En los pasillos del Ministerio de Hacienda se comenta, aún en voz baja, que el jefe de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ), un servicio dependiente de esa repartición, está caminando sobre una cuerda muy poco tensada. ¿La razón? La forma en la que el superintendente Renato Hamel ha enfrentado la concesión del nuevo casino de Chillán, un negocio que supera los US$ 50 millones y que lleva más de un año de atraso en su adjudicación.
Nuevos antecedentes a los que tuvo acceso El Mostrador muestran que el superintendente Hamel habría ocultado información clave a personeros de Hacienda y a los miembros del Consejo Resolutivo que, a fines de agosto, debían tomar una decisión respecto a qué operador de casinos se quedaba finalmente con la apetecida plaza de Chillán.
La disputa por el nuevo casino de Chillán enfrenta a dos empresas.
Por un lado, está Marina del Sol, una sociedad de capitales chilenos y canadienses que en 2005 se adjudicó, en medio de una fuerte polémica regional, el casino de Talcahuano. A la cabeza de este consorcio está el empresario Nicolás Imschenetzky, dueño de la inmobiliaria Valmar, que ha desarrollado gran parte del área metropolitana norte de Concepción. Además, actualmente Marina también opera el casino de Los Ángeles y, a mediados de año, hizo una oferta de compra por las plazas de juego de Calama y Osorno, que actualmente está siendo revisada por la SCJ.
En la otra esquina del cuadrilátero se ubica Boldt-Peralada, un consorcio argentino-español que se adjudicó hace un par de años el casino de Ovalle, que todavía está en construcción.
La firma Dreams, que probablemente sea el mayor operador de casinos en Chile, se retiró de la licitación de Chillán a mediados de 2014, reclamando que el Consejo Regional del Bío Bío (Core) no daba garantías de imparcialidad, al favorecer al postulante local Marina del Sol, que cuenta con amplias redes políticas en esa región (para más información, ver el artículo “La trenza político-empresarial tras la licitación del Casino de Chillán y la compleja decisión que enfrenta el subsecretario de Hacienda”).
EL DESCONOCIDO INFORME
En mayo de este año miembros del equipo jurídico de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) elaboraron un informe en derecho, cuyas conclusiones no favorecían a Marina del Sol. Ese reporte analizaba el hecho que la empresa penquista no había cumplido con el requisito de mantener vigente la boleta de garantía. En efecto, durante la primera semana de enero de este año, Marina no contaba con el respaldo económico legal.
El informe interno, del cual El Mostrador obtuvo una copia, aseguraba que “cabe concluir que la sociedad postulante Marina del Sol Chillán S.A. al no mantener vigente durante el proceso de otorgamiento de permiso de operación para casino de juego la boleta de garantía bancaria (…) incurre en un incumplimiento que tiene por efecto la caducidad del referido proceso a su respecto, ya que constituye una condición previa y necesaria para la resolución de toda solicitud de operación de casino de juego”.
Sin embargo, la SCJ no envió ese informe al Ministerio de Hacienda y al Consejo Resolutivo que, a fines de agosto, tenía que tomar una decisión. Solo con posterioridad a la reunión de dicho consejo, que decidió aplazar un pronunciamiento debido a que Boldt-Peralada tenía pendientes dos recursos judiciales, el ministerio recibió una copia de tal informe. Según asesores del Ministerio de Hacienda, que hicieron llegar una copia de este informe a El Mostrador, el reporte llegó a sus manos después de que el subsecretario Alejandro Micco exigiera todos los antecedentes en la reunión del Consejo Resolutivo realizada a fines de agosto.
Los intentos de El Mostrador por contactarse con personeros del ministerio no fueron respondidos.
En una entrevista vía correo electrónico, realizada tres días antes de la reunión del Consejo Resolutivo, el superintendente Hamel afirmó a este diario que “cabe señalar que, además de entregar los informes de evaluación, también pusimos a disposición del Consejo información respecto del desarrollo y evolución del proceso propiamente tal, de manera de que este tenga todos los antecedentes a la vista al momento de decidir”.
Pero ello no era del todo cierto, pues ese informe jurídico de la propia SCJ no formaba parte de los antecedentes que llegaron al consejo.
El errático desempeño de Hamel en este polémico proceso de licitación, que todavía se está dirimiendo en instancias judiciales en Concepción y Santiago, ha generado suspicacias. En efecto, el 31 de diciembre de 2014 el superintendente emitió una circular en la que informaba a ambos postulantes que “deberán en todo momento dar cumplimiento a lo dispuesto (…) para lo cual, antes del vencimiento de la boleta de garantía presentada al formalizar la solicitud, deberán acompañar a este organismo de control un certificado de prórroga de la misma, o bien, una nueva boleta de garantía”.
