Las invocaciones que hizo el Papa a la cultura del encuentro, del diálogo y de la paz por sobre la confrontación, coincidente con la inauguración del año judicial, tiene un fértil campo en la justicia de los acuerdos o formas colaborativas de resolver la creciente variedad de conflictos privados y públicos que se conducen a los tribunales.
Ambos hechos actualizan la importancia y los beneficios múltiples que para las personas y la sociedad tienen la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje o sus combinaciones como formas de resolver pacíficamente las controversias; rememora el apoyo que esta forma de acceso a la justicia ha tenido de parte de líderes espirituales, políticos y judiciales, vivos y difuntos; recuerda los abundantes estudios y literatura existentes y variadas experiencias y legislaciones sobre esta materia a niveles país e internacional, en grados diversos según el tipo de conflictos y culturas imperantes.
En fin, se reactualizan las crecientes y reconocidas limitaciones que tiene el litigio judicial en costos, dilaciones y sobrecarga del sistema estatal, entre otras, como forma automática y prevalente de resolución de conflictos mediante la aplicación del Derecho y sus supuestos de seguridad y paz, con perdedores y ganadores más bien teóricos, sin reconocer ni ponderar las causas que los generan ni la dignidad y menos las relaciones futuras de los litigantes, como ocurre en los litigios familiares, comerciales y vecinales. Es decir, la deshumanización de la justicia que imparten los tribunales acentuada con las nuevas tecnologías.
Gandhi extendió su exitosa política de no violencia a las controversias propias del ejercicio de su profesión de abogado calificando al litigio como otra expresión de la fuerza, producto, en su opinión, de la incapacidad de comprender la profunda y negativa penetración que la solución adversarial de controversias tiene en la vida de las personas, y que la verdadera función del abogado, afirmaba, es unir a las partes en conflicto. Asimismo, el ex presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos Warner Burger expresaba que el sistema judicial es demasiado costoso, penoso, destructivo e ineficiente para personas verdaderamente civilizadas.
Diversas barreras dificultan el mayor desarrollo de las resoluciones dialogantes y pacíficas que apunten a las causas de los conflictos y a soluciones restaurativas y duraderas. Las barreras más importantes parecen estar en la cultura jurídica de los abogados y en la insuficiente conciencia cívica de la población. La de aquellos, porque adquieren en su formación los conocimientos y las destrezas necesarias para resolver como primera, preferente y mecánica solución la vía del litigio para los conflictos jurídicos de acuerdo con la definición legal de abogado: representar en juicio los intereses de sus clientes, concepto que omite su importante función preventiva. Carecen, por lo tanto, de la cultura de los acuerdos como prevalente en una época de «legalismo» y «judicialismo» excesivos y profundos cambios sociales, políticos, económicos, morales y éticos. Además, los abogados pierden la oportunidad de ser promotores de paz y mejores personas. La población, por su parte, ve en los abogados y el litigio instrumentos de amenaza y fuerza para la resolución de sus controversias y signos de debilidad en la búsqueda de los acuerdos.
Los beneficios de mediano y largo alcance que tiene la justicia del diálogo y de los acuerdos que nos ha recordado el Papa, y más allá de los avances logrados en los últimos decenios en el país, requieren hoy del concurso del tiempo y de decididas voluntades políticas que comprendan que los cambios verdaderos y profundos de la justicia son graduales y culturales.
Litigar o conciliar son caminos diferentes para lograr verdadera justicia: transitar más el segundo según la naturaleza del conflicto sería una contribución al acceso a una mejor justicia y a la profundización de nuestra democracia.
Luis Bates
Director Centro de Educación Ciudadana
Universidad San Sebastián
