Son políticos sometidos a investigaciones en casos de presunta corrupción, deshonrosas para quienes han contado con la confianza de sus electores. Y cuentan con defensas avezadas que, literalmente, se las saben “por libro”.
Militan en el Partido Comunista, cuyo presidente no se tupe un segundo para acusar persecución y presentarlos ante Chile como víctimas de una operación política. Niega la intervención indebida y valora el pedido a la Corte Suprema para la remoción del fiscal que investiga a dos militantes, por la “diversidad y anchura” del grupo de diputados que lo encabeza (intente usted descifrar esa jerigonza).
Hace un año, la diputada Karol Cariola anunciaba en X su participación en un programa, donde “analizamos a fondo el caso Hermosilla, sus vínculos con el piñerismo y las más altas esferas de la derecha en nuestro país”. ¿Sus fundamentos para condenar públicamente a un sector político? Mensajes de WhatsApp.
Hoy es ella la imputada, su teléfono el incautado y han sido sus conversaciones con la exalcaldesa de Santiago las que se han filtrado. Si antes celebró alegremente que mensajes privados vieran la luz y, a partir de ellos, imputó delitos a otros, ahora asegura que es víctima de una campaña de desprestigio y asesinato de imagen pública. Reclama por la vulneración de sus derechos y exige respeto por su intimidad. Daniel Jadue, quien también ha denunciado una campaña de desprestigio, tuvo más suerte. Unas treinta interceptaciones telefónicas, que registraban sus conversaciones con el gerente de una empresa, acusado de cohecho en el caso Luminarias, se extraviaron. Con todo, desde su prisión preventiva domiciliaria, por otro caso, ha presentado esta semana una querella por “fraude judicial”, contra “quien resulte responsable”, acusando la existencia de un complot en su contra, en el que participarían personajes del mundo público y privado.
Usted dirá que en la derecha también hay casos de corrupción. Ciertamente, como en otros partidos políticos. Son delitos que no tienen militancia exclusiva: frescos y abusadores del poder hay de todos los colores. La manera de enfrentarlos, sin embargo, ha sido distinta: más allá de una consideración inicial, han sido rápidamente desafiliados, no hay bancadas parlamentarias exigiendo remoción de fiscales, ni se han denunciado, públicamente al menos, operaciones políticas.
Podríamos valorar que la misma izquierda que lleva años imputándoles delitos a otros al voleo y ha perseguido con persistencia el asesinato de imagen de sus adversarios, apele hoy a la presunción de inocencia, el cuidado riguroso de información obtenida de teléfonos incautados y la reserva de la intimidad de quienes investiga. Pero lo más probable es que esas garantías sean invocadas solo para sus militantes. Es lo propio en una cultura política amparada en la acusación sistemática de anticomunismo, incluso cuando no es la crítica a su visión ideológica, sino la ley la que llama a su puerta.
La escena que el PC visualiza no es la de tres militantes investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos en el ejercicio de los cargos que han ostentado. Tampoco está declarándolos como inocentes hasta que la justicia pruebe lo contrario. Para ese partido son perseguidos políticos, reprimidos por el Estado de Derecho, el mismo que dispone que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a leyes que se aplican por igual. (El Mercurio)
