y, en ese sentido, el libro lo que trata de argumentar es que estamos muy obsesionados con la llegada de un líder populista (…) y en términos comparativos Chile es un país que tiene uno de los Estados más capaces de la región, de las economías más robustas de la región, a pesar de todo lo que se discute respecto a los problemas de los últimos años. De alguna manera, hay cierto piso para eventualmente atacar los problemas que la democracia enfrenta. Más allá de eso, obviamente el diagnóstico es que hay múltiples problemas y múltiples desafíos, y que realmente no tenemos muy claro cómo solucionarlos. Entonces la invitación del libro también es sincerar el diagnóstico».
-A propósito de los Nobel de Economía, Acemoglu, Robinson y Johnson, se plantea la importancia de tener instituciones sólidas para que los países se desarrollen. Se suele decir que Chile tiene instituciones sólidas.
-«En términos políticos, es tan importante la fortaleza institucional, que Chile la tiene a pesar de lo que ha pasado por ejemplo con el Poder Judicial, (…) pero más allá de la fortaleza relativa también es importante la legitimidad con que cuentan esas instituciones. En el caso chileno hay un gap de los más grandes que se ve a nivel regional entre la temperatura y la sensación térmica. Lo mismo pasa en términos de seguridad. Si uno mira Chile, desde los ’90 la percepción de inseguridad ha sido mucho más alta que las tasas reales de inseguridad (…). Entonces en política y para los temas que tenemos que pensar, no solo importa la situación objetiva, sino cómo esa situación objetiva es mirada desde lo subjetivo y ahí hay un desafío que para Chile es bien es bien relevante. Respecto al desborde institucional o del desborde del Estado yo creo que parte del problema que vemos en toda la región es que en los últimos 200 años, 300 años el eje de poder es el Estado-Nación y lo que hemos visto en estas últimas décadas es una pérdida de poder relativo del Estado. Entonces tenemos Estados que por un lado necesitan desarrollar funciones cada vez más complejas, porque tienen desafíos por abajo y por arriba (…). Estos Estados que de alguna forma eran el ancla del régimen político han ido perdiendo poder y al mismo tiempo necesitan cumplir funciones cada vez más exigentes».
-Más allá de los análisis de los últimos días, en tu libro señalas que existe una pulsión en sectores más de centroderecha de volver al «oasis» perdido tras el 18-O, pero observas que el actual Gobierno cae en la misma tesis cuando habla de «normalización».
-«Ambas estrategias me parecen erradas. En el caso de la ambición de la derecha me parece que es muy miope y no tiene demasiada capacidad de realización. Esa vuelta al día anterior del estallido o a este oasis imaginado… es impracticable dada las condiciones que hoy tiene el país y, por otro lado, a mí me parece que la tesis que intentó defender en algún momento el Gobierno de que se había logrado una normalización a mí me parece doblemente inconducente. Hay mejoras respecto a la situación que vivimos durante el estallido y durante la pandemia, pero la gente no las valora de esa manera. En términos más ideológicos, este Gobierno de alguna forma en su momento empatizó y sintonizó con las demandas que se expresaron en el estallido (…) entonces hablar de una normalización y pensar la normalización como una vuelta al momento previo al estallido implica negar esta agenda de cambios profundos que la ciudadanía sigue reclamando».
-Los gobiernos en la región se tornan muy dependientes de las policías y lo vemos con el Gobierno de Boric, que habló de refundación y terminó reforzando la institución.
-«Acá hay un cambio de época. Nosotros tendíamos a pensar que el problema, la amenaza a la democracia, provenía de los militares y que eran tradicionalmente, históricamente, los militares la principal amenaza dentro de los cuerpos armados para la democracia en la región. Parte del argumento que yo trato de hacer es que no sólo en Chile, ni principalmente en Chile, sino en toda la región, las policías hoy son árbitros. Por ejemplo, el que las policías actúen de una u otra manera en contextos de estallidos, que los ha habido en Perú, en Bolivia, en Colombia, hasta en Cuba, depende un poco la suerte del gobierno de cuánto control tenga la policía y cuánto mando civil haya de la policía. Y esto se ha puesto peor no sólo por el tema de las protestas, sino por la centralidad del problema de la delincuencia. Entonces, cuando tienes una situación en buena parte de la región donde el principal problema que debe atacar el gobierno es la seguridad, eso le genera un poder de facto a las policías muy relevante. Las policías pueden, si hacen un paro de manos, de brazos cruzados, generar crisis de seguridad que afecten a los gobiernos. Hay resortes de poder institucional en las policías que los convierten en actores que pueden ser árbitros de cuánto duran los gobiernos y por lo mismo que de alguna forma les genera la capacidad de ponerle condiciones a los gobiernos». (Emol TV Emol)
