A nadie escapa que la importancia y el grado de compromiso de una nueva constitución requiere de votaciones muy participativas, equitativas y de resultados respaldados por mayorías sustantivas. Una constitución que nace sin amplios consensos y sin una génesis democráticamente trasparente, en realidad nace muerta por la sencilla razón de que no genera un grado de compromiso amplio y de acatamiento solemne que se requiere para la estabilidad y longevidad institucional que es su objetivo. Por eso es que hasta los regímenes autoritarios montan escenarios creíbles para sancionar una constitución y la propia de 1980 es una buena prueba de ello (fue votada por más de seis millones de chilenos y aprobada por un 67% de ellos).
Basta asumir ese simple e implacable razonamiento para espantarse ante las circunstancias que rodean el proceso de edificación de un nuevo texto constitucional instalado gracias a un irresponsable acuerdo entre el gobierno del Presidente Piñera y una endeble y reluctante mayoría parlamentaria circunstancial. No solo el país carece de las condiciones de claridad, tranquilidad y estabilidad institucional para desarrollar con posibilidades de éxito el proceso anunciado, sino que ya algunas de las disposiciones que para él se están elaborando son tan absurdas que lo convierten en objetable antes de siquiera comenzarlo.
Una de ellas, y tal vez la más grave, es la discriminación de género que se está debatiendo. La idea de que las mujeres tengan garantizada la mitad de los asientos en la asamblea constituyente que habrá de elegirse en algún momento simplemente es absurda. Pero, ¿no tienen acaso la igualdad de género asegurada en la base electoral? ¿Qué necesidad tienen de sobreprotección si son la mitad o más del electorado? Peor todavía es la arbitraria discriminación que se pretende introducir asegurando puestos en la asamblea constituyente a los llamados “pueblos originarios”. ¿No son acaso votantes igualitarios que bien pueden elegir los constituyentes que a su número corresponde? ¿Por qué el voto de un chileno de ancestros extranjeros va a ser menos decisivo que el de un “originario” que ni siquiera se siente chileno, como acaba de manifestarlo un determinante dirigente mapuche? Cuando se están considerando esas absurdas normativas, ¿no se está haciendo otra cosa que deslegitimar por anticipado el texto constitucional que se pretende lograr?
Pero, para cuando la posible elección de la asamblea constituyente tenga actualidad, la bala loca -que es todo el disparatado proceso desencadenado para aplacar el famoso “estallido social”- ya va a haber malherido a varios sectores relevantes del acontecer nacional. Desde luego, a los partidos políticos que, con suprema irresponsabilidad, alinearon a sus parlamentarios para que abdicaran de su poder constitucional de modificar sin límites la constitución vigente para tirarlo precipitadamente a la calle al margen de ella. Con ese proceder se han deslegitimado a sí mismos y en un momento en que las encuestas de opinión los muestran peligrosamente descapitalizados. Es probable que, recapacitando en ello, ya algunos de esos partidos manifiestan rechazo al proceso que ellos mismos ayudaron a desatar, al tiempo que todos trabajan en idear reglas electorales que eventualmente les permitan validarse en la asamblea constituyente cuya elección necesariamente estaría mucho más abierta a la injerencia de movimientos informales y extrapartidistas que las habituales elecciones parlamentarias.
En todo caso, si es incómodo el escenario para los partidos políticos democráticos, lo es mucho más para los de extrema izquierda –el PC y el Frente Amplio– que llevan 40 años exorcizando la que llaman “Constitución de Pinochet” y, por tanto, no tienen postura que justifique su rechazo al proceso constituyente que se ha abierto. Pero es que nunca se pusieron en el caso de que ese proceso lo pavimentaría un gobierno de derecha, como es el de Sebastián Piñera, y ahora enfrentan una situación en que, si fracasa, habrán validado la “Constitución de Pinochet” y, si triunfa, los hará legitimantes de la “Constitución de Piñera”. Por eso es que cavilan a todo vapor en la forma presentable para su eterna estrategia de “un pie adentro y otro pie afuera”, cuyo propósito es no quedar excluidos y aislados y tampoco perder la justificación de un “patear de la mesa” para iniciar otros 40 años de exorcización de la constitución que resulte si no es de su gusto.
No se puede perder de vista que para esos partidos que son la expresión política del populismo rupturista, nada puede poner en riesgo su vinculación con “la calle”, que es la fuente de su poder electoral. Por esa razón, el proceso constitucional tendrá lugar en el peor escenario posible para ellos, cuando la reacción de la ciudadanía moderada, que es la enorme mayoría, provocada por el horror causado por los desmanes del “estallido social”, se haya trasformado en refuerzos al estado de derecho. Nadie puede ignorar que lo ocurrido asegura que no se volverá a repetir el estado de inadvertencia y de indefensión que sorprendió al gobierno en octubre de 2019 y eso basta para comprender por qué el proceso constituyente en marcha inquieta tanto a esos partidos rupturistas. Ya es un hecho que el “estallido social” no abatió al gobierno y todo lo que viene es reforzamiento de su capacidad represiva.
Con todo, es precisamente el gobierno y toda la institucionalidad republicana el más expuesto a los efectos de la bala loca. Quiera que no, tendrá que presidir un proceso constitucional de dos años de duración, lleno de oportunidades para la disidencia, el desorden, la demagogia y el disparo cruzado de amigos y enemigos, y todo ello cuando se encuentra más debilitado y carente de prestigio que nunca.
Es así como se demuestra lo acertado que es comparar el proceso en marcha con la bala loca que titula estas reflexiones. (El Líbero)
Orlando Sáenz
