Tras la última cumbre de Bruselas, Pedro Sánchez recibió un mensaje poco grato de sus socios europeos: “los Estados miembros deben cumplir los requisitos de la Unión Europea para asegurar que la independencia judicial no esté comprometida”. Un llamado de atención directo, sin rodeos, en contra de una polémica reforma judicial que presentaron el PSOE y Podemos, a instancias de este, en el Congreso.
La reforma busca rebajar la mayoría de tres quintos en cada cámara del Parlamento para nombrar vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el organismo que tiene las competencias para designar cargos judiciales y cumple funciones de inspección, además de informar proyectos de ley. De acuerdo con el texto, si en primera vuelta no se consiguen los tres quintos, 48 horas después se hace una votación que requiere solo mayoría absoluta.
Tampoco cayó bien, ni en Bruselas ni en la oposición española, que los partidos de la coalición de gobierno no hayan enviado un proyecto de ley sino una “proposición de ley”, porque esta permite evadir la obligación de pedir informes al CGPJ, al Consejo Fiscal y al de Defensa, los que podrían presentar objeciones jurídicas, y además, porque se puede despachar en dos meses.
Quizás el apuro por pasar la reforma tiene que ver con la complicada situación judicial del líder de Podemos, el populista de izquierda Pablo Iglesias. El juez que lleva una causa en la que está involucrado pidió recientemente al Tribunal Supremo que abra una investigación en su contra, por posible denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos, todos en relación con el “caso Dina”, una intriga legal que protagoniza una exasesora suya, causa en la que podría quedar como imputado.
Iglesias, cómo no, asegura que sufre “acoso judicial”, que los cargos son “falsedades” y que es víctima de “algunos poderes profundos” que “quieren devolver a España al pasado”. Para nadie es un secreto que Iglesias tiene un total desprecio por la institucionalidad española, y que su proyecto político es cambiar las bases constitucionales. Parecería que esta reforma va en ese sentido, aunque el gobierno asegura que busca contrarrestar el “bloqueo” que hace el Partido Popular para renovar los vocales del CGPJ.
Desde que Polonia y Hungría derivaron hacia “democracias iliberales” —una manera de llamar a los autoritarismos—, la Unión Europea está muy alerta a los intentos de cualquier gobierno por manipular la justicia o controlar a los jueces, y España no se libró de eso. En el caso de la propuesta española, además, consideran grave que no se consulte a las partes afectadas.
El “tirón de orejas” de la UE, que tenía implícita la posibilidad de que España no recibiera el paquete de rescate para combatir los efectos de la pandemia, tuvo efecto inmediato. Sánchez pidió negociar cambios con la oposición. El PP, eso sí, ha puesto la condición de no tratar el tema con Podemos, partido que “arremete contra el rey” y está haciendo un “asalto al Poder Judicial”.
Puede que en esta ocasión los hechos obliguen a Sánchez a mantener dominado a Iglesias, pero es probable que el díscolo líder de Podemos vuelva con otra polémica iniciativa. (El Mercurio)
Tamara Avetikian