Marina tenía su boleta vencida, pero Boldt la había renovado a tiempo. No obstante los reclamos de la empresa argentino-española, el 4 de agosto de este año la superintendencia rechazó la petición de Boldt de excluir a Marina, y unos días después la SCJ evacuó sus informes al Consejo Resolutivo, pese a que varios temas aún estaban pendientes en las Cortes de Apelaciones de Santiago y Concepción.
Es más, un informe en derecho que habría sido encargado por el propio superintendente poco después de la ignorada minuta que aconsejaba excluir a Marina, tampoco habría llegado a tiempo al Consejo Resolutivo. Recién el 23 de septiembre, un mes después de que el Consejo Resolutivo aplazara su pronunciamiento a la espera de mayores antecedentes, ingresó de manera oficial a la SCJ el reporte del estudio de abogados Barros Letelier & González, el que, en esencia, afirma que el vencimiento de la boleta de garantía de Marina es una falta que no amerita su suspensión en el proceso. El referido reporte, que según funcionarios de Hacienda fue una petición expresa de la SCJ para hacerle “un traje a la medida” a Marina, fue firmado por el abogado José Miguel Valdivia de ese estudio.
Para el subsecretario Alejandro Micco la concesión del casino de Chillán ha sido un fuerte dolor de cabeza. Según gente cercana a él, el personero estaría consciente de que esta industria tiene más trazos grises que blancos, por lo que se ha abstenido, hasta ahora, de dar su visto bueno a un proceso que ha estado plagado de rumores de irregularidades, favores políticos e incluso coimas.
La desconfianza de Micco habría llegado a tal punto, que le encargó a su propio fiscal en el ministerio reunir todos los antecedentes legales de este caso, prescindiendo de los funcionarios de la SCJ. Es más, algunos asesores confidencian que el subsecretario estaría arrepentido de haber confirmado a Hamel –designado por el Gobierno de Sebastián Piñera– en su puesto a fines de mayo.
UNA BATALLA JUDICIAL INTERMINABLE
El viernes 6 de noviembre fue una mala jornada para Boldt-Peralada. Ese día la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección que esa empresa había interpuesto por el vencimiento de la boleta de garantía de su contrincante Marina del Sol. Sin embargo, según fuentes cercanas a la empresa hispano-argentina, esta apelará el fallo ante la Corte Suprema, fiel a su estilo de judicializar al máximo sus causas.
Pero unas dos semanas antes, fue el turno de Marina de recibir malas noticias. El martes 27 de octubre, la Corte de Apelaciones de Concepción anuló la votación del Core regional, que a mediados de año le había otorgado todo el puntaje a Marina en desmedro de Boldt, pese a que solo debía pronunciarse respecto a la comuna de emplazamiento del nuevo casino de Chillán. Y eso fue una movida extraña. Considerando que ambas propuestas están en la misma comuna.
En su fallo, la Corte penquista argumentó que “al no haber fundado debidamente la decisión de la autoridad administrativa en los términos ya mencionados, se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio de la sociedad recurrente respecto de los demás participantes en el procedimiento destinado al otorgamiento de un permiso de operación de un casino de juegos en la ciudad de Chillán”.
La transparencia de varios miembros del Core de la Octava Región ha sido puesta en duda, ya que algunos de ellos buscan ser elegidos alcaldes en distintas comunas de esa zona. Y Marina del Sol, y en su empresa matriz Valmar, son considerados como importantes financistas de la política regional.
Se espera que en los próximos días el Core del Bío Bío se vuelva a pronunciar, por tercera vez, respecto a este tema.
GOLPES BAJOS
El nuevo casino de Chillán supone una inversión y un negocio millonario. Pero una serie de artículos publicados por El Mostradorcontribuyeron a paralizar la adjudicación de esta plaza.
A comienzos de septiembre, el grupo Marina del Sol, que es asesorado por Imaginacción, la firma consultora del ex ministro Enrique Correa, publicó un inserto pagado en el diario La Segunda, donde acusaba a este medio de ser parte de una campaña orquestada en su contra.
Marina del Sol denunció haber sido víctima, un día antes de la decisión del Consejo Resolutivo, de un “reportaje por encargo, que alude a fuentes del Ministerio de Hacienda, con el cual se quería influenciar la decisión de la autoridad, incluyendo contactos personales con autoridades político administrativas para obtener sus fines, de poner a nuestra empresa como supuesta poseedora de una red de contactos políticos que usaríamos para adjudicarnos la licencia”.
La empresa aseguró en ese espacio publicitario pagado que “no tenemos medios para influir en el Ministerio de Hacienda, ni en los profesionales de la Superintendencia”.
La batalla por el nuevo casino de Chillán se ha vuelto tan complicada, que funcionarios del Ministerio de Hacienda afirman que sería mejor declarar desierta la licitación y esperar a que el próximo año comience a regir la nueva Ley de Casinos.
Además, Chilán será la capital de la nueva Región del Ñuble, que anunció la Presidenta Michelle Bachelet hace unas semanas. Como afirma un asesor del Ministerio de Hacienda: “Lo mejor es esperar”.
