La pugna que enfrenta a Carabineros y el Ministerio Público a partir de la denominada “Operación Huracán” no ha hecho más que agudizar la sensación de desamparo con la que conviven a diario las víctimas de la violencia terrorista en La Araucanía.
El episodio debilita de sobremanera la ya frágil institucionalidad que existe para enfrentar este problema en una región altamente vulnerable en términos de seguridad pública y desarrollo social. Desamparo al que se suma como cruel acompañante la impunidad, porque los actos violentos continúan ocurriendo sin que los responsables sean sometidos a los tribunales de justicia. De hecho, en días recientes ha habido varios ataques donde los afectados constataron una escasa coordinación y efectividad en el trabajo de las policías y la fiscalía.
Tratándose de un problema de larga data, debiese haber avances sustantivos en este tema sobre la base de la experiencia y las lecciones que se han podido extraer de los errores cometidos. Pero, al contrario, lo que se observa en la práctica es un severo retroceso tanto en los resultados alcanzados para lograr la paz y un mayor bienestar social en La Araucanía, como en la confianza de sus habitantes en los organismos responsables de enfrentar esta compleja situación.
Lo más grave de todo es que el principio de libertad se desvanece amenazado por la coerción a la que están sometidas un número importante de personas de la región atemorizadas por los altos niveles de violencia a los que están expuestas. Estos chilenos no sólo son víctimas de los grupos terroristas que operan en esa zona, sino que también del Estado, que con su ineficacia ha sido incapaz hasta ahora de brindarles la seguridad que les garantiza la Constitución.
La falta de respuesta oportuna para abordar esta problemática convierte cualquier medida que se implementa en un mero recurso paliativo que en nada alivia el drama instalado en esa región. El recelo incubado entre las dos principales instituciones destinadas a investigar los delitos cometidos en esa zona no será fácil de superar, con los perjudiciales efectos que ello supone en los intentos por acabar con la violencia en La Araucanía.
Como el actual gobierno va de salida, es evidente que a esta altura no tiene la capacidad ni la voluntad para hacer frente a la crisis que se está registrando, por lo que será responsabilidad de la administración del próximo Presidente encarar este problema de manera decidida, teniendo como primer desafío restituir la confianza perdida de los ciudadanos en la labor que realiza el Estado en la región (autoridades, policías y sistema judicial).
No se puede perder de vista que el problema en La Araucanía es multicausal, y por lo mismo, muy complejo de manejar, con dos dimensiones centrales que se deben abordar de manera conjunta y mediante una política de Estado que sea continua, y que se proyecte más allá de los gobiernos de turno. Porque es claro que sin paz social no podrá haber desarrollo social en esa zona; y de igual forma, sin avances en lo social resultará más difícil desactivar la violencia.
El gran desafío que tenemos como sociedad en este tema es llegar a confluir en una mirada común sobre cómo debemos abordar y resolver los problemas de La Araucanía, restituyendo en primer lugar el Estado de derecho, y ofreciendo a la vez mayor desarrollo y mejor calidad de vida a sus habitantes. En esto no podemos seguir fallando como país. (El Líbero)
Pablo Terrazas, secretario general UDI
