Recientemente, Cochilco informó que el año 2023 el país produjo 5,25 miles de toneladas de cobre, lo que significó una caída de 1,4% en relación al año 2022. Al desagregar dicha producción, se observa una caída de 8,4% de Codelco, mientras que la minería privada aumentó un 1,2%.
Aunque un dato aislado no debería ser necesariamente problemático, en este caso se suma a los desafíos persistentes que el sector enfrenta desde hace años, resultando en el quinto registro consecutivo de caída en la producción. Estos desafíos incluyen problemas operativos, escasez de agua y menores leyes del mineral, entre otros.
Al revisar la historia, observamos que desde el año 2004 la producción ha fluctuado entre 5,2 y 5,9 millones de toneladas, con una inversión que casi triplica la del período 1990-2003, cuando la producción aumentó de 1,6 a 4,9 millones de toneladas. Según Cochilco, la inversión promedio anual en cobre, tanto pública como privada (en dólares del año 2023), fue de US$ 3.442 millones entre 1990 y 2003, y de US$ 9.911 millones entre 2004 y 2022. Debido al envejecimiento de las minas, se ha observado una disminución en las leyes, lo que requiere el tratamiento de más mineral para obtener la misma cantidad de cobre fino.
Esta situación solo puede empeorar con el tiempo, por lo que es crucial que se desarrollen nuevos proyectos que reemplacen a los actuales. Sin embargo, no es lo que se observa.
Según Cochilco, el portafolio de inversión para el período 2023-2033 alcanza los US$ 65,7 mil millones, menos del 60% del catastro proyectado en el año 2013, que ascendía a US$ 112 mil millones. Consecuentemente, la proyección de producción para el año 2034 es de 6,43 millones de toneladas, lo que se compara con las 8 millones de toneladas proyectadas el año 2013 para fines de la década de 2020.
Entre las razones de la disminución en el catastro de inversión se encuentra la falta de certeza jurídica y la permisología. Así, es crucial solucionar estos problemas y dar un estímulo a la inversión para evitar más caídas en la producción. De no ser así, se observarán efectos negativos en los ingresos fiscales, el empleo y los encadenamientos productivos.
Los inversionistas en minería buscan la opción más rentable y, en Chile, todos los nuevos proyectos presentan leyes del mineral menores. De hecho, la ley promedio chilena en 2022 fue del 0,59%, mientras que en África no es raro encontrar leyes superiores al 5%. Esto ha llevado a que la República del Congo desplace a Perú como segundo productor mundial. Por lo tanto, cualquier problema que incida en demoras en la materialización de proyectos en Chile favorecerá la inversión en países más competitivos.
La minería no es solo una cuestión de producción de cobre u otros minerales, es un ecosistema que beneficia al país en su conjunto debido a los ingresos y el bienestar que genera. Además, la minería impulsa otros sectores económicos como la industria, el comercio y los servicios empresariales a través de encadenamientos productivos.
Según estimaciones del Banco Central de Chile, un aumento del 3,3% en el PIB minero se traduciría en un incremento del 0,59 pp en el producto total, considerando impactos directos (0,46pp) e indirectos (0,12pp). Ello puede ser aún mayor al considerar gastos de inversión asociados al sector de la construcción. Además, los avances tecnológicos en la industria minera contribuyen al desarrollo nacional, al fomentar la capacitación de los trabajadores y la incorporación de tecnologías avanzadas, entre otros. También es relevante su importancia geopolítica, dando vida a tantas ciudades del norte del país, ya que se desarrolla en zonas desérticas y lejos de los grandes centros urbanos. Y sumado a todo ello, Chile enfrenta una oportunidad única al ser proveedor de los minerales necesarios para la transición energética que el mundo requiere.
La geología de Chile, a pesar de las menores leyes, sigue ofreciendo perspectivas positivas, aunque se proyectan mejores posibilidades para los proyectos de mediana minería. Por tanto, es fundamental mejorar el atractivo del país a través de su institucionalidad, proporcionando mayor certeza jurídica y solucionando la permisología, entre otros.
Aunque se han anunciado dos proyectos de ley para acelerar la inversión, es importante tener en cuenta que, sin un apoyo transversal, ellos podrían estar años en el Congreso. Esto significa que podríamos continuar sin soluciones durante mucho tiempo, además del tiempo necesario para implementar estas leyes, en caso de ser aprobadas.
En resumen, la producción de cobre está disminuyendo sistemáticamente. Si bien existen distintos problemas que inciden en ello, incluidos los que enfrenta Codelco, la verdadera preocupación debería ser el estancamiento de la producción. La disminución de las leyes del mineral, con el consiguiente aumento de costos, se debe al envejecimiento de las minas, lo que debería ser reversado con mayor inversión. Por eso, desde hace tiempo, la industria solicita a las autoridades que la apoyen estimulando la inversión y abordando cuestiones como la permisología. Como se decía hace algunos años: la minería no le falla a Chile, que no le falle Chile a la minería. (Ex Ante)
María Cristina Betancourt